México no recibe beneficios por transferencias de gobierno a Pemex, dice Bofa

Las transferencias que el gobierno federal ha dado a la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) para aligerar su carga financiera en los últimos años no se han traducido en beneficios para el país, además de que comprometen el equilibrio de las finanzas públicas, dijeron economistas de Bank of America Securities.

     Los apoyos a la petrolera, entre transferencias y reducciones al impuesto conocido como derecho de utilidad compartida, o DUC, ascendieron a casi 1.5 billones de pesos entre 2019 y 2023, de acuerdo con la organización México Evalúa. A ello se sumó un nuevo alivio fiscal por 200 mil millones de pesos (11.8 mil millones de dólares) para este año, a través de otra condonación del DUC de 40 a 30%, que ayudará a la compañía a cubrir sus vencimientos de deuda.

     Por su parte, Bofa estima que la transmisión de valor del gobierno a Pemex equivale a 2% del producto interno bruto al año y representa un costo de oportunidad muy grande, pues está condicionando las regalías por la extracción de petróleo.

     Los pagos de amortizaciones de Pemex para este año y 2025 ascienden a 10 mil 900 y cuatro mil 800 millones de dólares, respectivamente, mientras que su deuda financiera es cercana a 105 mil millones, una señal de que los apoyos gubernamentales no le han brindado alivio hasta ahora, pese a la máxima del presidente Andrés Manuel López Obrador de fortalecer a las empresas energéticas del Estado aun cuando ciertas de sus actividades arrojen números rojos.

     “Los mexicanos no estamos recibiendo un beneficio por las transferencias a Pemex, porque el costo de los combustibles está referenciado a niveles internacionales”, dijo en conferencia Emilio Romano, country executive para México de Bofa. “Es una transferencia muy regresiva, y esos dineros creemos que deben reenfocarse lo antes posible a temas más prioritarios. . . El lograrlo ayudará a unas finanzas públicas más sanas y a evitar la necesidad de subir impuestos o aplicar recortes de gastos que vayan más allá de lo esencial”.

     El experto agregó que Pemex tiene que volver a esquemas de generación de valor para mejorar su situación financiera y requiere un “trabajo mayor” para volver a ser productiva y rentable, pues las transferencias desde las arcas públicas solo atrasan el problema y no generan una solución real.

     Más allá del riesgo que plantea Pemex, Romano dijo que el gobierno de López Obrador ha hecho una “gran labor” en materia de finanzas públicas, con una deuda como proporción del PIB en niveles razonables, por lo que el reto hacia adelante es seguir mejorando la eficiencia recaudatoria, a través de una mejor integración de los trabajadores informales a la economía formal, una mayor equidad en el cobro de impuestos y una reorientación del gasto hacia rubros prioritarios y que tengan mayor impacto para el crecimiento económico.

     Además, Romano reconoció que el gobierno ejercerá un mayor déficit en 2024 frente a los otros cinco años del sexenio, aunque descartó que esa medida ponga en riesgo la salud de las finanzas públicas.

     “Esperamos y confiamos en que en 2025 vamos a poder regresar a un déficit público más manejable”, concluyó el experto de Bofa.