México advierte empresas financieras de riesgos por operar con Venezuela

23 de may. (Sentido Común) -- El gobierno de México lanzó una advertencia a todas las entidades financieras del país sobre los posibles riesgos legales que corren por realizar operaciones con entidades venezolanas que sean parte u operen al amparo de la Asamblea Constituyente del país sudamericano.

     La alerta la emitió la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), junto con diversas dependencias encargadas de supervisar a esas empresas financieras como son la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), y se dio como consecuencia de la postura similar que adaptaron 14 países de América Latina que conforman el llamado Grupo de Lima.

     Esa asociación, que la conforman los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, emitieron hace dos días una declaración en la que indicaron que todo acto jurídico que realice el gobierno de Venezuela carece de valor legal si no lo ratifica la Asamblea Nacional, aun cuando cuente con el respaldo de la Asamblea Constituyente.

     El Grupo de Lima desconoce a la Asamblea Constituyente venezolana ya que desde su perspectiva usurpó las funciones a la Asamblea Nacional con la finalidad de extender el régimen del presidente Nicolás Maduro.

     La postura del grupo, que está contenida en la Declaración de Lima que redactaron y publicaron el año pasado, la emitieron los países miembros en rechazo al proceso electoral que realizó el gobierno de Maduro para su reelección el domingo pasado, mismo que también desconocieron por no ofrecer garantías de una verdadera competencia democrática.

     El Grupo de Lima no es la única asociación que desconoció el proceso electoral venezolano o que ha desconocido a la Asamblea Constituyente de Venezuela. Diversos gobierno europeos han indicado también desde inicios de esta semana que las elecciones venezolanas no cumplieron con los requisitos democráticos básicos, por lo que sus resultados son inválidos. 

     Esos países europeos han también desconocido desde agosto del año pasado todos los actos supuestamente legales que ha realizado la Asamblea Constituyente.

     México advierte “a las entidades que operan al amparo de la legislación financiera mexicana, sobre los riesgos de celebrar operaciones con personas o sujetos, creados u originados por la Asamblea Constituyente de Venezuela”, dijo Hacienda y las otras entidades en un comunicado conjunto.

     Los tipos de operaciones que podrían no contar con respaldo legal por parte de las autoridades mexicanas, en caso de que los realicen entidades financieras del país con aquellas que no hayan sido reconocidas por la Asamblea Nacional de Venezuela, son: convenios, pagos y créditos recíprocos por operaciones de comercio exterior, incluso con bienes militares y de seguridad.

     Esas operaciones incluyen aquellas que podrían llevar a cabo instituciones financieras con la oficina de la presidencia venezolana, así como con gobiernos locales, con gobiernos estatales y con entidades extranjeras del gobierno de Venezuela o con sociedades de ese país no domiciliadas en Venezuela.

     El gobierno mexicano dijo que además está evaluando tomar medidas adicionales a fin de proteger a las compañías financieras mexicanas y evitar que lleven a cabo actos considerados ahora como riesgosos.

     “Las autoridades se encuentran evaluando las medidas que habrán de adoptar respecto de aquellas entidades que tengan o celebren operaciones con las características señaladas”, agregó Hacienda en el comunicado conjunto. Esas operaciones “ponen en peligro la consecución de las operaciones celebradas en contravención a las anteriores determinaciones, en perjuicio del público en general”.

     Las tensiones diplomáticas entre México y Venezuela aumentaron en los últimos días luego que el gobierno de Maduro desdeñó los reclamos del país, y otras naciones latinoamericanas, acerca de la falta de garantías en las elecciones que derivaron en la reelección de Maduro el domingo pasado y que lo mantendrá en el poder hasta 2025.

     Sin embargo, las controversias entre México y Venezuela vienen desde agosto del año pasado cuando el canciller mexicano Luis Videgaray se reunió en Lima, Perú, con la mayoría de sus homólogos sudamericanos, y emitieron la Declaración de Lima, en la que determinaron que solo reconocerán los actos del gobierno venezolano que sean avalados por la Asamblea Nacional, el organismo legislativo de ese país electo democráticamente.

     Esa declaración estuvo en línea con acciones similares que el año pasado emprendieron la Comisión de Venecia del Consejo de Europa y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego que Maduro optó por intentar eliminar a la Asamblea Nacional de su país, misma que desde 2015 cuenta con una mayoría de oposición a su régimen.

      Por otra parte, el anuncio de las autoridades financieras está en línea con las sanciones económicas que el gobierno estadounidense le ha impuesto a Venezuela en los últimos meses y que se intensificaron tras la victoria de Maduro, pese a que el mandatario condenó esas medidas.

     “La República Bolivariana de Venezuela repudia y condena enérgicamente la promulgación de una nueva orden ejecutiva del presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, el 21 de mayo de 2018, con la que pretende extender nuevas medidas coercitivas unilaterales y arbitrarias, que recrudecen el criminal bloqueo financiero y económico contra Venezuela”, dijo el gobierno de Maduro, en un comunicado.

     Hasta el momento, el régimen de Maduro no ha emitido postura en torno al desconocimiento de los resultados electorales por parte del Grupo de Lima.