Lozoya, exdirector de Pemex, revela en denuncia nombres, ruta de sobornos

19 de ago. (Sentido Común) -- Emilio Lozoya Austin, el exdirector de la empresa estatal Petróleos Mexicanos, detalló ante las autoridades judiciales del país los nombres de algunos actores políticos de alto nivel que orquestaron una supuesta red de obtención de recursos ilícitos para beneficiar, primero, la campaña electoral del presidente Enrique Peña Nieto, y, luego, la efectividad de su gobierno, de acuerdo con una copia de la denuncia que presentó y a la que Sentido Común tuvo acceso tras circular en diversas redes sociales.

     En el documento, Lozoya narró cómo fue que él, bajo las instrucciones del mismo candidato y posteriormente presidente y de Luis Videgaray Caso --el coordinador de la campaña presidencial peñista y luego secretario de Hacienda y Crédito Público y de Relaciones Exteriores--, pactó con ejecutivos de la constructora brasileña Odebrecht la entrega de sobornos a cambio de resultar favorecida con contratos una vez que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) asumieran el poder a finales de 2012.

     El intermediario para este asunto fue Luis Alberto de Meneses Weyll, quien fue director de la filial mexicana de Odebrecht de 2010 a 2017.

     “Yo le  pedí a Luis Weyll que apoyara la campaña y/o precampaña de Enrique Peña Nieto a la Presidencia de la República y que para tales efectos Odebrecht aportara” seis millones de dólares americanos, dijo Lozoya, en su denuncia. “Así mismo, le dije a Luis Weyll que esa petición venía directamente del entonces candidato Enrique Peña Nieto y que Odebrecht se beneficiaría cuando ganare”.

      La Fiscalía General de la República ya había dicho, al anunciar la denuncia realizada por Lozoya, que hubo dinero que fue a parar al pago de asesores para la campaña presidencial de 2012, como dijo Lozoya en sus denuncia, revelando incluso los nombres y montos que recibieron diversas empresas extranjeras asesoras de la campaña presidencial de Peña Nieto,

     Lozoya también detalló los pagos que hizo desde su oficina en la colonia Anzures, de Ciudad de México, a legisladores de partidos de oposición para que éstos dieran su aval a las reformas estructurales propuestas durante el gobierno de Peña Nieto.

     Incluso, dijo que legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), la mayor fuerza de oposición en el Congreso, lo “extorsionaron” de forma agresiva con la amenaza de frenar la aprobación de las reformas.

     “Quiero aclarar que no se trató de una negociación, sino que claramente fue una extorsión ejercida por parte de ellos hacia mi persona, con la finalidad de que se aprobaran las reformas estructurales, financiadas por Odebrecht y otras empresas extranjeras. El grupo que ejecutaba estas extorsiones, era el compuesto por Francisco García Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez Servién, Salvador Vega Casillas y Jorge Luis Lavalle Maury”, dice la denuncia de Lozoya en la que él se pinta como víctima de fuerzas e intereses políticos superiores a su persona.

     García Cabeza de Vaca es actualmente el gobernador de Tamaulipas y Domínguez Servién es gobernador de Querétaro, mientras que Vega Casillas fue secretario de la Función Pública --la dependencia responsable de combatir la corrupción de servidores públicos-- en el gobierno de Felipe Calderón.

     Domínguez Servién dijo por la mañana en la conferencia de prensa matutina del presidente, celebrada en la entidad que el encabeza, que los señalamientos de Lozoya eran “una infamia” y que no podía darse credibilidad a la palabra de un delincuente, más cuando el apoyó de siempre la reforma energética.

     El exdirector de Pemex también dijo que entregó a Ricardo Anaya Cortés, excandidato presidencial del PAN y dirigente nacional de esa organización, seis millones 800 mil pesos por órdenes de Videgaray. Los fondos era por las aspiraciones de Anaya a ser gobernador de Querétaro y porque “odiaba” al entonces senador Domínguez Servién “por corrupto”, dijo Lozoya, sin ofrecer más pruebas que su interpretación de lo ocurrido.

      A la postre la reforma fue aprobada con el respaldo del PAN y de otros partidos de oposición, aunque representantes de estos grupos han dicho que la avalaron porque consideraron que lo mejor para el país era terminar con el monopolio estatal de ocho décadas en manos de Pemex, en el sector petrolero, y de la estatal, Comisión Federal de Electricidad, en el eléctrico.

