México frena cervecería de Constellation Brands en Mexicali con polémica consulta

23 de mar. (Sentido Común)-- El gobierno de México decidió frenar la construcción de la planta de cerveza que la compañía estadounidense Constellation Brands construye en la fronteriza ciudad de Mexicali, luego que los participantes de una consulta votaran en contra del proyecto, una acción gubernamental controvertida por la falta de sustento legal de la medida y las implicaciones que puede tener en futuras inversiones.

     El ejercicio, que se realizó este fin de semana, tuvo la participación de 36 mil 781 ciudadanos --aproximadamente 4.6% de la lista nominal de Mexicali vigente al 10 de abril de 2019--, de los cuales 76% votó en contra de la planta de cerveza de mil 500 millones de dólares y 23% a favor, dijo la subsecretaria de Gobernación, Diana Álvarez.

     “Hay que respetar la decisión de la gente”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina, tres días después de asegurar que el resultado tendría un carácter vinculante. “Yo creo que ellos van a entender, cuando hay un resultado así pues es evidente de que no hay acuerdo. . . tenemos que escuchar a la gente y gobernar con el mandato popular”.

     Debido al resultado, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), un organismo del gobierno federal encargado de administrar y proteger el recurso en el país, no otorgará los permisos correspondientes para la operación de la planta que estaban pendientes, a manera de bloquear la construcción de la fábrica de cervezas como Corona o Modelo para el mercado estadounidense.

     La planta, que empezó a gestionarse en 2016 y recibió la autorización de construcción por parte del gobierno estatal anterior, se encuentra en una zona con una presión sobre el recurso hídrico de 81%, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua.

     Eso quiere decir que el volumen concesionado para ser utilizado en actividades agrícolas, industriales y para el suministro a la población, representa más de cuatro quintas partes del agua que es factible de ser explotada de manera sustentable.

     Fue precisamente el uso de agua por la cervecera en una zona árida lo que generó preocupaciones entre varios sectores de la población al respecto del impacto de la planta en la disponibilidad del recurso en la zona.

     Estas inquietudes no fueron menguadas a pesar de que antes del proceso de la consulta el propio gobierno lopezobradorista confirmó que la operación de la cervecera no implicaba un riesgo de abasto y disponibilidad para el Valle de Mexicali. Una postura que, sin embargo, no fue suficiente como para que las autoridades entregaran los permisos faltantes a Constellation Brands. La idea de la consulta vino posteriormente para intentar encontrar una solución a las discrepancias entre algunos que se oponían a la fábrica y la compañía.

     Hasta el momento, Constellaton Brands no ha emitido ningún posicionamiento sobre el resultado de la consulta, pero a inicios de mes externó al presidente López Obrador la posibilidad de busca otros destinos para sus inversiones si la consulta frena su proyecto productivo en Mexicali. 

     “Aunque consideramos que lo mejor para nuestra empresa y para México es que nuestras marcas emblemáticas de cerveza mexicana se sigan produciendo en México, si debemos expandirnos y no podemos hacerlo en México, podríamos no tener mayor remedio que mirar hacia otros destinos para la producción”, escribió Daniel A. Baima, presidente de la empresa en México, en la carta.

     Si Constellation Brands escoge una nueva latitud fuera del país para hacer cerveza de etiqueta mexicana no sería la primera en hacerlo, puesto que Anheuser Bush InBev y Heineken, las otras dos grandes cerveceras mexicanas ya lo hacen.

     A falta de un posicionamiento actualizado de la empresa, distintas organizaciones empresariales y patronales han externado su respaldo a Constellation Brands y repudiado el actuar del gobierno.

     El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), un organismo autónomo que representa al sector empresarial y regula acciones de organismos de diversos sectores empresariales en México, advirtió que la consulta fue irregular y sus resultados generan un ambiente de incertidumbre jurídica.

     “La democracia tiene reglas; la empresa había cumplido con todos y cada uno de los permisos y obligaciones que el Estado le solicitó, y no existe ninguna razón que justifique la cancelación de la obra ni la inversión”, escribió CCE en un comunicado. “Las consecuencias de esta decisión no sólo afectarán a los habitantes de Mexicali, sino al país entero. La señal que manda México al mundo es que aquí no se respeta la ley, y que no existe garantía alguna para quienes busquen invertir”.

     Por su parte, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), otro organismo de representación empresarial encargado de desarrollar proyectos e iniciativas para el desenvolvimiento de la industria, dijo que el proceso era inconstitucional, y doblemente grave al practicarse a un proyecto privado que había satisfecho los requisitos correspondientes.

