México mantiene cuota compensatoria a importaciones pierna, muslo de pollo EUA

La Secretaría de Economía (SE) mantendrá las cuotas compensatorias a piernas y muslos de pollo que sean importados desde Estados Unidos, lo que será resentido por compañías mexicanas que importaban esos productos como Sigma Alimentos, de Alfa, o Tyson Foods, otro de los mayores jugadores en el mercado de pollo en América del Norte.

     Un panel de resolución de conflictos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, confirmó parcialmente las medidas que adoptó el gobierno de México hace cinco años al considerar que los exportadores estadounidenses vendían las piezas de pollo a un precio inferior al que se comercializaban en el mercado, publicó la dependencia oficial en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

     “Se confirma la resolución final emitida por la Secretaría de Economía publicada en el Diario Oficial de la Federación del 6 de agosto de 2012, en todos sus puntos, salvo lo que expresamente se devuelve”, dijo el panel en su decisión final del 5 de abril, que publica Economía hoy en el Diario Oficial de la Federación.

      Como parte de su decisión, el panel solicitó a la dependencia revisar y fundamentar su metodología para la asignación de costos entre co-productos, así como determinar la aplicación de cuotas menores a todos las empresas que se encuentren bajo el mismo supuesto jurídico. 

      Economía deberá atender también las impugnaciones realizadas por las exportadoras estadounidenses Sanderson Farms, Northern Beef Industries y Robinson & Harrison Poultry, relacionadas con la forma en que impuso estas medidas.

     Industrias Bachoco, el principal productor avícola del país, junto con otros productores nacionales, solicitaron en 2010 a la Secretaría de Economía una investigación por prácticas desleales de comercio a las importaciones de estos productos.

    En 2012, la dependencia determinó la existencia de dumping e impuso cuotas compensatorias que van de 25.7 a 127.5% a las importaciones, medida que fue impugnada por las empresa exportadoras que estaban en desacuerdo con la metodología adoptada por el gobierno de México.