Murat demandará civil y penalmente a Gálvez por difamación

Alejandro Murat, el exgobernador de Oaxaca y ex director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) durante los primeros tres años del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, dijo que presentará una demanda civil y penal contra Xóchitl Gálvez, la principal candidata de la oposición, por difamación.

     En días recientes, Gálvez ha dicho, con base en lo que escuchó cuando estuvo en el Senado de la República, que Murat participó en un fraude de cinco mil millones de pesos (300 millones de dólares) cuando fue director del Infonavit y de que saqueó a Oaxaca cuando fue gobernador, tomando incluso un terreno y crédito de forma ilegal.

     Gálvez sustentó sus dichos en lo que reveló el exsenador y actual gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, miembro del partido en el poder, Movimiento Regeneración Nacional (Morena), sobre Murat, quien hoy ya no pertenece al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y es miembro de Morena, instituto desde el que contiende como candidato plurinominal al Senado por esa entidad.

    Las críticas de Gálvez provocaron que hoy Murat, de 48 años de edad, intentará presentar, sin éxito, una réplica durante la conferencia de prensa de la candidata opositora en su casa de campaña, emulando lo que la candidata hizo el año pasado durante una de la conferencias matutinas del presidente Andrés Manual López Obrador, cuando intentó ingresar para aclarar que ella no votó en contra de los programas sociales del actual gobierno como dijo el mandatario.

     Gálvez, sin embargo, como le ocurrió con López Obrador, no dejó pasar a Murat y dijo que fuese a presentar sus quejas a su jefa, la candidata presidencial oficial, Claudia Sheinbaum.

    “Con quien tiene que pedir derecho de réplica es en el origen, donde surgió esta información y quien dio esta información y la hizo pública fue, repito, el gobernador Jara que hoy es de su partido”, dijo Max Cortazar, encargado de prensa de la campaña de Xóchitl Gálvez, al explicar a diversos periodistas la decisión de la candidata de no darle el derecho de participar en su conferencia.

    Al terminar la conferencia, Murat, en entrevista espontánea con algunos de los periodistas que atendieron la rueda de prensa de Gálvez, anunció que presentaría las demandas en el ministerio público contra la candidata.

     Personas cercanas a Murat incluso aclararon que el supuesto fraude que indirectamente le atribuye Gálvez al exgobernador en el Infonavit no ocurrió mientras él fue director de la institución, sino durante la presencia de su sucesor, David Penchynna. No es claro, sin embargo, si el esquema bajo el cual se dio la indemnización fraudulente se fraguó durante la gestión de Murat y esa fue ejecutada luego, al parecer de manera ilegal, por su sucesor.  

      En concreto, el fraude se dio por el pago que autorizó el Infonavit por cinco mil millones de pesos (300 millones de dólares) a dos familias con operaciones en la industria de los bienes raíces y las cuales supuestamente se iban a hacer cargo del programa de Movilidad Hipotecaria del Infonavit.

     Cuando llegó el gobierno de López Obrador, la nueva dirección del Infonavit encontró como irregular el pago de la indemnización luego que los encargados del programa no entregaron nada a la Institución para justificar ese desembolso.

      Una de las dos familias involucradas en el fraude al Infonavit era la que conforman los hermanos André y Moisés El-Mann Arazi, principales accionistas del fideicomiso inmobiliario, Fibra Uno; mientras que la otra era la familia Zaga Tawil, encabezada por los hermanos Rafael y Teófilo.

     De acuerdo a diversos reportes, los hermanos El-Mann decidieron resolver el litigio con el Infonavit devolviendo los dos mil millones de pesos (120 millones de dólares) que supuestamente les entregó la Institución por la indemnización. Con ello, superaron ese asunto, aunque mantienen una disputa con sus exsocios en ese negocio, los Zaga Tawil, principalmente con Rafael, quien los ha demandado en las cortes mexicanas y con las autoridades que regulan el sistema financiero nacional.

     Murat dijo que en breve presentará su denuncia en el ministerio público, aun cuando en México la ley, sobre todo en asuntos penales, da prioridad a la libertad de expresión sobre el supuesto delito de difamación, lo que también hace complicado que se puedan ganar demandas civiles por una posible calumnia o difamación.