Cruzada anticorrupción de director Pemex aun sin convencer a inversionistas

21 de jun. (Bloomberg) -- “Pasajero Octavio Romero Oropeza favor de presentarse en la ventanilla de boletos”, se escucha por las bocinas del aeropuerto de Veracruz, ahogando brevemente el alboroto del vetusto aire acondicionado y la cacofonía de los pasajeros quejándose de los retrasos sufridos en la salida de los aviones.

     El director ejecutivo de Petróleos Mexicanos está retrasado, otra vez. Esa ya es una característica, no un error.

     Emilio Lozoya, uno de los predecesores de Romero, usaba regularmente un helicóptero de la compañía para ir y venir del trabajo y viajar a destinos cercanos, acumulando gastos por 9.8 millones de pesos (511 mil dólares), de acuerdo con una auditoría federal.

     Romero está en el frente de la campaña de su jefe, el presidente Andrés Manuel López Obrador, para librar al país de la endémica corrupción que ha socavado al país. La estrategia implica liderar con un ejemplo austero, y eso es lo que Romero está tratando de hacer en la empresa más importante de México.

     Los impuestos y aranceles pagados por la empresa estatal Pemex contribuyen con 20% del presupuesto del gobierno, por lo que su fortuna y la del país están unidas de manera inseparable. Hoy en día, esa codependencia es más una responsabilidad que una bendición.

     El 6 de junio, Fitch Ratings degradó la calificación de los bonos de Pemex a nivel especulativo, o chatarra, citando la caída en la producción de petróleo de la compañía y el aumento de su deuda, y también recortó la calificación de la deuda soberana de México. Moody's Investors Service tomó una decisión dual similar al cambiar la perspectiva de México y de Pemex a negativa.

     En el transcurso de una entrevista de dos horas el mes pasado, Romero describió sus planes para apuntalar al tambaleante gigante, que tiene un presupuesto anual de 24 mil millones de dólares y que emplea a unas 128 mil personas. Aunque ha estado en el trabajo durante poco más de seis meses, Romero recalcó el éxito de algunas de sus iniciativas personales, incluyendo el nombramiento de leales y honestos partidarios de Morena a puestos de alta gerencia y la ofensiva contra el comercio multimillonario de combustible robado --que se basa en colaboradores dentro de la empresa.

     Como un agrónomo de 60 años sin experiencia en la industria petrolera, Romero no ha logrado convencer a los inversionistas de que su campaña de “manos limpias” equivale a un plan de negocios viable. Dar prioridad a la batalla contra la corrupción es “un error”, dijo Luis Maizel, director gerente senior de LM Capital Group en San Diego, firma que posee bonos de Pemex.

     Maizel sostiene que ese no es trabajo para un director general sino para el departamento de cumplimiento de la reglamentación de la empresa. Romero debería pasar más tiempo pensando en cómo detener la caída de 14 años en la producción de crudo. “Tienes que resolver todo al mismo tiempo”, dijo el administrador de dinero. “No se puede resolver una cosa a la vez”.

     Los analistas quieren ver un plan más concreto con miras a reactivar la producción, especialmente después de que la nueva administración de López Obrador suspendió las subastas que habrían permitido a Pemex compartir la carga financiera del desarrollo de campos petroleros con socios privados.

     Los inversionistas también quieren garantías de que la refinería de ocho mil millones de dólares que el presidente quiere construir en su estado natal de Tabasco no desviará recursos, o la atención de la administración, de esa tarea.

     El logro más importante de Romero ha sido la reducción drástica del robo de gasolina, o huachicoleo como también se le conoce, un problema añejo que se recrudeció en los últimos años a medida que los cárteles de la droga se infiltraron en ésta industria ilícita.

     Inmediatamente después de asumir el cargo en diciembre, López Obrador desplegó soldados para vigilar los oleoductos de Pemex y lanzó una investigación sobre las estaciones de servicio que se sospecha que venden huachicol, o combustible robado.

     La ofensiva coincidió con la explosión de un gasoducto en el estado de Hidalgo en enero, accidente en el que murieron más de 100 personas que se habían reunido ahí para recolectar gasolina que manaba de una toma clandestina.

     Romero dijo que la tragedia solo cimentó su resolución y la del gobierno, y acredita que las políticas redujeron las pérdidas por robo en Pemex en 95% desde noviembre, lo que se traducirá en 32 mil 600 millones de dólares en ingresos adicionales este año.

     Los analistas cuestionan cómo Pemex llegó a esos números: “Sería útil una mayor transparencia en el cálculo de esta reducción”, dijo Ixchel Castro, de la consultoría de energía Wood Mackenzie.

