29 de ene. (Sentido Común) -- Cuando banco Santander, la mayor institución financiera de España, anunció que compraría a precio simbólico de un euro las operaciones de Banco Popular Español, muy probablemente no vio que la letra chiquita en las leyes de competencia económica en México le provocaría una multa, aunque mínima, de las autoridades antimonopolio del país.

     La transacción entró en vigor el 7 de junio de 2017, luego que el Fondo Único de Resolución (FUR), un mecanismo europeo encargado de financiar entidades bancarias en peligro de inviabilidad, seleccionó a Santander como la entidad que se adjudicaría a Banco Popular tras realizar una subasta.

      Con la compra, Santander se comprometió a realizar una ampliación de capital de siete mil millones de euros (siete mil 863 millones de dólares), antes de finalizar septiembre del año pasado, para reforzar el balance de Banco Popular y evitar así su desplome, un elevado riesgo que los reguladores europeas temían y que los obligó a acelerar la operación.

     Tan solo un día antes, el 6 de junio, el Banco Central Europeo había determinado que Banco Popular no era capaz de hacer frente a sus adeudos, por lo que comunicó a la junta única de la Unión Europea que el banco español era inviable.

     Así Santander, casi de manera intempestiva, se hizo de quien fuera el sexto banco más grande de España.

     Esa transacción, sin embargo, tuvo implicaciones en México que aparentemente Santander no vio con tiempo.

     Banco Popular contaba con un interés de casi 25% en Grupo Financiero Ve Por Más, una institución bancaria controlada por la familia del empresario mexicano Antonio del Valle.

     De esta forma el banco español, al obtener el control de Banco Popular, se convirtió en dueño de esa participación en Ve Por Más.

     Lo que Santander al parecer no consideró, al menos de manera oportuna, fue que las leyes de competencia económica en México establecen que fusiones o adquisiciones, como la que realizó de forma indirecta en Ve Por Más, debía ser notificada a la Comisión Federal de Competencia Económica mexicana.

     Cofece, como también se conoce a la entidad responsable de combatir las prácticas monopólicas en el país, es quien por ley debe revisar ese tipo de operaciones para garantizar que no afecten la competencia en los mercados, y con ello a los consumidores.

     Así, Santander, de un día para otro, al recibir el 7 de junio el control de Banco Popular, estaba obligado a avisar a Cofece que estaba comprando de manera indirecta un banco mexicano.

     Ese aviso lo hizo casi un mes después de la compra, de acuerdo con el expediente que Cofece armó para el caso. El 4 de julio la dependencia recibió la notificación de que Santander había adquirido el interés en Ve Por Más; no obstante, para la Comisión, esa notificación llegó tarde.

     En esa fecha los bancos “presentaron el escrito inicial en la oficialía, mediante el cual pretendieron notificar a la Cofece la operación”, dijo la entidad en el expediente. Sin embargo, “el 13 de julio de 2017, el secretario técnico emitió un acuerdo en el expediente CNT, mediante el cual, entre otras cuestiones, indicó que después de analizar de manera integral el contenido del escrito inicial. . . procedía el desechamiento de la notificación de concentración por ser notoriamente improcedente”.  

     Cierto que Santander había contado con poco tiempo para enviar esa notificación. Incluso, para el banco, esta transacción, por sus particularidades, fue “sui generis”.

     Sin embargo, para Cofece en este caso existió evidencia suficiente de que ese banco conocía las leyes de competencia económica en México y además sabía que, de hacerse del control de Banco Popular, obtendría indirectamente una parte de Ve Por Más.

     Como parte de esa evidencia, Cofece mostró otras transacciones en las que Santander había enviado de manera oportuna los avisos de una transacción. Además, la compra indirecta del interés en Ve Por Más era hasta cierto punto previsible.

     Santander adquirió Banco Popular por medio de una subasta pública en la que tuvo acceso al cuarto de datos con la información que detallaba todos los activos y pasivos que terminaría por adquirir en caso de ganar la licitación, como finalmente sucedió.

     De ahí que el órgano regulador antimonopolios mexicano rechazó la notificación de Santander y le impuso una sanción económica por haber notificado con retraso la transacción.

     Sin embargo, Cofece muy probablemente reconoció la estrecha situación en la que estaba Santander y el hecho de que el banco tardó solo 19 días hábiles en enviar la notificación, por lo que decidió imponerle la multa mínima que establece la ley para el caso.

     “Los indicios de intencionalidad de la omisión a la obligación de notificar una concentración cuando legalmente debió hacerse por parte de Santander y Banco Popular revelan que dichos agentes económicos intentaron notificar la concentración a la brevedad posible”, dijo Cofece en el expediente. “Por tanto, la sanción a imponerse corresponde a la mínima”.

     Cofece, con base en los estados financieros de Santander y Banco Popular, impuso una multa a cada una de esas instituciones por 377 mil 450 pesos, o 0.00003% y 0.0008% de sus respectivas capacidades económicas al cierre de 2016.

     No es claro si los bancos han pagado esa multa o buscarán ampararse ante la justicia mexicana. No obstante, después que Cofece rechazó el aviso el 13 de julio del año pasado, Santander buscó la protección de las autoridades.

     El banco se amparó contra Cofece y esa demanda aún está en proceso y no cuenta con una sentencia. Tampoco es claro cuál será el fallo del juez en esa denuncia.

     Después de imponer la sanción a los dos bancos por el retraso del aviso, Cofece dio luz verde para que Santander comprara el 25% de Ve Por Más al considerar que no afectaría los mercados.

 

 


Fecha de publicación: 29/01/2018

Etiquetas: Cofece Santander compra Banco Popular Español transacción competencia México Ve Por Más