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9 de dic. (Sentido Común) -- El gobierno mexicano y los representantes de los sectores obrero y patronal firmaron un acuerdo para reanudar las negociaciones de una nueva regulación del mecanismo de subcontratación --outsourcing-- hasta febrero del próximo año, con la intención de generar un mayor debate sobre los efectos que estos cambios tendrían en materia laboral.
Luisa María Alcalde, la secretaria del Trabajo y Previsión Social, dijo que para lograr esta prórroga se hicieron cuatro compromisos que deberán arrancar antes de que la Cámara de Diputados inicie formalmente la discusión y dictamen de esta reforma a la Ley Federal del Trabajo.
Como parte de este acuerdo, las empresas se comprometieron a evitar prácticas abusivas en el manejo de nóminas --como despedir empleados en diciembre para no pagar los derechos que corresponden--, así como combatir la evasión fiscal.
La secretaria del Trabajo dijo que las partes están de acuerdo en que algunas empresas subcontratistas abusaron del mecanismo de subcontratación, por lo que hay puntos de coincidencia rumbo a la discusión más amplia de la iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“A partir de la iniciativa, se generó un diálogo con los sectores, que no es nuevo, pero que hemos intensificado para lograr acuerdos y compromisos que nos permitan avanzar en este objetivo de regularización”, dijo Alcalde Luján, en conferencia de prensa. “Por ello, se solicita respetuosamente al poder legislativo se pueda posponer al mes de febrero de 2021 la discusión parlamentaria de la iniciativa”.
Por parte del sector privado, Carlos Salazar Lomelín, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, celebró el acuerdo alcanzado con los funcionarios de gobierno y reiteró que los empresarios están de acuerdo con el diagnóstico del problema sobre la subcontratación mas no con la solución propuesta, por lo que seguirán proponiendo mejores alternativas durante las próximas semanas.
Incluso, el representante empresarial aseguró que la nueva iniciativa que presente el Ejecutivo tendrá una visión más amplia sobre los problemas a resolver en la subcontratación, por lo que será una mejor que la presentada originalmente el 12 de noviembre.
“Nosotros siempre privilegiamos el diálogo. . . por eso siempre estaremos en contra de cualquier acción que vaya en contra del trabajador, los empresarios jamás defenderemos alguna irregularidad”, dijo Salazar Lomelín, quien preside al CCE, que es el principal interlocutor de la iniciativa privada con el gobierno, en conferencia de prensa. “Tenemos cosas que celebrar y esto es que podemos estar sentados en una mesa de diálogo junto con nuestros compañeros representantes de los trabajadores y de la autoridad. Estoy seguro que, con todo esto, vamos a llegar a conclusiones muy favorables para todos”.
Así como Salazar Lomelín, no fueron pocos los representantes de organizaciones empresariales quienes también celebraron el acuerdo firmado porque brinda un margen mucho más amplio de negociación que el propuesto en un inicio, en donde se pretendía que la iniciativa fuera aprobada antes del 15 de diciembre y entrara en vigor el primer día del próximo año.
“Que se aplace a febrero es positivo para lograr alcanzar un acuerdo que no ponga en riesgo al empleo, la economía y la viabilidad de las empresas”, dijo Pablo Lezama, el director general de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH), en entrevista telefónica. “Estoy optimista, quiero pensar que se van a llegar a buenos acuerdos y se discutirá el outsourcing como lo que es, un esquema que funciona en el mundo y en el que no hace falta lesionar los derechos de nadie”.
El presidente López Obrador dijo que este acuerdo, si bien deja la mesa puesta para el diálogo, esto no significa que esté dando un paso hacia atrás en su búsqueda para que estas empresas respeten los derechos laborales del trabajador, por lo que adelantó que en las próximas reuniones solicitará que los patrones autoricen un aumento al salario mínimo.
Para el mandatario es lamentable que México sea uno de los países del continente americano con uno de los salarios mínimos más bajos de la región, por lo que aseguró que en la nueva ronda de negociación impulsará la inclusión de este tema.