      El cabildeo ilegal que realizaba Odebrecht, de acuerdo con los dichos del exdirector de la petrolera estatal, venía de hecho desde antes de la llegada de Peña Nieto al poder.

     Por ejemplo, Lozoya cuenta que el proyecto Etileno XXI, una planta donde se producen plásticos que fue construida y operada por Braskem --donde Odebrecht es accionista-- y la mexicana Idesa, se dio en condiciones irregulares que perjudicaron las finanzas de Pemex.

      “El negocio que hicieron los brasileños es que Pemex le vendería a Braskem el etano, ya que Pemex era el único proveedor, pero le hacían un descuento inexplicable de más de 25% sobre el precio de mercado, lo que hacía súper desventajosa la posición de Pemex”, revela el expediente, sin aclarar que la empresa estatal podía aparentemetne también beneficiarse de los resultados de Etileno XXI. “Muchos mexicanos hubieran deseado un contrato así tales como Grupo Alfa o Grupo Desc, entre otros. Sin embargo, por razones estrictamente políticas se le dio a Braskem”.

      En la denuncia también surgieron otros nombres como el de José Antonio Meade Kuribreña --cinco veces secretario de Estado y excandidato presidencial del PRI-- y de José Antonio González Anaya --posteriormente director de Pemex en el gobierno de Peña Nieto--, quienes apoyaron la realización de negocios pese a los cuestionamientos de algunos integrantes del Consejo de Administración de la empresa.

     En total, Braskem y Odebrecht entregaron hasta 84 millones de pesos para ser entregados a los legisladores mencionados conforme fueron avanzando los proyectos tras la aprobación de la reforma constitucional.

     Lozoya también dio ejemplos de cómo fue que utilizaron una red corruptora para hacerse de aliados en la prensa que escribieran historias favorables a la gestión de Peña Nieto.

     En este caso, Lozoya narró a las autoridades cómo es que Videgaray Caso decidió enviarle un costoso bolso a la columnista Lourdes Mendoza, quien formaba parte de un grupo de periodistas a quienes se les enviaban “cañonazos mensuales” de dinero por entre 50 mil y 100 mil pesos. Mendoza dijo en su cuenta de Twitter que la aseveración de Lozoya era falsa y que tomará las medidas legales necesarias para defender su reputación.

     “Me voy a defender hasta las últimas consecuencias y lo demandaré”, escribió la columnista en Twitter.

     Lozoya también dijo que Videgaray cabildeó para que el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) le diera un crédito al grupo de medios El Financiero, a pesar de que se lo había negado Nacional Financiera (Nafin). Este crédito terminó en impago y tuvo que ser reesctructurado.

      “En el marco de este abuso de poder y corrupción --como si se tratase de crimen organizado--, Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso instrumentaron diversos métodos para conseguir recursos”, agregó Lozoya en su denuncia de hecho, ofreciendo en pocas ocasiones pruebas para respaldar sus dichos.

      La denuncia también detalla una red de pagos de sobornos y favores vía empresas privadas, que incluyen a la empresa Grupo Higa, a Grupo Tradeco y hasta al expresidente Carlos Salinas de Gortari.

     Finalmente, dijo que la compra de la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados, que era propiedad de Altos Hornos de México (Ahmsa), se pactó en la oficina de Peña Nieto en la residencia oficial de Los Pinos, con la presencia de Videgaray, a pesar de que el complejo productor de fertilizantes había estaba fuera de circulación por 14 años. 

     Alejandro Gertz, el fiscal general de la República, ha dicho en días recidentes que los dichos del también exbanquero, de 45 años de edad, deberán ser probados ante un tribunal.

     Además, la Fiscalía General de la República anunció que abrió una carpeta de investigación por la filtración del documento, que ella no reveló.

     “La copia de la denuncia presentada por Emilio “L” ante esta Fiscalía que está circulando en los medios de comunicación, no fue proporcionada a ninguno de ellos por esta institución; razón por la cual se ha iniciado la Carpeta de Investigación correspondiente para citar a quienes hayan tenido acceso a este documento y para realizar todas las diligencias ministeriales necesarias”, dijo la FGR, en una tarjeta informativa.