México propone reforma a pensiones; elevará aportación patronal, bajará semanas

22 de jul. (Sentido Común) -- El gobierno de México anunció sus intenciones de reformar el sistema de pensiones del país, de la mano con la iniciativa privada, para mejorar los ingresos de los trabajadores al término de su vida laboral.

     Con esta reforma, gobierno y empresas buscan corregir los errores del sistema de pensiones actual, que a 23 años de entrar en operación enfrenta cada vez más cuestionamientos por su viabilidad financiera y porque no garantiza que los trabajadores tengan un retiro digno pese a trabajar por un mínimo de dos décadas y media.

     La propuesta que ahora será presentada ante el Congreso busca elevar de manera paulatina la contribución tripartita --gobierno, empresarios y trabajadores-- a las administradoras de fondos para el retiro (afores) de 6.5 a 15%, así como reducir las semanas de cotización mínimas para poder recibir una pensión, de un límite mínimo de mil 250 semanas a 750, o el equivalente a pasar de 25 años de trabajo mínimo para acceder a una pensión a sólo 15 años.

     “Se trata de cambiar de manera radical las condiciones de retiro de los trabajadores para que tengan acceso a un retiro justo”, dijo Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público, al presentar la propuesta en la conferencia matutina que ofrece diariamente el presidente Andrés Manuel López Obrador. “Es un paso importante para una vida justa de los trabajadores”.

     Herrera Gutiérrez estimó que la propuesta busca aumentar la pensión de los trabajadores en un promedio de 40% con respecto a su último ingreso y que 82% de la población tenga una pensión garantizada, dos de los principales problemas que México enfrenta desde el inicio de este sistema hace poco más de 20 años.

     De acuerdo con cálculos de las autoridades, las tasas de reemplazo --el monto que recibirá el trabajador como porcentaje de su último sueldo-- rondan entre 20 y 30% para en México, el nivel más bajo de los países de la Organización para la Cooperación (OCDE), que promedia una tasa de reemplazo de 63%. Además, tan sólo uno de cada cuatro trabajadores mexicanos obtiene una pensión por los altos niveles de informalidad en el país. 

      Por eso es que esta propuesta intenta atender parte de esta problemática disminuyendo las semanas de cotización y elevando las aportaciones que actualmente están entre las más bajas en el mundo. 

     “Se debe de reconocer que es una gran propuesta”, dijo en entrevista telefónica Jorge Sánchez Tello, directivo de investigación de la Fundación de Estudios Financieros (Fundef), una institución independiente sin fines de lucro que reside dentro del Instituto Tecnológico Autónomo de México. “No soluciona todo, porque tenemos un problema con la informalidad, pero no es el punto de la reforma solucionar el mercado laboral”.

     Desde el inicio de este nuevo sistema de pensiones una de las debilidades que se evidenció fue que las personas que se pasaban al mercado laboral informal, que aglutina 57.7% de la fuerza laboral, no tenían las semanas cotizadas suficientes para acceder a su  pensión. Pero también el nivel de las contribuciones a las afores era bajo con respecto a los sistemas de pensiones en otros países.  

     Para lograr este incremento en los recursos que recibirá el trabajador a su retiro, la propuesta plantea elevar gradualmente la aportación patronal de 5.15 a 13.87% --un aumento de 2.7 veces en un periodo de ocho años--, de acuerdo con la propuesta presentada por Herrera, quien echó por tierra las ideas de una probable estatización del sistema de pensiones como algunos opositores al gobierno habían escrito que iba a ocurrir.

     Este cambio no contempla aumentos en las contribuciones de los trabajadores ni del gobierno, dos de los componentes que conforman la contribución total al sistema de pensiones. Aunque sí contempla cambios para transformar la aportación gubernamental en una cuota social destinada principalmente a los trabajadores que menos ganan.

     De esta manera, la propuesta parece estar dirigida hacia la compensación de las aportaciones para trabajadores que ganan salarios más bajos a través de cuotas sociales, mientras que para los que ganan más de cuatro salarios mínimos el incremento se recargará en el aumento en la contribución del patrón, algo que podría mitigar el que los empleadores de trabajadores con sueldos bajos opten por dejar de cotizar a sus empleados, es decir, que incremente la informalidad en el país.

     Así, la propuesta modifica la aportación del Estado para que vaya dirigida a los trabajadores que perciben hasta cuatro salarios mínimos, con una aportación de 0.225% y una cuota social que va de 8.724% para empleados con un salario mínimo (123.22 pesos en 2020) hasta 1.798%, para los trabajadores que ganen cuatro salarios mínimos, lo que equivale a 347.52 pesos diarios en 2020.

