Muro de Trump enfrenta retos en los estados del suroeste de EUA

Santa Fe, Nuevo México, 8 de mar. (Dow Jones) -- Hay escasos signos de civilización a lo largo de los 35.2 kilómetros de éstas accidentadas tierras del estado de Nuevo México que bordean su frontera sur. Sin embargo, para los que se oponen a los planes del presidente Donald Trump de construir un muro entre Estados Unidos y México, esta remota extensión de desierto representa uno de los varios puntos de tensión del sudoeste debido a sus esfuerzos por tratar de impedírselo.

Los legisladores estatales demócratas de Nuevo México han presentado un proyecto de ley que le impediría al gobierno federal adquirir tierras para construir el muro fronterizo. La legislación, que aprobó recientemente un segundo comité, es uno de los diferentes recursos legales que están siendo sopesados por los opositores al muro en los estados fronterizos.

En 2006, al Departamento de Seguridad Nacional se le concedió la libertad legal para cercar algunas partes de la frontera, y el gobierno federal tiene amplios poderes para confiscar tierras con base en el estatuto legal de dominio eminente. Pero la legislación de Nuevo México señala una serie de desafíos para el proyecto.

En Nuevo México, cuya frontera con México se extiende en más de 240 kilómetros, la propuesta fue motivada por los temores demócratas de que el muro perjudique su creciente relación comercial con México. De acuerdo con datos del censo de Estados Unidos, Nuevo México exportó cerca de mil 500 millones de dólares en bienes a México el año pasado, más del triple del valor de sus exportaciones mexicanas en 2010.

“El muro es un truco político divisivo que no abordará el tema de la inmigración ilegal o el tráfico criminal de drogas”, dijo el representante estatal Javier Martínez, uno de los patrocinadores del proyecto de ley. “Pero sí afectará gravemente nuestra relación económica con México”.

La mayor parte de los tres mil 200 kilómetros de la frontera de Estados Unidos con México se encuentra a lo largo de Texas, donde es probable que la administración encuentre los obstáculos más difíciles para construir dicha barrera ---desde el Río Grande (Río Bravo) hasta las objeciones de algunos al interior del partido al que pertenece Trump. Pero también están surgiendo problemas potenciales en otros estados fronterizos.

En California, Gavin Newsom, el gobernador lugarteniente y demócrata del estado, ha planteado la posibilidad de desafíos legales y logísticos al muro, recurriendo posiblemente a las leyes estatales y federales referentes al medio ambiente para obstaculizar su construcción.

Aproximadamente 160 kilómetros de la frontera de California ya están cercados con algún tipo de valla. Pero 64 kilómetros no tienen ninguna barrera. Un portavoz de Newsom dijo que ha instruido a la Comisión Estatal de Tierras para que examine cómo afectaría el muro a las tierras propiedad de California.

En Arizona, la Nación Tohono O'odham, una milenaria tribu indígena que tiene 120 kilómetros de su reservación ubicados a lo largo de la frontera, se ha opuesto al muro.

La tribu dijo que éste afectaría negativamente sus tierras tradicionales, algunas de las cuales se extienden hasta México, y además sería logísticamente difícil construirlo en ciertas áreas debido a lo escarpado del terreno. La tribu señaló que ha trabajado estrechamente con la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos y otras agencias federales para ayudar a asegurar la frontera con barreras móviles y otras medidas.

“La Nación, y los organismos y departamentos federales, están asegurando el desierto del oeste. En realidad estamos haciendo algo bueno”, dijo el vicepresidente tribal Verlon José. “Tal vez podamos usar los miles de millones de dólares que se proponen para el muro para obtener más tecnología, más agentes y mejores vías de acceso”.

Funcionarios del gobierno de Trump no respondieron a una solicitud de comentarios sobre las preocupaciones de la tribu por el muro.

Sean Hecht, profesor de derecho ambiental de la Facultad de Derecho de University California, Los Angeles, dijo que aún no está claro si los estados o las tribus indígenas pueden hacer mucho para detener el muro. Una serie de leyes emitidas por el Congreso, incluyendo Secure Fence Act (Ley de Cerca Segura) de 2006, dio al gobierno federal amplias facultades para construir por lo menos mil 120 kilómetros de valla fronteriza dondequiera que le parezca conveniente. Cerca de mil 46 kilómetros de valla se han construido hasta ahora.

El Congreso también permitió que el Departamento de Seguridad Nacional pasar por alto los reglamentos locales, estatales y federales que lo hubieran sometido a evaluaciones ambientales potencialmente largas, mientras construía la valla fronteriza.

Los expertos legales dijeron que es incierto si los mismos principios se aplicarían a un muro completo que se extienda a lo largo de la frontera de Estados Unidos con México, como Trump ha ordenado.

“No sabemos cuál es el precedente de un muro de ese tipo”, dijo Hecht.

Michael Chertoff, quien fungió como secretario de Seguridad Nacional en el gobierno de George W. Bush, dijo que utilizó las exenciones de manera prudente al construir la valla existente y que trató de colaborar con las comunidades fronterizas locales.

"Tratamos de tomar en consideración las preocupaciones ambientales y las preocupaciones locales cuando presentamos el proyecto”, dijo.

Un informe de noviembre de Congressional Research Service (Servicio de Investigación del Congreso) señaló que no había nada en la ley federal vigente que pareciera impedir que el Departamento de Seguridad Nacional expandiera la construcción más allá de las vallas fronterizas existentes, siempre y cuando se hiciera “para impedir los cruces en áreas de altos ingresos ilegales”.

Ilya Somin, profesora de derecho de George Mason University, quien escribió de manera cáustica sobre el muro fronterizo propuesto, dijo que el proyecto de ley de Nuevo México, si es aprobado, podría bloquear el plan del gobierno de Trump pero no detenerlo.

Generalmente, el Congreso debe autorizar el uso del estatuto de dominio eminente, dijo Somin. El gobierno federal tiene que proporcionar el valor justo para la tierra que expropia, o condena. Las luchas legales por la compensación o por retos procesales podrían frenar la construcción del muro, dijo, pero ningún dueño de propiedad en los tiempos modernos ha solicitado con éxito a un tribunal que le impida al gobierno federal expropiar tierras para uso público.

Incluso los legisladores de Nuevo México que apoyan la propuesta reconocen que el proyecto de ley no podría sustituir el uso federal del estatuto de dominio eminente, sólo extender el proceso.

Algunos legisladores republicanos del estado fronterizo han indicado que están dispuestos a colaborar con el presidente en las cuestiones de uso de la tierra.

Traducido por  Luis Felipe Cedillo