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Tapachula, Chiapas, 11 de jun. (Dow Jones) -- Un funcionario mexicano de inmigración vistiendo una impecable camisa blanca y pantalones color kaki detiene un microbús, abre su puerta corrediza, atisba en su interior. Varios marinos y policías federales apostados en el lugar, observan impasibles el improvisado puesto de revisión.
Momentos después, dos inmigrantes ilegales bajan del microbús visiblemente molestos. Uno es de Honduras, el otro de Guatemala.
“México ya no nos quiere aquí”, susurra el guatemalteco. Los suben a una camioneta del Instituto Nacional de Inmigración con ventanas protegidas con barrotes para ser llevados a un centro de detención de esta sofocante ciudad tropical ubicada cerca de la frontera con Guatemala.
Es una escena que se ha estado repitiendo con frecuencia en los últimos días en el sur de México.
Cada vez más inmigrantes ilegales están siendo detenidos en las rutas claves utilizadas por los solicitantes de asilo y los traficantes de personas, ahora que el presidente Andrés Manuel López Obrador, a instancias del presidente Trump, ha intensificado los esfuerzos para detener el flujo de migrantes que se dirigen a Estados Unidos.
En los próximos días, se espera que los primeros contingentes de la recién creada Guardia Nacional de México, formada por antiguos miembros de las fuerzas armadas y de la policía federal y encabezada por un general del ejército, lleguen a 11 municipios mexicanos fronterizos con Guatemala.
México dijo que aceleraría el despliegue de la Guardia Nacional como parte del acuerdo entre México y Estados Unidos que evitó los aranceles que amenazó imponer Trump a las exportaciones mexicanas.
Bajo los términos del acuerdo migratorio de último minuto al que se llegó el viernes pasado, si México no contiene la ola de inmigrantes ilegales centroamericanos, el país considerará una demanda de Estados Unidos para que México se convierta en un tercer país seguro, una designación legal que requiere que los solicitantes de asilo permanezcan en México, dijo el lunes Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores.
En total, el gobierno mexicano acordó enviar unos seis mil miembros de su nueva Guardia Nacional que estará conformada por 60 mil efectivos a su porosa frontera sur, como parte de lo que López Obrador llama “pasos sin precedentes” para frenar la migración irregular.
México comenzó a actuar antes del acuerdo del viernes, dijeron residentes locales, activistas de derechos humanos y migrantes, estableciendo puestos de control a lo largo de la carretera de 304 kilómetros que conecta Tapachula con la frontera y tomar medidas similares en la frontera sur de ocho mil 640 kilómetros.
Las autoridades mexicanas detuvieron a casi 24 mil inmigrantes ilegales en mayo y deportaron a unos 16 mil 500, el mayor número detenido en cualquier mes en cuatro años, de acuerdo con datos del gobierno. La mayoría de ellos fueron detenidos cerca de Tapachula, una de las ciudades mexicanas más grandes que bordean Guatemala.
En las últimas semanas, alrededor de 200 miembros de la policía militar de México, que forma parte del ejército, y cerca de 500 policías federales han sido enviados a Chiapas, el estado sureño donde se encuentra Tapachula, dijo un alto funcionario del gobierno.
La ofensiva marca un cambio de rumbo para López Obrador, quien había prometido una estrategia más humanitaria hacia los migrantes que huían de sus países para escapar de la violencia y la pobreza.
Después de asumir el cargo en diciembre, su gobierno facilitó el paso de grupos de migrantes y aceleró la entrega de unas 13 mil visas humanitarias que permitieron a los migrantes moverse libremente en México. La mayoría finalmente llegó a la frontera con Estados Unidos, empeorando la situación ahí.
La semana pasada, las autoridades arrestaron a activistas que apoyan a los migrantes, entre ellos Irineo Mujica, el jefe del grupo People Without Frontiers. Mujica desempeñó un papel clave ayudando a una gran caravana hondureña el año pasado a avanzar a través de México hacia Estados Unidos. Él y otro activista fueron acusados de tráfico de personas, dijeron familiares.
La Oficina del Fiscal General no respondió a las solicitudes para que diera sus comentarios al respecto.
La semana pasada, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público congeló dos docenas de cuentas bancarias presuntamente vinculadas a una red de traficantes de personas. Las autoridades también detuvieron a unos 450 solicitantes de asilo centroamericanos que marchaban en una caravana cerca de esta ciudad.
“La ofensiva de López Obrador contra los migrantes ilegales no tiene precedentes”, dijo Rubén Figueroa, un defensor de los derechos humanos. “Están deteniendo a los inmigrantes más pobres que viajan en caravanas o solos, pero están haciendo poco para desmantelar las redes criminales”.
El plan del gobierno es evitar que los inmigrantes ilegales vayan más allá del istmo de Tehuantepec, una extensión del país de 200 kilómetros de ancho que separa al Golfo de México y el Océano Pacífico que los centroamericanos deben atravesar en su viaje hacia el norte, dijo el funcionario del gobierno mexicano. En el istmo hay alrededor de 10 puestos de control de camino hacia el norte, de Tapachula hasta la ciudad de Tehuantepec, dijeron residentes.
La policía federal también está monitoreando una vía del tren de carga que atraviesa el istmo con dirección al norte de México, también conocido como “La Bestia”, y que es ampliamente utilizada por los inmigrantes ilegales que tienen como objetivo llegar a Estados Unidos, dijeron activistas y migrantes.
La cantidad de inmigrantes ilegales que viajan a Estados Unidos tiende a disminuir durante los calurosos meses del verano, una tendencia estacional que puede ayudar a México a mostrar al menos una disminución a corto plazo en los flujos de migrantes. “Espero que los números desciendan este mes”, dijo Adam Isacson, experto en seguridad y migración de Office on Latin America, un centro de estudios de Washington.
Otra forma fácil de frenar el flujo es tomar medidas enérgicas contra las rutas de autobuses utilizadas por las familias de migrantes, dijo Isacson. Los migrantes que usan estos autobuses pagan sobornos a las autoridades mexicanas y los grupos del crimen organizado para llegar a la frontera, dijo.
“Si los puestos de control funcionaran como se supone que deberían funcionar en lugar de ser una forma de generar sobornos, la estrategia funcionaría”, dijo Isacson.
El despliegue de la Guardia Nacional en la frontera se produce en un momento en el que el gobierno está tratando de contener la ola creciente de violencia criminal. La guardia, cuya principal tarea será combatir el crimen, fue creada en marzo después de aprobarse una reforma constitucional.
Muchos migrantes están consternados y decepcionados por el reciente acuerdo de inmigración de México con Estados Unidos y la continua ofensiva contra la inmigración ilegal.
“El presidente mexicano nos entregó en bandeja de plata”, dijo Reyneri Ortega, una hondureña de 35 años, que ahora se encuentra en la ciudad fronteriza guatemalteca de Tecún Umán. Ella planeaba cruzar el río Suchiate, el cual marca la frontera suroeste entre México y Guatemala, antes de la llegada de la Guardia Nacional.
Traducido por Luis Felipe Cedillo
Editado por Michelle del Campo
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Fecha de publicación: 11/06/2019
Etiquetas: México Política Migración Legislación EUA Acuerdo Ofensiva Inmigración Ilegal Ola Aranceles Imposición Trump Amenaza Bienes Hechos Exportación