El anuncio de las autoridades mexicanas fue celebrado por organismos que representan los intereses de los jugadores de la agroindustria, como el Consejo Nacional Agropecuario (CNA). Foto archivo
El anuncio de las autoridades mexicanas fue celebrado por organismos que representan los intereses de los jugadores de la agroindustria, como el Consejo Nacional Agropecuario (CNA). Foto archivo

27 de mar. (Axis negocios) -- El decreto que prohíbe el uso del glifosato, considerado el herbicida más utilizado del mundo y que algunos han señalado por daños a la salud, generó polémica entre algunas dependencias del gobierno de México encargadas de su entrada en vigor el próximo 1 de abril.

     La Secretaría de Economía anunció la suspensión temporal de la entrada en vigor del decreto --que fue emitido primero en 2020 y matizado en febrero de 2023-- debido a la falta de condiciones para sustituir el uso de glifosato por alternativas que no representen un riesgo para la producción alimenticia del país.

     "En virtud de que no se han concretado las condiciones para sustituir el uso del glifosato en la agricultura mexicana, debe prevalecer el interés de salvaguardar la seguridad agroalimentaria del país", dijo la dependencia en un comunicado la noche del martes.

     El gobierno mexicano continúa con la búsqueda de alternativas de herbicidas de amplio espectro y baja toxicidad, agregó la dependencia en la comunicación que también fue firmada por las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), además de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

     El anuncio de las autoridades mexicanas fue celebrado por organismos que representan los intereses de los jugadores de la agroindustria, como el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), que insistió que las alternativas deben cumplir con algunos requisitos, como estar disponibles en cantidades suficientes; con costos accesibles para todo tipo de productor, con respaldo científico de su funcionamiento y que estén integradas a las cadenas de comercialización a nivel nacional.

     “El CNA se suma al esfuerzo del gobierno de México para construir un sistema agroalimentario más fuerte, más resiliente y justo, que asegure la seguridad alimentaria y el bienestar de la población mexicana”, dijo la representación de los agricultores en un comunicado.

     No obstante, horas después, la titular del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), María Elena Álvarez Buylla, aseguró que el decreto sigue vigente y que el único que puede suspender su entrada en vigor es el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien fue el impulsor de esta medidas para salvaguardar la seguridad de la población.

     “El decreto tiene un carácter legal claro, todo lo que se deriva de él es ley”, dijo Álvarez Buylla en conferencia de prensa. “Un comunicado no tiene la capacidad o la finalidad de derogar el decreto y las instancias que lo emitieron tampoco tienen la capacidad para derogar un decreto presidencial”.

     Álvarez Buylla estuvo acompañada por académicos, el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, y el subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria de la Sader, Víctor Suárez, lo que muestra las visiones diversas que hay incluso dentro de la dependencia encabezada por Víctor Villalobos, a quienes varios han señalado de estar en contra de la prohibición del uso de glifosato.

     Durante su participación, el subsecretario Suárez acusó la existencia de una campaña mediática de desprestigio en contra del decreto presidencial, la cual estaría siendo impulsada por empresas trasnacionales y “aliados” dentro del gobierno.

     La producción de alimentos no está en riesgo con la entrada en vigor del glifosato, ya las siembras del ciclo agrícola otoño-invierno iniciaron en octubre y concluyen el 31 de marzo, y las cosechas resultantes representan únicamente el 38.6% de la producción nacional de granos, de acuerdo con el funcionario. También apuntó que la mayoría de los productores son de pequeña y mediana escala y solo 44% utiliza glifosato.

     El decreto, además del herbicida producido por la transnacional Monsanto, también busca prohibir el uso de maíz genéticamente modificado o transgénico, lo que causó la inconformidad de Estados Unidos y Canadá, los socios comerciales de México en el tratado conocido aquí como T-MEC.

     La administración del presidente estadounidense Joseph R. Biden inició, en marzo de 2023, un periodo de consultas técnicas bajo el amparo del T-MEC y esa primera ronda, de 75 días, fue insuficiente para alcanzar un acuerdo, por lo que la Oficina de la Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) solicitó una segunda ronda de consultas en junio, a las que se sumó Canadá poco después.

     Una vez finalizada la segunda ronda de consultas, el gobierno de Estados Unidos decidió llevar el desacuerdo a un panel de resolución de controversias, al considerar que la medida carece de una base científica sólida.

     “El enfoque de México hacia la biotecnología. . . va en contra de la evidencia de décadas que demuestra su seguridad, y el riguroso sistema de revisión regulatoria basado en la ciencia que garantiza que no representa ningún daño para la salud humana y el medio ambiente”, dijo la USTR, en un comunicado en agosto del año pasado.

     En noviembre, integrantes de la agroindustria en México también advirtieron de los riesgos que implican el decreto e hicieron un llamado al gobierno federal para dar un giro a la estrategia implementada para cumplir con el objetivo de la seguridad alimentaria, lo que incluiría contemplar medidas como alianzas público-privadas y el uso regulado de agroquímicos.

     “Si no estamos todos con la misma visión y en el mismo barco, va a ser muy difícil lograr los objetivos, porque tienes políticas públicas que prohíben cosas que el agricultor necesita para aumentar su producción”, dijo José Cacho Ribeiro, vicepresidente ejecutivo de Grupo Minsa, al participar en un foro organizado por el Consejo Nacional de la Tortilla ese mes.

     La prohibición, consideraron participantes del sector, no solo genera incertidumbre jurídica, sino que deja a los productores mexicanos en desventaja frente a sus pares de otros países, como Estados Unidos y Brasil.

     El gobierno de México prevé que la resolución del panel se dé a más tardar en abril de este año.

 

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Fecha de publicación: 27/03/2024

Etiquetas: Mexico prohibicion glifosato agricultura economia EUA T-MEC