Peña Nieto ordena investigar compra de casas de contratistas “amigos”

3 de feb. (Sentido Común) -- El presidente Enrique Peña Nieto, ante la pérdida de confianza y credibilidad que ha sufrido su administración por aparentes actos indebidos, ordenó a la Secretaria de la Función Pública llevar a cabo una investigación para determinar si la compra de casas de contratistas gubernamentales que llevó a cabo él mismo, su esposa o su secretario de Hacienda violó o no la ley en materia de tráfico de influencias o conflicto de interés.

     El presidente hizo el anuncio al mismo tiempo que nombró a Virgilio Andrade Martínez como secretario de la Función Pública, la entidad gubernamental encargada de vigilar el comportamiento legal de los funcionarios públicos, para que se haga cargo de la investigación.

     Para muchos Andrade Martínez tendrá una tarea casi insalvable ya que deberá decidir si quien le dio el puesto, o su esposa, o su secretario de Hacienda, incurrieron en un conflicto de interés por comprar casas de contratistas gubernamentales que recibieron contratos millonarios de la administración actual de Peña Nieto, o durante su paso de seis años como gobernador del Estado de México de 2005 a 2011.

     Como secretario de la Función Pública Andrade Martínez deberá también implementar diversas acciones que reveló Peña Nieto en un mensaje a la nación y con las que busca hacer más conscientes a los funcionarios públicos sobre posibles tráficos de influencia.

     Independientemente de las dificultades que Andrade Martínez tendrá al encabezar la investigación, la necesidad del presidente de someterse a una investigación --aun cuando fuese controlada-- refleja el daño que ha sufrido su reputación y con ella la credibilidad de su gobierno.

     Muchos incluso comienzan a decir que la pérdida de credibilidad está ya afectando la capacidad gubernamental para poder llevar a cabo su agenda de reformas económicas, educativas y ahora contra la corrupción.

     Si Peña Nieto no logra convencer a la sociedad mexicana, entre ellos los inversionistas nacionales e internacionales, de su compromiso por combatir la corrupción y hacer de México un país de leyes, el presidente corre el riesgo de ser incapaz de poder avanzar su agenda a lo largo de los próximos cuatro años que le falta a su gobierno.

     Hasta antes de estos posibles escándalos de conflictos de interés y del asesinato de 43 estudiantes rurales por una banda criminal y la policía municipal de la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, a finales de septiembre, el desempeño de Peña Nieto había superado las expectativas.

     El presidente logró aprobar diversas reformas económicas y educativas en los primeros 18 meses de su gobierno que pocos pensaban factibles. Entre esas reformas destacan los cambios al sistema de evaluación de los maestros y la apertura del sector energético nacional, incluido el petrolero, a los capitales privados tras 76 años de monopolio estatal.

     Sin embargo, esos logros han sido más que opacados por los escándalos de posible corrupción o de posibles sobornos en las más altas esferas del gobierno federal actual.

     También la creciente inseguridad que se vive en algunas regiones del país, principalmente en los estados de Guerrero, Michoacán y Oaxaca, han minado severamente no sólo la popularidad de Peña Nieto, sino su efectividad como gobernante.

     Con el anuncio de hoy, Peña Nieto vuelve a tratar de convencer a la sociedad de su convicción por combatir tanto el problema de la corrupción, como el problema de la inseguridad.

     Si bien es difícil pensar que el presidente logrará superar ambos problemas en los próximos cuatro años ante sus complejas raíces, el anuncio de hoy, así como el que hizo a finales de noviembre del año pasado sobre el mismo tema, tiene la intención de cambiar la creciente percepción social de que Peña Nieto no quiere combatir ambos males ya que él y su partido, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), utilizan prácticas corruptas o autoritarias para enriquecerse de manera ilegal o para avanzar sus agendas político-electorales.

     Incluso, en una primera instancia, el anuncio de la voluntad de Peña Nieto para ser investigado por la Función Pública no causó, al menos en algunos, el efecto deseado.

     “La investigación tendrá poca credibilidad dado que la Secretaría de la Función Pública reporta al presidente. Es solo una simulación”, dijo Gerardo Esquivel, un economista del centro de estudios, El Colegio de México, y quien simpatiza con partidos de oposición, al periódico The Wall Street Journal.

     Otros, sin embargo, dieron el beneficio de la duda a Peña Nieto en cuanto a su disposición a ser investigado.

     “El presidente quiere transmitir el mensaje de que se toma las acusaciones en su contra de manera seria y que no está escondiendo la cabeza en la arena”, dijo María Marván, una analista política y ex consejera del Instituto Federal Electoral (IFE), así como ex comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, o IFAI, al mismo diario estadounidense.

     Claro que Marván aclaró que una verdadera investigación sobre un posible conflicto de interés de Peña Nieto la debería llevar a cabo un comité especial en el Congreso de la Unión, o bien un fiscal independiente.

     De ahí la difícil tarea que enfrenta Andrade Martínez como secretario de la Función Pública.

     Hasta ahora el puesto de secretario de la Función Pública estaba vacante dado que Peña Nieto quería transformar esa dependencia en una agencia independiente dedicada a combatir la corrupción.

     La propuesta, que fue incluso la primera iniciativa que envió Peña Nieto al Congreso de la Unión tras tomar el poder en diciembre de 2012, ha estado atorada ante las discrepancias de los principales partidos políticos sobre los poderes y autonomía que debe tener quien encabece esa agencia anti-corrupción.

     Hasta antes de su nombramiento, Andrade Martinez se venía desempeñando como titular de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, Cofemer, la dependencia encargada de revisar todas las regulaciones federales que emiten las dependencias gubernamentales.

     El nuevo secretario es licenciado en derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y cuenta con una maestría en administración y políticas públicas por Columbia University.

     Andrade Martínez fue también consejero electoral del Instituto Federal Electoral (IFE) en el periodo 2003-2010; además de que se ha desempeñado en diversos cargos dentro del sector público.

     Dentro de las medidas que deberá implementar la Secretaría de la Función Pública destaca la modificación al llenado de la declaración patrimonial que deben hacer cada año los funcionarios públicos de cierto nivel para arriba.

     Si Peña Nieto y Andrade Martínez logran hacer los cambios propuestos, los funcionarios públicos deberán presentar en una fecha reciente en sus declaraciones los intereses que cuentan en empresas, así como los bienes propiedad de sus cónyuges y dependientes económicos.

     También deberán revelar cualquier acto que pudiera ser considerado como generador de un potencial conflicto de interés en el ejercicio de sus funciones.

     Otras acciones que caerán bajo la responsabilidad del secretario de la Función Pública, está el que el gobierno deberá hacer público el listado de proveedores sancionados, así como los motivos de esa sanción.

     Función Pública también certificará a servidores públicos claves en materia de honestidad y establecerá un protocolo de contacto entre empresas y funcionarios También creará una ventanilla única para trámites y servicios federales, así como una nueva unidad de ética y conflicto de interés.

Derechos reservados © Cartera, S.A. de C.V. 2015