Morena, en Senado, propondrá cambiar ley para tener mayor control calificadoras

6 de mar. (Sentido Común) -- El grupo parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Senado presentará una iniciativa de reforma a la ley para tratar de aumentar los controles sobre las agencias de calificación crediticia que operan en el país y que son responsables de hacer las evaluaciones sobre los niveles de riesgos que implica invertir en diversos instrumentos financieros.

     De acuerdo con Salomón Jara, quien es senador del estado de Oaxaca por Morena, la iniciativa busca reformar el artículo 340 de la Ley del Mercado de Valores, con la intención que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la entidad encargada de regular el mercado bancario y bursátil del país, pueda revocar la autorización a las calificadoras si considera que éstas presenten evaluaciones que carezcan de objetividad o cuando atenten contra la estabilidad financiera.

     “Estamos llegando tarde a una discusión que en distintas partes del mundo ya fueron abordadas hace más de una década, de la perspectiva legal e institucional” de las calificadoras, dijo Jara, en una conferencia.  “No queremos expresar que estamos en contra de ellas. . . pero tiene que haber responsabilidad. No es correcto iniciar un proceso de desestabilización económica o comentar por estar comentando los temas”.

     La propuesta de Morena, que en palabras del legislador no fue consultada con el presidente Andrés Manuel López Obrador y será presentada en el Senado el jueves 7 de marzo, responde a las advertencias que recién lanzó la agencia calificadora Standard & Poor’s (S&P) al recortar la perspectiva de la calificación soberana de México, de ‘estable’ a ‘negativa’ la semana pasada.

     El cambio aplicado por S&P, cuya sede está en la ciudad de Nueva York, a la perspectiva de México, se debe a las expectativas negativas que ha generado el gobierno de López Obrador entre los inversionistas, que podrían derivar en  menor inversión privada y, por lo tanto, en menor crecimiento económico, lo que a su vez golpearía los ingresos fiscales, que requiere el gobierno para pagar sus deudas sin endeudarse.

     Esta opinión que es técnica, sin embargo, no es compartida por los legisladores de Morena, quienes creen que la economía va por buen rumbo y acusan un sesgo negativo de esas empresas contra la administración lopezobradorista.

     “Ya lo decimos el día de ayer, no tienen vergüenza estas calificadoras. No tienen autoridad para expresar lo que dicen”, dijo Jara. “Le hacen juego al mercado, ya lo expresamos. Nosotros descalificamos porque nuestra economía en nuestro país se está fortaleciendo, contrario a lo que han dicho estas calificadoras”.

     S&P’s no es la única agencia que ha entrado en polémica reciente con el gobierno.

      Fitch Ratings también recortó recientemente en dos escalones la nota crediticia de la empresa estatal Petróleos Mexicano y advirtió al gobierno que, en su afán de mejorar la situación financiera de la compañía, podría tomar decisiones que empeorarán la nota soberana del país.

     De ahí que el propio López Obrador ya ha criticado el papel de las calificadoras, porque considera que lo están midiendo con criterios distintos a los que aplicaron en la administración de su antecesor Enrique Peña Nieto.

     “Lo único que puedo reprochar de manera fraterna, respetuosa, a las calificadoras es que durante todo ese tiempo que imperó la corrupción en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad permanecieron callados”, dijo el presidente, en la conferencia de prensa del 5 de marzo, en referencia no solo a la petrolera estatal sino también a la empresa de electricidad del gobierno. “Calificaban con 10, con excelencia”.

     Las observaciones de López Obrador no son del todo ciertas, ya que hace tres años las tres principales agencias calificadoras en el mundo, incluyendo a Moody's Investors Service, degradaron la perspectiva de México de 'estable' a 'negativa' durante el gobierno del presidente anterior por los mayores niveles de endeudamiento en que incurrió el gobierno de Peña Nieto.

     Además del presidente, otros dentro de Morena también han puesto en tela de juicio la capacidad de las calificadoras para pronunciarse sobre los riesgos crediticios del nuevo gobierno, cuando supuestamente no lo hicieron ante problemas pasados, lo cual no es completamente cierto. De hecho la calificación de Pemex la degradó Moody's en dos escaños en plena administración peñanietista. El 31 de marzo de 2016, la calificadora recortó la nota de Pemex de 'Baa1' a 'Baa3', o el último nivel en su categoría de grado de inversión. 

     “Una calificadora que no pudo o no quiso calificar la corrupción, el derroche, la caída de la producción y el robo de combustible está descalificada para calificar el cambio”, escribió Martí Batres, el presidente de la mesa directiva del Senado y quien pertenece a Morena, en su cuenta personal de Twitter, sin hacer referencia a las decisiones que las calificadoras han tomado en el pasado a favor y en contra de los riesgos crediticios soberanos o empresariales, que es a lo que estas compañías se dedican.

      Claro que esta no es la primera vez que las calificadoras crediticias reciben cuestionamientos o son objeto de críticas. Tras la crisis financiera internacional de 2008 y 2009 que surgió de Estados Unidos por los problemas con los bonos hipotecarios de calidad dudosa que las calificadoras consideraban de bajo riesgo crediticio, muchos levantaron la voz para cuestionar la forma como operaban.

     En ese entonces, las calificadoras tenían además evaluada con una nota crediticia de 'A+' al banco financiero Lehman Brothers horas antes que éste anunciara que estaba quebrado, lo que acabó por detonar la peor crisis económica mundial desde la Gran Depresión de los años veinte y treinta del siglo pasado. A ese evento mundial se le conoce hoy como la Gran Recesión.

     Además, las calificadoras también dieron una alta calificación a la entonces mayor aseguradora del mundo, AIG, en aquel entonces, o al gigante energético Enron años antes, hasta días antes de sus respectivos colapsos.

      Además, esas mismas agencias tenían calificados con las mejores notas algunos bonos emitidos por la banca que incluían hipotecas consideradas como basura porque no estaban debidamente garantizadas.

     Claro que también hay quienes consideran que las acciones recientes de las calificadoras en torno a la calidad crediticia del gobierno o Pemex se deben no tanto a lo que ocurrió en el pasado, sino más bien a los efectos negativos que podrían tener algunas políticas del gobierno en el crecimiento económico futuro de México.

     “Creo que están midiendo la capacidad para crecer en el corto y mediano plazo”, dijo Jonathan Heat, uno de los subgobernadores de Banco de México, en una mesa de análisis con el periodista Carlos Loret de Mola, en su noticiario matutino con la televisora Televisa. La baja de calificación “es una señal de que ya el gobierno tiene que hacer algo para que justamente empiece a hacer que este país empiece a crecer”.

     Otros, además, consideran que la opinión de las calificadoras no debería ser motivo de controversias, como parecen querer iniciar los senadores de Morena, pues es solo uno de muchos puntos de vista que existen en este caso sobre el rumbo de la administración actual.

     “Esto de las agencias hay que tomarlo como un granito de sal, no bajaron las calificaciones, bajaron nada más las perspectivas, eso es todo. No hay que hacer una tormenta en un vaso de agua”, dijo Carlos Urzúa, el secretario de Hacienda y Crédito Público, ante reporteros a la salida de la firma de un convenio de colaboración entre la dependencia que el dirige y el Instituto Nacional Electoral (INE), la entidad encargada de realizar las elecciones en México.

     No es claro si López Obrador acompañará esta iniciativa o si mostrará su inconformidad, como ya ocurrió en el pasado ante los cambios que quería hacer Morena a ley de Pemex o a las comisiones que cobran los bancos, sugerencias que no respaldó el mandatario y que finalmente o se desecharon o se modificaron tras negociaciones con los afectados.