Senado presenta iniciativa para administración de archivos, recibe críticas

La Cámara de Senadores presentó una propuesta para expedir una Ley de Archivos, a fin de establecer una organización y administración homogénea de los archivos en las diversas dependencias del gobierno, como parte de la reforma constitucional en materia de transparencia.

     Con esa iniciativa, cualquier organismo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como organismos autónomos en los ámbitos federal, local y judicial, deberán administrar la información referente a su operación.

     La propuesta “protegerá la confidencialidad de los datos sensibles y únicamente podrán reservarse los documentos por razones de seguridad nacional o de interés de público, que se encuentren en archivos de trámite o de concentración”, dijo el Senado, en un comunicado.

     Sin embargo, la iniciativa de los senadores, que podría impulsar una nueva metodología del manejo de la información pública y establecer nuevas normas para la gestión de nuevos retos en esa materia -- como los archivos electrónicos, que aún no han sido reglamentados --, recibió diversas críticas.

     Para algunos, la iniciativa del Senado presenta riesgos para el desarrollo de la historia y del periodismo, ya que permite que las dependencias que gestionan la información mantengan, a su juicio, datos personales como confidenciales en los documentos oficiales.

     “Apoyadas en el argumento de que hay que proteger al ciudadano, las autoridades han empezado a retirar de los anaqueles de préstamo del Archivo General de la Nación todo tipo de documentos, en vista de que el criterio datos personales se interpreta de cualquier manera”, escribió Soledad Loaeza, analista política y profesora de El Colegio de México, en una columna de opinión en el diario La Jornada.

     Además, la iniciativa presenta otros riesgos que podrían retrasar las investigaciones al mantener archivos confidenciales por un tiempo indefinido, algo que no sucede en otros países que han desarrollado leyes de archivos más avanzadas.

     En otros países, como Estados Unidos o Francia, el periodo máximo de reserva es de 25 años y solo puede ser prorrogado si la dependencia justifica esa intención. Aquí, sin embargo, ese tiempo podría ser indefinido.

     “Nuestros burócratas van más allá de la muy restrictiva Ley Federal de Archivos vigente, la cual establece 30 años de reserva para documentos generales, y un periodo de 70 años para aquellos que contengan información ‘sensible’”, escribió el analista político Carlos Elizondo, en una columna del periódico Excélsior.

     Ahora, la iniciativa pasó a las comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera para su análisis y dictamen.