      Romero y López Obrador se conocieron a principios de la década de los noventa en el estado de Tabasco, rico en petróleo, donde ambos se vieron arrastrados por el movimiento de izquierda que desafiaría al monopolio de poder que ejerció el Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante 71 años.

     Cuando López Obrador fue elegido jefe del gobierno del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, en 2000, llamó a Romero para dirigir la oficina administrativa. Un período de cinco años supervisando la burocracia de la ciudad fue un ensayo general para desempeñar su actual cargo. “Pemex gana mucho más dinero que la Ciudad de México, y donde hay más dinero, hay más corrupción”, dijo Romero.

     Su estrategia para limpiar la empresa consiste en “quitar la cabeza del cuerpo”. Reemplazar los altos ejecutivos con su propio equipo no ha producido ningún resultado perceptible en ese frente. De hecho, un veterano de Pemex ascendido a un puesto de primer nivel se vio obligado a renunciar a principios de este año por informes de que había desviado miles de millones de pesos de fondos públicos en su trabajo anterior trabajando en la compañía.

      En la entrevista, Romero hizo eco de la promesa de López Obrador de no atacar a presuntos delincuentes de administraciones anteriores –“no estamos revisando los libros de los que estuvieron ante que nosotros”-- pero esa postura podría estar cambiando.

     A finales del mes pasado, el gobierno emitió una orden de arresto contra Lozoya, el ex director general de Pemex, como parte de una investigación sobre la compra de una planta de fertilizantes. Un tribunal suspendió la orden, pero después fue revocada cuando Lozoya no se presentó a firmar en el juzgado que oye su juicio como se lo habían ordenado, quien también ha negado todas las irregularidades en una declaración que publicó en Twitter.

     Adrián Lajous, quien dirigió Pemex desde 1994 hasta 1999, duda que la táctica de Romero haga mella en la corrupción. “La creencia de que se puede eliminar de manera fácil y rápida de arriba a abajo es una gruesa simplificación”, dijo en un correo electrónico. “Su erradicación requerirá tiempo, una estrategia detallada y una disciplina gerencial sostenida”.

     Los inversionistas están menos interesados en ver a Romero arrancar las manzanas podridas en Pemex que las que contienen la podredumbre en su balance general. Con más de 100 mil millones de dólares, su deuda es la más grande de todas las compañías petroleras. Romero admitió que la situación financiera de Pemex era peor de lo que había anticipado: “Una cosa es lo que se ha leído, escuchado”, dijo. “Otra es cuando llegas y de repente te enfrentas a la realidad de la situación”.

     En su mandato, la compañía ha asegurado líneas de crédito de bancos internacionales, permitiéndole renegociar ocho mil millones de dólares en deuda, quien además declaró una moratoria de dos años en la emisión de nuevos bonos.

     López Obrador ha inyectado capital nuevo y ha tomado medidas para aligerar la carga fiscal de la compañía. Su gobierno está redactando una legislación para renovar el régimen de regalías petroleras, que podría generar una reducción de siete mil 200 millones de dólares en contribuciones de impuestos de Pemex para 2021.

      Romero también está tratando de reducir costos, renegociando contratos de perforación para obtener términos más favorables y eliminando cientos de empleos. Ha interrumpido la exploración y producción en aguas profundas, argumentando que las áreas en tierra y en aguas poco profundas son menos costosas de desarrollar.

      Los inversionistas cuestionan la lógica de reducir el gasto en operaciones de perforación básica mientras que destina fondos a una costosa refinería. “Todo lo que están haciendo es desviar recursos de un bolsillo a otro”, dijo John Padilla, director administrativo de IPD Latin America, un consultoría de energía.

     Padilla y otros observadores de Pemex le dirán que el trabajo más importante de Romero debería ser reponer las reservas probadas de crudo de México, que han caído casi 77% en dos décadas, y aumentar la producción de petróleo. Con 1.7 millones de barriles diarios, la producción ahora es menos de la mitad de lo que era en su punto máximo en 2004.

     Romero señaló un puñado de descubrimientos recientes en tierra y en aguas poco profundas. Aunque admitió que no cifra muchas esperanzas en Cantarell --el gigantesco depósito de la Bahía de Campeche que propulsó la producción mexicana durante décadas pero que está casi agotado en la actualidad-- no se ha disuadido.

     Sus ojos se iluminaron mientras dibujaba un mapa de las áreas de exploración en un trozo de papel. “No son campos necesariamente extraordinarios, pero hemos encontrado algunos depósitos muy importantes”.

Traducido por  Luis Felipe Cedillo

Editado por Michelle del Campo              

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