     De esta manera, los trabajadores que ganan de un salario mínimo a cuatro en promedio, con 750 semanas de cotización, tendrían una tasa de reemplazo que se ubicaría entre 46 y hasta 78%, de acuerdo con cálculos de Hacienda. Si se suma la pensión por vejez, el monto que recibirán como proporción de su último salario sería de 58% hasta 103%, este último porcentaje es para el caso de personas que ganan un salario mínimo.

     En el caso del aumento gradual de las contribuciones de los patrones, también se acota en la propuesta que diferirá dependiendo del ingreso. Para las personas que ganan un salario mínimo, la aportación patronal se mantendrá en 5.151%, mientras que será de hasta 13.875% para los empleados con ingresos de hasta 25 salarios mínimos (dos mil 172 pesos diarios).

     Claro que este proceso se dará de manera paulatina, a partir del año 2023 y con incrementos anuales de un punto porcentual durante ocho años, para tratar de darle tiempo a las empresas de prepararse para el incremento del costo de su cuota social.

     “Es un proceso muy gradual. Cuando estamos hablando de ocho años, más dos años o dos años y medio de diferimiento. . .[es para que] las empresas tengan la capacidad de poder adaptar su modelo de negocio y que puedan absorber este incremento del porcentaje de forma razonable y en forma paulatina”, dijo Pedro Sánchez, presidente de la comisión de pensiones del CCE, en una videoconferencia. “Que los empleadores de menores capacidades económicas . . .tengan un costo menor”.

     Si bien los representantes de la industria mostraron su conformidad por esta parte de la propuesta, hay quienes creen que no está exenta de riesgos.

     Este incremento diferenciado de las cuotas patronales limitaría la carga laboral que aumentaría para las empresas, en particular para las pequeñas y medianas, que enfrentan problemas de liquidez en medio de la pandemia de covid-19, dijo Carlos Ramírez, analista de la consultora Integralia, en entrevista telefónica. 

     “Esto aumenta la carga laboral de las empresas, eso en un momento como el actual tiene que ser analizado [. . .] Pero, reitero, parece estar acotado por el hecho de que no le aplica a todos los trabajadores por igual, y eso es bien importante”, dijo Ramírez, quien es expresidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. “Aún hay que analizar su incidencia”.

     El aumento en los costos laborales de una empresa cobra relevancia, porque puede impulsar a los patrones hacia malas prácticas, como las de subcotizar o evadir responsabilidades distorsionando la figura del outsourcing, calificado como ‘outsourcing malo’, dijeron algunos especialistas, con quienes no todos coinciden. . 

     “Esa tentación de subcotizar siempre ha estado ahí, existe. No es fácil de combatir. Con esta propuesta lo que hay que tener mucho cuidado es que no se vaya a incrementar esos incentivos a subcotizar”, agregó Ramírez de Integralia.

     Sin embargo, tanto para Ramírez como para Sánchez Tello, esto no debiera representar mayor problema pues en la presentación se vio el respaldo del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que aglutina a las cúpulas empresariales del país que a su vez representan, en algunos casos, a las pequeñas, medianas y grandes firmas. 

     Incluso, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció el papel de esta organización para lograr los acuerdos necesarios para esta reforma, que ahora deberá lograr el respaldo de una mayoría en las dos cámaras del Congreso de la Unión.

     “No ha sido un trabajo de una persona. Ha sido el trabajo de muchas personas que se han unido dentro del sector empresarial. Que hemos podido encontrar lo más importante, que es una solución a un problema trascendental”, dijo Carlos Lomelín Salazar, presidente nacional del CCE, al momento de su participación durante la conferencia matutina de este martes.

     A estas voces empresariales que mostraban respaldo a la propuesta, se sumaron las de la Confederación de Trabajadores de México, a través del dirigente Carlos Aceves del Olmo; así como las de Mario Delgado y Ricardo Monreal, coordinadores del partido Movimiento Regeneración Nacional, o Morena, en el Congreso, y que tiene peso por tener mayoría en ambas Cámaras.

     “Recibimos con mucho gusto esta iniciativa que será nuestra prioridad en el mes de septiembre”, dijo Delgado.

     Incluso, los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), la segunda mayor fuerza del Congreso, dijeron que había coincidencias con algunas propuestas presentadas anteriormente por ellos, con lo que crece la posibilidad de pasar rápido por el Congreso.     

     “Vemos esta propuesta como algo positivo en comparación con otras ideas recientemente discutidas y el respaldo de López Obrador. . . es ciertamente bienvenida”, escribieron los analistas económicos de la institución financiera Citibanamex en un reporte. Sin embargo, “su discusión y eventual aprobación en el periodo ordinario que inicia en septiembre requerirá reconciliar opiniones dispares al interior de Morena”.