OHL México herida por “fuego amigo” tras video siembra arma abogado rival

16 de sep. (Sentido Común) -- OHL México, la empresa constructora y administradora de obras de infraestructura que ha estado envuelta en diversas acusaciones anónimas por supuestas prácticas corruptas y de tráfico de influencias, había logrado sacudirse buena parte del daño a su reputación que le habían generado esas denuncias.

     Con reportes favorables emitidos a mediados de julio por varios auditores externos, independientes y de reconocido prestigio internacional --como es el caso de los despachos KPMG Cárdenas Dosal, Jones Day México, FTI Consulting, Deloitte Touche Tohmatsu y Ritch Mueller, Heather Nicolau--, OHL México había quedado exonerada de los supuestos actos ilegales que esas imputaciones sugerían.

     Sin embargo, ahora, tras la revelación de un video en el que de manera casi incontrovertible se observa a una persona con vínculos a agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) sembrar un arma al abogado de la empresa Tecnología Aplicada Infraiber, la empresa que OHL México sospecha está detrás de esas acusaciones anónimas, la compañía constructora y operadora de proyectos de infraestructura tendrá que remar de nuevo contra la corriente.

     “Si las cosas están mal, se pondrán peor”, escribió Raymundo Riva Palacios, columnista del periódico El Financiero, esta semana.

      Las nuevas dificultades de OHL México surgirán no porque se sospeche que la compañía haya ordenado la siembra del arma al abogado Paulo Díez Gargari de Infraiber, una empresa dedicada al uso de diversas tecnologías para medir los aforos vehiculares en carreteras urbanas o autopistas federales, sino porque ese suceso se dio al mismo tiempo que se difundió otra acusación anónima contra la compañía.

     En esa acusación se involucra por primera vez al actual secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, e indirectamente al presidente Enrique Peña Nieto.

     Aun cuando la nueva acusación anónima, difundida como las anteriores en la red social Youtube vía un audio obtenido de forma ilegal de conversaciones telefónicas, no es muy distinta a las previas, en el sentido de sugerir, más no comprobar, conductas indebidas, la decisión de los agentes de la PGR de plantarle un arma al abogado de Infraiber, reavivará muy probablemente las sospechas que existen sobre las prácticas de negocios de OHL México, e incluso podrá generar nuevas en el sentido de que la compañía tiene una protección especial por parte del gobierno federal actual.

     Esto porque la siembra del arma contra Díez Gargari parecería indicar que existe una estrategia, ya sea individual o coordinada, del gobierno del presidente Peña Nieto y OHL México, contra Infraiber.

     “Parecería que hay un esfuerzo coordinado entre el gobierno y OHL para poner fin al escándalo”, dijo Gerardo Cevallos, analista de Vector Casa de Bolsa, quien cubre a la compañía constructora, a la agencia de noticias Bloomberg.

     Al gobierno federal le preocupa el escándalo porque si bien se trata en apariencia de un pleito entre particulares --OHL México vs. Infraiber--, ha adquirido ya, con el último audio difundido, matices que rozan la esfera del gobierno del presidente Peña Nieto.

     De hecho, en un inicio Infraiber, que ha negado estar detrás de las grabaciones y difusión de las conversaciones telefónicas, presentó demandas no contra OHL México, sino contra el gobierno del Estado de México, en particular contra la Secretaría de Comunicaciones y el Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado por la concesión que otorgó en 2003 a la empresa constructora para desarrollar y operar la autopista conocida como Circuito Exterior Mexiquense, de más de 100 kilómetros de longitud.

     Esa concesión la otorgó el gobierno de Arturo Montiel, pero fue heredada por Peña Nieto cuando ganó la elección a gobernador e inició su mandato de seis años en 2005. El secretario de Comunicaciones del Estado de México durante la administración de Peña Nieto en el Estado de México fue Ruiz Esparza, quien supervisó diversas modificaciones a ese y otros títulos de concesión que había ganado OHL México y que también obtuvo durante la administración de Peña Nieto.

     Ese es el caso, por ejemplo, del Viaducto Bicentenario, una vialidad rápida de 32.2 kilómetros que conecta el Estado de México con el Distrito Federal y cuya concesión la ganó OHL México en 2008.

     Las revisiones de esas concesiones, más la revocación al contrato que recibió Infraiber para que calculara el aforo vehicular en las autopistas de peaje de OHL México, son las que han generado la disputa privada entre las compañías y que involucran también a las autoridades y al hoy secretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno de Peña Nieto.

     A las demandas que presentó Infraiber en abril del año pasado contra el gobierno del Estado de México y su agencia, se sumaron posteriormente diversos desplegados de prensa donde la compañía cuestionaba las prácticas y los cobros de los peajes que realizaba OHL México a los usuarios de las autopistas concesionadas.

