CNH apoya decisión López Obrador revisar contratos; sector ante encrucijada

2 de jul. (Sentido Común) -- La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la entidad encargada de vigilar el desempeño de la industria petrolera --privada y estatal-- y de conducir las licitaciones de los yacimientos petroleros del país, respaldó la decisión del virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, de revisar todos los contratos que hasta ahora ha asignado a fin de asegurar que en ellos no haya elementos de corrupción o soborno.

En una muestra de confianza de que ha llevado sus actividades en estricto apego a la ley, CNH dijo en un comunicado que recibía con “beneplácito la decisión” de quien ganó la elección presidencial del domingo.

Para la entidad, el proceso de revisión le permitirá corroborar ante el nuevo mandatario, su equipo de trabajo de transición y la opinión pública los criterios de transparencia y rendición de cuentas que adoptó desde un inicio para realizar sus tareas.

CNH nació a raíz de la decisión que tomó el presidente Enrique Peña Nieto al inicio de su administración y que respaldó poco después el Congreso de la Unión, de abrir el sector energético nacional a los capitales privados, nacionales y extranjeros, en 2013 y 2014.

Desde entonces, la entidad ha llevado a cabo tres rondas de licitaciones de contratos petroleros y firmado cientos de ellos con empresas y consorcios, nacionales y extranjeros.

De ahí que diera la bienvenida a que el próximo presidente revisará su actuación, además de que dijo ver con muy buenos ojos la promesa del candidato ganador de la elección presidencial de llevar a cabo esa revisión con base en el marco legal actual.

“La CNH también celebra que el virtual presidente electo haya dicho que habrá estricta observancia de la ley en el proceso de revisión de los contratos adjudicados”, dijo la Comisión en su comunicado.

Anoche, en su discurso de toma de posesión, López Obrador, de 64 años de edad, confirmó lo que había dicho a lo largo de su campaña: que de ganar se abocaría, antes de tomar posesión el 1 de diciembre, a revisar, junto con su equipo de transición, los contratos petroleros otorgados a los capitales privados para mantener vigente aquellos que no muestren problemas, mientras que, de encontrar alguna anomalía, someter esos contratos a los procedimientos legales correspondientes.

“Los contratos del sector energético suscritos con particulares serán revisados para prevenir actos de corrupción, si encontramos anomalías que afecten el interés nacional, se acudirá al Congreso y a tribunales nacionales e internacionales, no actuaremos de manera arbitraria. No habrá confiscación o expropiación de bienes”, dijo el virtual presidente electo en su primer discurso tras ganar la elección presidencial.

Ante esta postura, CNH dijo estar en la mejor disposición para llevar a cabo esa revisión.

“Es nuestra prioridad rendir cuentas a todos los mexicanos, por lo que reiteramos la disposición total al proceso anunciado, con la confianza en el trabajo realizado por la CNH en beneficio de México y en apego estricto al marco legal que nos rige”, agregó la dependencia.

Claro que este proceso de revisión, a pesar de la confianza de CNH de que todo saldrá bien, no deja de generar inquietud a los participantes del mercado, no sólo por lo que podría surgir del proceso mismo, sino por la actitud que podría tomar López Obrador como presidente frente a la reforma legal que dio fin al monopolio estatal sobre múltiples actividades petroleras, desde la extracción de crudo hasta el transporte, distribución y venta de combustibles.

De hecho, para muchos el sector está ante una encrucijada por las posturas anti-libre mercado que han marcado, desde un inicio, la vida política de López Obrador.

Él ha dicho, de tiempo atrás, que se opone al modelo económico de libre mercado, que incluso define como neoliberal, y que han adoptado los gobiernos anteriores a lo largo de las últimas tres décadas.

De ahí que exista cierto temor de que su llegada al poder frene, o dé marcha atrás a los cambios en materia energética.

“La victoria de López Obrador aumenta el riesgo en la industria de petróleo y gas de México”, escribió Moody’s Investors Service, una de las principales agencias crediticias internacionales, en un reporte en el que dio sus primeras impresiones sobre el riesgo crediticio nacional de la llegada de López Obrador al poder.

Para Moody’s algunas de las propuestas que hizo el candidato ganador de la elección del domingo a lo largo de su campaña, como congelar los precios de los combustibles, además de revisar los contratos, podrían alterar el proceso de desarrollo y crecimiento de la industria petrolera nacional, en perjuicio no sólo del país sino incluso de la empresa petrolera estatal, Petróleos Mexicanos, que enfrenta una abultada deuda y que está buscando asociaciones con capitales privados para poder modernizar sus operaciones y explotar yacimientos en aguas profundas.

“Todas estas medidas [para revisar la reforma energética] perjudicarían a Pemex y a la industria local de petróleo y gas, tanto en el corto como en el largo plazo”, agregó Moody’s.

Por ello, muchos expertos consideran que el futuro de la industria petrolera mexicana se encuentra ante un parteaguas, que por un lado podría revertir o frenar los avances actuales, o, por otro, tras una pausa inicial, continuar en la misma dirección, aunque quizás no con la misma intensidad.

“El nuevo presidente podría afectar la agenda de las reformas estructurales, ya sea mediante el nombramiento de altos ejecutivos de Pemex, la revisión de contratos entregados a empresa de energía independientes (aunque esto sería un reto legal) o alterando el ritmo de las rondas de subastas de yacimientos para exploración y desarrollo”, escribió Fitch Ratings, otra agencia crediticia internacional de renombre, en un reporte.

Claro que al mismo tiempo, algunos analistas creen que la necesidad de López Obrador de cumplir con algunas de sus promesas de campaña, principalmente en cuanto a programas sociales, como el aumento a las pensiones de los adultos mayores, o las becas a jóvenes para continuar con sus estudios, harán que el futuro presidente de México recapacite y mantenga en buena medida la reforma energética.

De no hacerlo, corre el riesgo de carecer de recursos para materializar su oferta de campaña, a menos que opte por incrementar el déficit gubernamental vía deuda, algo que ha reiterado que no planea hacer.

“Mientras persisten aún muchas incógnitas, una cosa es clara: López Obrador necesita un sector energético que genere ingresos durante sus seis años de gobierno” para financiar su programa social, escribió Ixchel Castro, gerente de mercados petroleros y refinados para las Américas con la empresa de investigación Wood Mackenzie, en un reporte. “Su administración podría aprovechar los beneficios de la reforma --mayor producción, inversión privada y creación de empleos-- pero esto requerirá un fuerte respaldo de la administración entrante y de la coalición gubernamental”.

De ahí que Castro sea optimista de que López Obrador mantenga la reforma, aun cuando pueda sufrir cierta desaceleración al inicio de su gobierno.

“Aunque la implementación de la reforma energética muy probablemente se frene, especialmente al inicio del sexenio de López Obrador, esperamos que en términos generales se mantenga en su actual trayectoria”, escribió Castro. “Los esfuerzos para fortalecer a Pemex beneficiarán incluso a los consumidores si el próximo gobierno continua en promover mercados competitivos bajo las mejores prácticas internacionales”.

La desaceleración en el proceso de implementación de los cambios energéticos incluso podría ser menor a la que esperan algunos especialistas.

Hace una semana, Alfonso Romo, quien será el coordinador de la Oficina de la Presidencia de López Obrador, dijo a un grupo de periodistas que él estima que la revisión de los contratos podría concluir en octubre, o de seguro antes de que el virtual presidente electo inicie su mandato el 1 de diciembre.