Del Mexican Moment al Mexican Mess, Peña Nieto con retos, oportunidades

17 de nov. (Sentido Común) -- La velocidad con la que se ha descompuesto la administración del presidente Enrique Peña Nieto ha dejado perplejos a muchos.

     De ser quien logró destrabar el inmovilismo político que frenó al país por 15 años, logrando incluso lo impensable --la apertura del sector energético a los capitales privados y que dio origen, en buena medida, a la expresión Mexican Moment (El Momento Mexicano)--, el presidente de México está ahora inmerso en lo que el excanciller Jorge Castañeda describió con ironía para el diario británico Financial Times, el Mexican Mess (El Desastre Mexicano).

     La desaparición y aparente asesinato de 43 normalistas a manos de la policía de la ciudad de Iguala en el estado de Guerrero y de la organización criminal, Guerreros Unidos, quienes para el disgusto de la sociedad trabajaban aparentemente juntos, así como las suspicacias de una posible compra de influencias a los más altos niveles de la administración, han generado una verdadera indignación de una sociedad que parece por fin asqueada de la impunidad, del abuso del poder y de la corrupción que han caracterizado el sistema político mexicano por décadas.

     “¡Basta ya! No queremos más sangre. No queremos más muertes. No queremos más desaparecidos”, dijeron los obispos de México en una carta-mensaje fechada el 12 de noviembre y en la que reflejan el hartazgo de la sociedad por la violencia que ha afligido a la sociedad por ya más de ocho años seguidos.

     Ante ese desencanto social, que ha desembocado en múltiples marchas, en diversas ciudades en los últimos días, con incluso algunas de ellas desencadenando la misma violencia que critican, principalmente en Guerrero, donde grupos disidentes y opositores al régimen han quemado media docena de edificios públicos, la presidencia de Peña Nieto enfrenta claramente una problemática de fondo y su mayor desafía de su presidencia.

     Si bien sus reformas muy probablemente catapulten el crecimiento económico del país a niveles cercanos a 6% anual, esto no ocurrirá sino hasta el final de los seis años de su gobierno, que en dos semanas, el 1 de diciembre, cumplirá dos años en el poder.

     Además, los beneficios de los cambios legales podrían estar también en juego en el mediano plazo, si el descontento social actual crece y ahuyenta a los inversionistas --algo que hoy se ve lejano pero que no deja de preocupar a quienes han aplaudido las reformas que logró aprobar Peña Nieto en el Congreso en los pasados 24 meses.

     “La turbulencia actual es poco probable que tenga un impacto mayor en el panorama de implementación de las reformas, desde nuestra perspectiva. Después de todo, la aprobación de la mayoría de las iniciativas ha quedado atrás”, escribió el equipo de economistas para América Latina del banco de inversión estadounidense, Morgan Stanley, en un reporte la semana pasada. “Sin embargo, aun cuando nuestro optimismo sobre las reformas está justificado, México debería aprovechar la inconformidad actual para tomar acciones más atrevidas a fin de confrontar el reto de la seguridad”.

     La capacidad del mismo Peña Nieto para enfrentar el reto social se ha visto además minada por las revelaciones de que su esposa está comprando una mansión de una empresa que ganó un buen número de contratos de obra pública cuando el presidente fue gobernador del Estado de México.

     Esa empresa incluso era parte del consorcio, encabezado por la empresa, China Railway Construction, que ganó el contrato para construir y operar el tren bala México-Querétaro.

     Dos días antes de que el portal aristeguinoticias.com revelara su investigación sobre la casa que la primera dama, Angélica Rivera, estaba comprando de una filial de Grupo Higa con un supuesto valor de 8 millones de dólares, Peña Nieto revocó el fallo de la licitación sobre el primer tren de alta velocidad en América Latina ante las críticas que habían surgido en partidos políticos opositores sobre la forma como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes había manejado el concurso internacional y dictaminado al ganador.

     Al final sólo hubo un postor en firme por el contrato cuando semanas antes 16 empresas habían dicho tener interés en participar en la subasta. Al final, esas empresas --ni de forma separada ni a través de consorcios-- optaron por no participar luego que la dependencia decidió no prorrogar las fechas de la licitación como lo habían solicitado muchas de ellas.

     De ahí que muchos, defensores y críticos de las reformas que ha adoptado Peña Nieto en materia económica, estén a su vez solicitando que el presidente lleve a cabo otras reformas adicionales para limpiar las conductas públicas y asegurar que en México la ley se aplica y respeta --algo nada fácil de lograr por el modus operandi de prácticamente todas las instituciones del país, desde las empresariales, hasta las religiosas y académicas, sin dejar de mencionar, obviamente, a las políticas.

     “Las reformas que el presidente ha entregado sólo afectan una parte del país, a la comunidad empresarial”, dijo Sergio Aguayo, un crítico de la administración de Peña Nieto y miembro del Colegio de México, un centro académico, al diario The Wall Street Journal. “Pero no afectan aspectos como los derechos humanos, la corrupción y la seguridad”.

     Frente a estas y otras críticas similares, junto con la situación conflictiva por la que atraviesa el país, es claro para algunos que la presidencia de Peña Nieto está ante una crisis, aunque también ante una gran oportunidad para marcar una diferencia.

     Si la aprovecha, señalan algunos, el presidente de México podría, entonces sí, convertirse en el gran reformador del país por haber no sólo transformado la economía sino también sentado las bases para hacer de México un país más justo y más equitativo.