     Claro que tanto OHL México, como ahora el secretario Ruiz Esparza, niegan que las acusaciones de Infraiber tengan algún mérito legal, además de que han aclarado que la revocación al contrato, también llamado Convenio Macro, que recibió la empresa para medir los aforos se hizo de forma legal.

     La empresa y el funcionario han argumentado que el convenio que obtuvo Infraiber no se licitó por la administración de Montiel, como debió haberse subastado. Además,  representaba un cobro abusivo para los usuarios de las autopistas de peaje en la entidad, han dicho ambas partes.

     “OHL México ha sido objeto de una campaña de difamación promovida por Infraiber, cuyo objeto es extorsionar para que se deje sin efecto la revocación de un Convenio Macro que había celebrado con el Estado de México”, dijo la empresa constructora y administradora de proyectos de infraestructura, en un desplegado de prensa publicado hace dos días.

     OHL México incluso tomó la ofensiva con esa publicación al criticar a Infraiber y calificar a la empresa como incapaz, desde un punto de vista tecnológico y económico, para llevar a cabo esas tareas verificadoras de los aforos vehiculares.

     “El Estado de México revocó el Convenio Macro porque no se licitó y porque sería abusivo para los usuarios de las autopistas, al triplicarles la tarifa que por ese servicio si se cobra”, dijo la compañía constructora y filial de la empresa española, Obrascón Huarte Lain, agregando que el capital con el que se constituyó Infraiber unos tres meses antes de la firma del Convenio Macro fue de 5,000 pesos (300 dólares).

     Ruiz Esparza también salió recientemente a defenderse de los audios anónimos en los que se escucha su voz y que parecen implicarlo también en actos ilegales para bloquear los negocios de Infraiber.

     El secretario dijo en una carta que envió al periódico Reforma en defensa de las acusaciones que había también realizado Díez Gargari, que la revocación del Convenio Macro la determinó un Tribunal Federal.

     “A partir de ese momento se generan ataques hacia diferentes instancias a través de desplegados, suscritos algunos de ellos por el señor Díez” el abogado de Infraiber, dijo el funcionario en la carta. “Al no obtener respuesta por parte de las autoridades del Estado de México, empezaron a generarse filtraciones de audios ilegales y manipulados”.

     Frente a estas aclaraciones de OHL México y Ruiz Esparza, resulta entonces aún más sorprendente la decisión de los agentes de la PGR de sembrar un arma al abogado Díez Gargari durante su detención para cumplir con una orden de presentación.

     Si bien es muy probable que los agentes no contemplaron que iban a ser grabados, el video, que ha generado una fuerte reacción de disgusto en varios grupos de la sociedad mexicana y que reveló el portal Aristeguinoticias, muy probablemente reavive las sospechas de que las autoridades y la empresa constructora y administradora de carreteras urbanas y autopistas de peaje esconden algo indebido o bien que su actuar no estuvo apegado a la ley --como han dicho que hicieron.

      Las imágenes que grabó una cámara de seguridad localizada exactamente donde fue detenido Díez Gargari son impecables para justificar el resurgimiento de esas sospechas, incluso con mayor vigor a las que se tenían hasta ahora.

     En el video se ve claramente como un hombre con chamarra negra --aparentemente de cuero-- pantalón de mezclilla y gorra de béisbol, baja de una camioneta blanca tipo pick-up que conforma el convoy que detuvo al abogado de Infraiber, ronda la escena y carga consigo lo que parece ser una pistola por la cacha que se ve que desborda la bolsa delantera derecha de su pantalón.

     Esa persona, una vez que Díez Gargari desciende de su auto sedán verde y es rodeado por al menos cinco agentes --tres hombres y dos mujeres--, se recarga en la puerta delantera izquierda del vehículo del abogado luego de que atravesó el grupo que rodeaba al abogado e hizo una especie de señal a quien dirigía la detención.

     Al estar recargado y luego de tener un breve intercambio verbal con otro agente, quien se dirige después de ello al grupo que rodea al abogado, introduce su brazo derecho por la ventana delantera izquierda y se agacha para depositar algo en el auto cerca o debajo del asiento delantero del conductor.

    La acción es tan evidente y burda, gracias al video, que de inmediato las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar, incluso después que la PGR elevó a investigación el expediente que había abierto por la denuncia del abogado Díez Gargari de que la pistola encontrada en su vehículo había sido sembrada.

     “¿Puede la PGR investigarse a sí misma por sembrar un arma, y que alguien crea en el resultado?”, escribió el analista político y comunicólogo, Mario Campos, en su cuenta de Twitter.

     Una pregunta que podría también ahora plantearse con respecto a la reputación de OHL México: ¿puede la empresa convencer de nueva cuenta al público y a sus inversionistas de su honestidad después de ese tipo de acciones por parte del gobierno con el que la empresa tiene vínculos cercanos?

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