México, con filtraciones, beneficia más que perjudica a Lozoya & Co.

4 de jul. (Sentido Común) -- Uno de los casos más emblemáticos para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en su cruzada por erradicar del país la corrupción es el de Emilio Lozoya Austin, el exdirector general de Petróleos Mexicanos, quien es investigado por presuntamente haber cometido actos de corrupción y lavado de dinero durante su gestión al frente de la petrolera estatal.

     La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público acusó ya a Lozoya Austin de cometer supuestas irregularidades cuando Pemex compró la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados, en 2013, a la compañía siderúrgica Altos Hornos de México (AHMSA). 

     Además, Lozoya Austin ha estado en la mira de las autoridades porque fue acusado por exdirectivos de la constructora brasileña Odebrecht de haber recibido sobornos cuando colaboró en la campaña electoral del expresidente Enrique Peña Nieto.

     El exdirector de Pemex ha negado reiteradamente esas acusaciones.

     Para algunos expertos en asuntos jurídicos, la promesa lopezobradorista de terminar con la corrupción podría, sin embargo, verse entorpecida si los responsables de preparar y presentar las acusaciones no actúan con bajo los más estrictos cánones a fin de poder probar sus acusaciones.

     Uno de los funcionarios que podría no estar actuando como debiera es Santiago Nieto Castillo, el antiguo fiscal de delitos electorales del país y quien actualmente encabeza la UIF. Esto porque él ha sido señalado de haber filtrado información confidencial del caso Lozoya Austin a algunos medios de comunicación.

     “No puedes tú [como gobierno] filtrar información sobre una investigación en curso a medios de comunicación y menos haciendo señalamientos directos a una persona. A eso se le conoce como juicio mediático y ya los organismos de derechos humanos han señalado que eso es contrario a la presunción de inocencia”, dijo Héctor Alberto Pérez, un abogado penalista y académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México, o ITAM, en entrevista telefónica. “La defensa podría alegar en juicio que ya hay una presunción contra su cliente y, en todo caso, pues pedir que se excluya todo tipo de información filtrada”.

     Así, si el gobierno de México no es cuidadoso con la investigación que está realizando y con la información que divulga, sobre todo, con la forma en la que la ofrece, podría, lejos de cumplir con la meta y el compromiso del presidente de castigar a los corruptos, terminar con minar esos esfuerzos.

     “Lo que tiene que hacer el gobierno, desde mi punto de vista, es equilibrar esto siempre y en toda comunicación que haga señalar la presunción de inocencia”, agregó Pérez Rivera. “Me parece que, si uno no es cuidadoso en ese tipo de casos, si uno no cuida que se garantice la presunción de inocencia, siempre, de las personas, se puede cometer un tema contrario”.

     De hecho, para el equipo de abogados de Lozoya Austin, que encabeza Javier Coello, las autoridades --en especial la UIF-- debería tener cuidado con la información que revela ante los medios, porque está violando el debido proceso.

     “Lo que hace la Unidad de Inteligencia Financiera está mal, incluso el mismo fiscal general [Alejandro Gertz Manero] se ha quejado ante medios del señor Nieto”, dijo Javier Coello, en entrevista telefónica. “Por ejemplo, en el caso de mi cliente, obviamente, ¿cómo nos enteramos de que venía el golpe? Pues porque él lo dijo”.

     En una entrevista con la revista Proceso, a inicios de junio, Gertz Manero mostró inconformidad con la fuga de información confidencial y que, desde su perspectiva, permitió la fuga de Lozoya Austin y de Alonso Ancira, el presidente del consejo de administración de AHMSA, quien actualmente enfrenta en España y bajo libertad provisional un proceso de extradición a México.

     La aparente filtración de información a medios de comunicación por parte de la UIF parece que no será el único obstáculo que se encontrará el gobierno para cumplir con el objetivo de combatir la corrupción. La defensa de Lozoya considera que Nieto Castillo invadió atribuciones que no le competen por tener intereses personales, ya que cuenta únicamente con facultades de comprobación.

     Nieto Castillo, sin embargo, respondió a la revista Proceso, en una carta, que su oficina no filtró la información a la prensa y que los datos pudieron haber sido aportados por muchas otras fuentes que él no controla.

     “Cabe destacar que, siguiendo el debido proceso, la UIF en ningún momento hizo público o publicitó dichos requerimientos al sistema financiero. Por tanto, contrario a lo sostenido en la revista Proceso ni el titular de la UIF ni ningún otro funcionario de ésta alertaron por ningún medio a los implicados con el congelamiento de cuentas”, escribió el titular de la Unidad de Inteligencia, en su misiva a la revista.

     La decisión de congelar las cuentas de Lozoya, su esposa y el empresario Ancira, es además otro elemento que el abogado Coello Trejo considera como fuera de las atribuciones de la oficina que compete a Hacienda.

     “El artículo 21 constitucional es muy claro, el único facultado para investigar hechos delictuosos es el ministerio público y el que lo sanciona es el juez”, agregó Coello Trejo. “Con todo respeto yo veo que aquí el señor Nieto, en el caso de mi cliente, pues es una venganza porque él cree que mi cliente lo corrió de fiscal. Si mi cliente lo hubiera corrido de fiscal es porque hubiera sido el presidente de la República”.

     Nieto Castillo fue destituido en 2017 de su cargo como titular de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Electorales (Fepade), días después de declarar al periódico Reforma que recibió presiones y demandas de Lozoya Austin para que lo desvinculara del supuesto caso de soborno que realizó la constructora Odebrecht a altos ejecutivos de Pemex.

     Los abogados del exdirector de Pemex dijeron así que de la misma forma en la que el titular de la UIF ha filtrado información sobre el caso de su cliente, también lo ha hecho con otras investigaciones que ha presentado en contra de otras personas.

     “El mismo caso de Lozoya pasó con Alejandro Quintero, con TV Promo, con el general o con el coronel [Eduardo] León Trauwitz, y con otros”, dijo Coello Trejo, en la entrevista. “O sea, es muy fácil ¿no? Como yo no tengo facultades, pues dame un oficio y lo presenta. Yo creo que ahí tiene la fiscalía que intervenir, ya es público esto”.

     Claro que, por su parte, el titular de la Unidad de inteligencia de Hacienda considera que sus actuaciones no solo están dentro del marco de la legalidad y solo responden a la instrucción que recibió de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad, sin importar de quien se trate.

     “Ningún análisis de la #UIF obedece a intereses personales. Toda investigación se hace con estricto apego a la ley”, escribió el funcionario, en su cuenta personal de la red social Twitter. “Creo que en el fortalecimiento de las instituciones del Estado. Así lo he demostrado a mi paso por los distintos cargos públicos que he ocupado y así lo seguiré haciendo”.