     “El legado de Peña Nieto se construirá dependiendo de lo que haga en las próximas cuatro o seis semanas”, dijo Luis de la Calle, un prestigiado economista y ex subsecretario de Economía, quien recientemente fue designado por Peña Nieto, y ratificado por el Senado, como consejero independiente de la empresa de electricidad estatal, Comisión Federal de Electricidad, al Financial Times. “Tiene un mes para reaccionar y hacer esto parte del pasado, para aprovechar las circunstancias y sobre ellas construir un país moderno”.

     Algunas de las propuestas que comienzan a aparecer en columnas y conversaciones entre analísticas políticos, económicos, sociales y financieros son, entre otras, la de, ante todo, deshacerse de la mansión que está adquiriendo su mujer, vendiéndola y donando parte de los recursos a causas sociales, principalmente a causas vinculadas con familiares de víctimas que han sufrido una desaparición forzosa y asesinato, como aparentemente ocurrió con los 43 estudiantes desaparecidos y --todo parece indicar-- asesinados de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos en el poblado de Ayotzinapa, Guerrero.

     Muchos creen que la ambición de Peña Nieto de pasar a la historia como un verdadero presidente reformador, lo harán recapacitar para concluir que por un legado histórico favorable, bien vale la pena deshacerse de esa casa --parafraseando el célebre dicho de Enrique IV quien para conquistar París se convirtió al catolicismo y dijo: París bien vale una misa.

     Otras propuestas que podría implementar el presidente de inmediato para demostrar su convicción para combatir la corrupción entre funcionarios gubernamentales, es emitir una iniciativa o decreto presidencial que obligue a todos quienes ocupen altos cargos públicos a hacer públicas sus declaraciones de impuestos, y las de sus personas más allegadas, cada año, a fin de que la sociedad pueda comprobar fehacientemente los ingresos de esos funcionarios y con ello constatar si hay una justificación financiera a posibles actividades que lleven a cabo posteriormente, como podría ser la adquisición de propiedades.

     Con ello, podría además eliminarse la entrega o donación de regalos o propiedades para comprar influencias de las autoridades, algo que al parecer ocurre con frecuencia en el país, no sólo con funcionarios públicos, sino también con legisladores y jueces.

     Otra sugerencia es acelerar la implementación de los juicios orales, algo que ya está inscrito en la legislación mexicana pero que algunas entidades, o jueces, se han rehusado hasta ahora a aplicar a cabalidad.

     Muchas autoridades temen a esa nueva modalidad de juicios ya que la impartición de justicia se tornaría mucho más transparente y mucho menos propicia al arreglo extra-judicial.

     Hoy, la mayoría de los jueces en el país emiten sus fallos con base en expedientes escritos que son prácticamente imposibles de consultar por su tamaño y a los que sólo tiene acceso el magistrado y los abogados litigantes de los casos.

     Los juicios orales pondrían fin a todo eso al transparentar las deliberaciones que tendría que escuchar el juez tanto de la parte acusada, como de la parte acusatoria. Los fallos de los jueces estarían bajo un mayor escrutinio público dado que el juicio oral estaría además abierto al público, lo que permitiría de forma al menos parcial detectar y eliminar conductas indebidas al interior de las cortes mexicanas.

     Por último, algunas voces piden que Peña Nieto cambie a varios miembros de su gabinete para que la estrategia que opte por implementar la lleven a cabo personas que no hayan estado inmiscuidas en escándalos.

     El presidente debe “cambiar a parte de un gabinete provinciano y sin experiencia de gobierno federal”, escribió Castañeda en una columna publicada en el diario Milenio.

     Claro que ante todo esto, surge la pregunta de si Peña Nieto podrá llevar a cabo esos cambios que implicarían una reforma a fondo del sistema político mexicano, del sistema de impartición de justicia de la nación y del sistema que brinda seguridad a los ciudadanos.

     Muchos sencillamente piensan que no.

     Para ellos, Peña Nieto, por su formación y carrera política, carece de las convicciones y de la autoridad moral para encaminar las acciones que permitirían reducir las prácticas corruptas, la injusticia y el abuso del poder que existen a todos los niveles y en prácticamente todas las instancias del país.

     El pasado histórico y el bagaje político de Peña Nieto son quizás, dicen, sus peores enemigos. Hasta ahora los grupos con los que ha trabajado el presidente, principalmente en el Estado de México, no se han distinguido por fomentar la transparencia y combatir la corrupción.

     Esto reduce para ellos la esperanza de que el presidente opte por hacer los cambios que podrían comenzar a construir un México verdaderamente moderno, en todos los aspectos, no sólo en el económico.

     Muchos incluso en México creen que toda la clase política, no sólo Peña Nieto, carece de la convicción y autoridad moral para buscar el cambio.

     La democracia mexicana ha ya permitido la alternancia en el poder luego de que el partido de Peña Nieto, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), gobernara el país por casi 70 años de manera ininterrumpida. 

     Sin embargo, los gobiernos de oposición a nivel federal, estatal y municipal no se han distinguido tampoco por su combate a la corrupción ni han sido ajenos a escándalos por conductas indebidas o corruptas.

     Claro que Peña Nieto tiene un as bajo la manga y ese consiste en que al menos como presidente ha sabido sorprender, sobre todo en su capacidad negociadora.

     Muchos esperan que lo haga otra vez, aun cuando creen que los momios están en su contra.