Proceso elegir nuevo aeropuerto con críticas hasta aliados López Obrador

29 de ago. (Sentido Común) -- Para quienes esperaban que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, delineara de forma más clara hace unos días su plan para resolver el problema de la saturación de la terminal aérea de Ciudad de México, la conferencia de prensa que dio sobre ese asunto resultó decepcionante.

     El análisis que presentó su equipo de trabajo sobre las dos propuestas que el presidente electo considera que pueden incrementar el número de operaciones aéreas en la capital del país para detonar una mayor llegada de turistas, hombres y mujeres de negocios y carga al país, dejó más dudas que respuestas.

     Si bien el dictamen de las dos opciones mencionó las ventajas y desventajas de cada una, no ofreció, incluso para algunos de los simpatizantes del futuro presidente del país, suficiente información para poder valorarlas bien, más cuando López Obrador reiteró en esa conferencia su plan de dejar la decisión de cómo resolver la saturación aérea de la ciudad más importante del país en manos de una “consulta popular”.

     “Yo supongo que la mayor parte del público piensa [como yo]. . . Yo no puedo dar mi sí o no, o pronunciarme por una cosa y no la otra, sin tener el conocimiento técnico”, dijo Lorenzo Meyer, un historiador y analista político que simpatiza con las causas que encabeza López Obrador, en una mesa de análisis con la periodista Carmen Aristegui en su programa AristeguiNoticias, que se transmite vía streaming en internet.

     Para algunos, una lectura cuidadosa del dictamen parecería incluso indicar que lo que verdaderamente preguntará en la consulta el presidente electo para resolver la saturación aérea de la capital es, más que nada, un sí o no a la terminal aérea que actualmente edifica la administración del presidente Enrique Peña Nieto en terrenos federales que se ubican en lo que fue el lago de Texcoco --seco desde hace cerca de 100 años.

     Esto es así porque no es claro que sea viable la otra opción que propuso López Obrador en su campaña electoral y que consiste en mantener el aeropuerto actual operando y transformar, con dos pistas para la aviación comercial, la terminal militar aérea de Santa Lucía al noroeste de la capital del país.

      En el dictamen, el equipo de trabajo de López Obrador dijo que esa opción requiere aún de más estudios, luego que un prestigiado organismo internacional, The MITRE Corporation, rechazó la viabilidad aeronáutica de esa propuesta.

     “La organización MITRE, que hizo el estudio del espacio aéreo del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, ha manifestado que las operaciones simultáneas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, no serían compatibles”, dice el mismo dictamen que ordenó el equipo de López Obrador para evaluar las dos opciones.

     Frente a este rechazo, los expertos del presidente electo dijeron que tendrían entonces que realizar más estudios, con un costo de entre 150 y 300 millones de pesos (7.9 y 15.8 millones de dólares), para asegurar que esta alternativa pudiera materializarse.

     La duda de la viabilidad de la operación conjunta de los dos aeropuertos hace pensar a muchos que la consulta que planean realizar los miembros del futuro gobierno será así para determinar si los consultados están a favor o en contra del nuevo aeropuerto en Texcoco, ya que la otra opción está en dudas.

     MITRE incluso, en cierto momento, aceptó la posibilidad de que coexistieran una nueva terminal aérea en Santa Lucía y el actual aeropuerto de la capital, pero sólo si se limitan el número de operaciones en el espacio aéreo de la capital del país, algo que de cierta forma es contrario a la intención de contar con una nueva terminal aérea que permita incrementar el tráfico aéreo desde y hacia la capital del país.

     Así, si el gobierno de López Obrador se inclina por las dos terminales, con los respaldos de los estudios extra en aeronáutica que planean hacer, es muy probable que no pueda superar el problema actual de incrementar los aterrizajes y despejes en el Valle de México.

     De ahí que para algunos analistas resulte un error realizar una consulta sobre dos proyectos cuando uno de ellos no es totalmente seguro que resuelva la saturación aérea de la Ciudad de México.

“Lo de la consulta no creo que venga al caso en estos momentos y en estas condiciones”, dijo Sergio Aguayo, un activista social y analista político, quien también simpatiza con López Obrador, en la mesa de análisis político con Aristegui. “Jiménez Espriú [el futuro secretario de Comunicacion y Transportes] dice que si las razones técnicas lo imponen pues la consulta no se va a tomar en cuenta. Es decir, ya se hicieron bolas”.

López Obrador planea realizar la consulta ciudadana el último domingo de octubre, aunque aún no ha ofrecido detalles sobre la forma en la que la llevará a cabo o cuál será la institución encargada de ejecutarla para obtener resultados transparentes.

Tampoco es claro si esa consulta será nacional, regional o local, pero el presidente electo adelantó que todo aquel que quiera participar podrá hacerlo.

     Hasta ahora, la idea de frenar la construcción de la nueva terminal aérea en el oriente del Valle de México para proceder a explorar la opción de modificar la base militar de Santa Lucía como un segundo aeropuerto de la capital del país no parece tener el apoyo suficiente de los ciudadanos.

     De acuerdo con una encuesta publicada por el diario El Financiero, 56% de las personas consultadas se pronunció a favor del proyecto aeronáutico nuevo en Texcoco, mientras que 28% prefirió cancelarlo para proceder a construir la nueva terminal en Santa Lucía, que operaría simultáneamente con el actual Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la capital. Otro 16% no se pronunció al respecto.

     El periódico realizó el sondeo con la opinión de 420 ciudadanos mexicanos, entre el 23 y el 25 de agosto, ubicados en las 32 entidades federativas del país y contactados vía telefónica.

     Frente a estos resultados y ante la mala imagen que daría al país y al gobierno entrante de López Obrador el cancelar una obra tan importante como el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) --lo que además tendría importantes costos para las finanzas públicas no sólo por las pérdidas que representarían los avances en la obra actual, sino también por los costos de edificar una nueva terminal, más las deudas ya contraídas que se deberán pagar--, muchos creen que al final del día la consulta saldrá a favor de mantener el proyecto actual.

     “No hay manera de que se dé respaldo al proyecto de Santa Lucía, ni que una consulta lo respalde”, escribió Enrique Quintana, director editorial de El Financiero, en una columna de opinión días antes de que ese diario realizara la consulta. “La consulta va a inclinarse por seguir con el lugar actual. El pueblo es sabio. . . sobre todo si se hacen las preguntas correctas”.

     Si Quintana tiene razón, el gobierno de López Obrador podrá probar ante la comunidad financiera internacional que México es un país capaz de realizar proyectos transexenales que en ocasiones requiere una economía del tamaño de la mexicana, además de que evitaría una probable degradación de la calificación crediticia, como han advertido que podría ocurrir si el nuevo gobierno mexicano opta por cancelar la obra actual.

     Esa degradación elevaría el costo de pedir prestado para el próximo gobierno, algo que limitaría sus posibilidades presupuestarias para fondear los programas sociales que ha propuesto, como el de duplicar las pensiones de los adultos mayores o el de ofrecer becas o empleos a 2.6 millones de jóvenes.

     Frente a estas desventajas, que superan las que encontraron en la nueva terminal que se está edificando, en términos medioambientales y de mantenimiento de la misma, muchos creen que al final la consulta favorecerá a mantener el proyecto actual. Más cuando el mismo López Obrador no ha descartado dar esa obra en concesión a inversionistas privados, lo que eliminaría los riesgos de mayores costos de mantenimiento para el gobierno y de destinar recursos públicos a esa obra.