“Estamos también dialogando sobre el incremento al salario mínimo, no se puede adelantar nada pero es justo y necesario el que se aumente lo más posible el salario mínimo”, dijo López Obrador, ante medios de comunicación. “Es realmente una vergüenza en América Latina el salario mínimo de México”.
De acuerdo con datos de la Organización Internacional del Trabajo y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México ocupa el lugar número 82 de 135 en la lista de países con un menor de salario mínimo, el cual ha mantenido una caída constante durante las últimas cuatro décadas.
Para el gobierno mexicano, la prueba de que el salario mínimo en México, lejos de avanzar haya perdido su poder adquisitivo entre la década de los ochenta y ahora, es prueba de que la regulación no era favorable para la mayoría.
En ese contexto, el director general de AMECH dijo que el tema del salario también deberá de discutirse con mucha seriedad durante las próximas semanas, ya que es posible que las empresas también puedan verse afectadas con este cambio, aunado a los demás ajustes que tendrán que realizar si el Congreso de la Unión aprueba la iniciativa.
“Es algo que tendrá que ir aumentando poco a poco”, añadió Lezama, en la entrevista. “Yo creo que eso podrá irse logrando conforme las empresas vayan asumiendo los incrementos correspondientes”.
Como parte de este diálogo, los representantes empresariales propusieron también revisar la legislación en materia de reparto de utilidades, algo que no estaba incluido en la iniciativa original del Ejecutivo.
Aunque no se detalló, versiones periodísticas revelaron que los empresarios propusieron al gobierno que se cambiara la ley laboral del país en materia de la participación de los trabajadores en las utilidades de una empresa (PTU), con la intención de poner límites a la cantidad que debería pagarse a los empleados cada año.
Lo anterior, con la intención de establecer un límite progresivo (de más a menos) a la cantidad de recursos que podrían obtener los trabajadores, para compensar los costos mayores que posiblemente enfrentarán las empresas.
“Yo creo que en realidad ese es el gran tema. Cómo el reparto de utilidades puede tener un modelo que se aproxime más a la productividad, a la realidad”, agregó Lezama Barreda, durante la entrevista. “Hoy, si tú eres empleado en una empresa y no eres productivo, te llega el mismo porcentaje de utilidades de las personas que trabajan mucho”.
El director general de AMECH dijo que lo importante en esta materia será buscar un modelo que esté ligado a la productividad, el cual evite que las empresas se vean tentadas a acudir a sistemas de simulación sobre la participación de los trabajadores en las utilidades.
A pesar de que los grupos involucrados celebraron la extensión de este plazo, algunos organismos empresariales --como la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex)-- mostraron su rechazo al acuerdo, ya que desde su perspectiva, es injusto que todas las empresas subcontratistas sigan siendo señaladas por estas prácticas irregulares que solo llevan a cabo algunas de ellas.
Estas organizaciones consideraron que las dependencias como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) o incluso la misma Secretaría del Trabajo, no han cumplido con su responsabilidad de vigilar y sancionar a las empresas que violan la ley y afectan a los derechos de los trabajadores, por lo que pidieron mantener un diálogo en donde la postura sobre el outsourcing cambie y no recaiga en argumentos negativos del mecanismo por el que se encuentran contratados más de 4.6 millones de trabajadores en el país.
“Resulta absurdo que se pretenda generalizar y responsabilizar de estas conductas a todas las empresas cuando los ilícitos hayan sido cometidos, en todo caso, por una absoluta minoría”, dijeron Canacintra, CNA y Coparmex, en un comunicado conjunto. “Reiteramos nuestra disposición de mantener el diálogo abierto y franco en el ámbito del poder ejecutivo y, en su momento, con cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión para lograr una ley que priorice nuestra posición en esta materia: regulación sí, prohibición no”.
La secretaria Alcalde Luján dijo que pedirá a la Cámara de Diputados que la nueva iniciativa sea señalada como preferente, para que se pueda discutir y en su caso aprobar en un lapso no mayor a 30 días desde que llegue a ese órgano legislativo.
Fecha de publicación: 09/12/2020
Etiquetas: AMLO Acuerdo Outsourcing Iniciativa Empresarios Empleos Trabajadores