     En el mismo tenor se expresaron el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), que aglutina a los más altos directivos financieros de las empresas más importantes del país, y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), un sindicato patronal que aglutina empresarios de todos los sectores que buscan representación en el ámbito laboral y social, también se han expresado en contra.

     “Al margen de lo absurdo de la realización de una consulta que violenta una inversión privada con un alto grado de avance, la consulta debería de ser anulada por no ser representativa de la verdadera voluntad del pueblo y porque no es vinculante jurídicamente”, dijo Coparmex, en otro comunicado. “La idea de la consulta fue suya, él [López Obrador] la ordenó y él puede cancelarla”.

     Los organismos empresariales también criticaron que la consulta se hubiera realizado en medio de la crisis de salud generada por la expansión del coronavirus (covid-19) y el llamado por parte de las propias autoridades federales de activar medidas de distanciamiento social como prevención, algo que argumentan pudo haber desincentivado la participación.

     Claro que el gobierno, sabedor de las consecuencias que la consulta puede generar en futuras inversiones --en tiempos complicados para la economía por la irrupción del coronavirus en la cotidianidad mundial-- y en su relación comercial con Estados Unidos, pretende entablar diálogo con la empresa para estudiar opciones para subsanar los daños.

     “No estamos en contra de la inversión extranjera, mucho menos vamos a estar en contra de la generación de empleos, pero también tenemos que tomar en cuenta la opinión de la gente y también tenemos que cuidar nuestros recursos naturales”, agregó López Obrador esta mañana.

     En ese tenor el presidente dijo en su conferencia matutina que otorgará las facilidades necesarias en caso de que la empresa decida mover proyecto a otra zona de México, con una mejor disponibilidad de agua y ayudar a la empresa “en todo lo que sea necesario”.

     Una opción poco viable, ya que Constellation Brands, que sólo puede comercializar las cervezas de Grupo Modelo en Estados Unidos, eligió ese sitio para atender al mercado de la costa oeste de ese país, debido a su vecindad con California.

     Las regiones con mayor disponibilidad de agua, es decir sin estrés hídrico, están ubicadas principalmente al sur del país, alejadas de la frontera con Estados Unidos.

     Constellation Brands cerró hoy la jornada con una caída de 16% a su peor precio desde finales de 2014.

     Expertos en materia de participación ciudadana también externaron su preocupación al respecto de los resultados.

     “Gana NO en Mexicali. No es malo que se pida opinión de la gente, el problema es cómo: Sin base legal. Sin información certera. Con efectos retroactivos para una inversión con avance del 70%. Afectando empleo. Y además gobierno tendrá que pagar indemnización”, escribió Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores y anterior consejero presidente del Instituto Federal Electoral.

     Otros expertos en la materia que señalan que, si bien este ejercicio no fue ilegal, tampoco está regulado, como sucede con otros procesos de consulta que sí se consideran en la legislación en México, por lo que no tendría un carácter de acatamiento obligatorio y sus resultados podrían ser impugnables.

     “Este es un acto de voluntad del ejecutivo federal que quiere hacer participar a las personas, para conocer una opinión, pero desde el punto de vista jurídico, el resultado no puede ser vinculante, ni obligatorio, ya que no habría fundamento jurídico para negar el proyecto”, dijo Juan Pablo Gudiño Gual, socio fundador y director general de Igual Social Ambiental y Legal Consultores, en entrevista.

     Por su parte el Consejo Consultivo del Agua, en el que participan empresas vinculadas al uso del agua, organizaciones de la sociedad civil y académicos, señalaron que el problema con la planta se vinculaba más a un tema político que a uno de agua.

     “La problemática no se sustenta científicamente en temas derivados de un problema de abastecimiento de agua que provocaría la operación de la planta, ni ningún tipo de estrés hídrico”, dijo esta organización, en su comunicado. “Tampoco iría contra el derecho humano al agua para las comunidades marginadas, como lo ha establecido la Comisión Nacional de Derechos Humanos, algunos medios de comunicación y otros grupos”.

     En contraste, la Coordinadora Nacional Agua para Tod@s Agua para la Vida, que aglutina a varias organizaciones ciudadanas en contra del proyecto, celebró los resultados e instó al gobierno cumplir las tareas necesarias para cancelar la planta.

     “Celebramos la decisión expresada por parte de las y los mexicalenses, y respaldamos su mensaje a empresarios que buscan operar en el país en violación de los derechos humanos”, dijo Agua para Tod@as, en su comunicado.

     “Estaremos atentos al cumplimiento por parte del gobierno federal de las tareas requeridas para cancelar el proyecto de la cervecería Constellation Brands en Mexicali, e impulsaremos la pronta aprobación de una Ley General de Aguas que cierre la puerta a proyectos violatorios del derecho humano al agua”.