Abogados, ante críticas de López Obrador, piden respetar decisiones judiciales

17 de jun. (Sentido Común) -- Las críticas que recién lanzó el presidente Andrés Manuel López Obrador por los amparos que frenan temporalmente la construcción de un nuevo aeropuerto para México, en la base militar de Santa Lucía, Estado de México, despertaron temores entre algunos quienes ven en la actitud del mandatario una injerencia poco saludable en la división de poderes.

     El mandatario, quien tiene 65 años de edad, dijo que las acciones emprendidas ante los juzgados en México por un grupo de organizaciones civiles no son más que expresiones de sus adversarios y responden a intereses privados de quienes se sienten afectados por la cancelación del que iba a ser el proyecto más ambicioso de infraestructura en México en las últimas décadas.

     Las críticas del presidente surgieron luego que un colectivo de asociaciones civiles, denominado #NoMásDerroches, obtuvo al menos siete victorias en tribunales y logró frenar momentáneamente la construcción del nuevo aeropuerto en Santa Lucía.

     El mandatario volvió a señalar, sin ofrecer mayores pruebas, que las acciones emprendidas por esas organizaciones de la sociedad civil forman parte de una estrategia de sus adversarios políticos, que vieron afectados sus intereses con el fin del proyecto para construir un Nuevo Aeropuerto Internacional de México, o NAIM, en los terrenos del antiguo lago de Texcoco.

     “Claro que hay un interés político y también económico. . . porque los que están presentando estos amparos pertenecen a organizaciones contrarias a nosotros”, dijo el mandatario, en su conferencia matutina del viernes pasado. “No cabe que la verdadera doctrina de los conservadores es la hipocresía y son unos cretinos, con todo respeto, porque ahora que estamos defendiendo a México, defendiendo nuestra soberanía, en vez de cerrar filas y de ayudar, están apostando a que nos vaya mal”.

     Ante esas acusaciones, algunos como la Barra Mexicana Colegio de Abogados, optaron por hacer frente al presidente y pedirle que respete las determinaciones del poder judicial, pero sobre todo que no interfiera en las resoluciones que éste emita, incluso si éstas van en contra de los intereses o proyectos del gobierno federal.

     “Consideramos que es inapropiado que el Ejecutivo Federal intervenga en asuntos jurisdiccionales, mediante acciones mediáticas o de otra índole, que inhiban o cuestionen el ejercicio del derecho de defensa de las personas, que presionen o dirijan al poder judicial”, dijo la Barra Mexicana, en una carta enviada al presidente y publicada en su página de internet el fin de semana. Tampoco debe opinar en acciones “que vulneren la protección de los datos personales de los denunciantes, o en contravención a la división de poderes, toda vez que esas acciones atentan contra el Estado de Derecho”.

      La carta de los abogados, sin embargo, no hizo sino provocar que López Obrador volviera a lanzarse contra las organizaciones que pidieron al poder judicial que frene las intenciones de empezar el aeropuerto de Santa Lucía sin tener noción del posible impacto ambiental que habrá en la zona.

     López Obrador incluso dijo que los amparos del poder judicial le tienen sin cuidado, porque su administración buscaría los medios legales posibles para seguir adelante con la construcción de Santa Lucía a pesar de un posible revés judicial.

     “Ahora que señalé que había una campaña para presentar amparos en contra de la construcción del aeropuerto militar de la Ciudad de México, salió una asociación de abogados diciendo que no se podía hablar del asunto; pues hago uso de mi derecho de manifestación”, dijo López Obrador, en su conferencia del lunes. “Ni modo que me vayan a callar, que ya no voy a poder hablar”.

     Las palabras de López Obrador volvieron a ser objeto de dudas de algunos que creen que el presidente, al lanzar críticas contra quienes no piensan como él, puede ejercer una presión indeseable, sobre todo en el caso de los jueces que terminarán por determinar quién tiene la razón en esta historia.

     “El presidente como cualquier otro mexicano tiene derecho a la libertad de expresión, pero lo que parece o es inapropiado es que como titular del ejecutivo federal lance este tipo de advertencias o amenazas para inhibir demandas o el ejercicio al derecho a la defensa por quien se sienta vulnerado”, dijo Héctor Herrera Ordóñez, el presidente de la Barra Mexicana de Abogados, en entrevista telefónica.

     Los jueces que otorgaron la protección de la ley a las organizaciones civiles pidieron que el gobierno federal demuestre que cuenta con los permisos requeridos de impacto ambiental y otros. Además, ordenaron que no se destruya la infraestructura que ya está edificada en el NAIM de Texcoco, que llevaba un avance físico de entre 20 y 30%.

     “Todo mexicano en nuestro país, conforme a la Constitución, tiene derecho de acudir a los tribunales para la defensa de sus derechos y que tenga razón o no es una cuestión que exclusivamente determina el poder judicial”, agregó el presidente de la barra de abogados, en la entrevista. “No son expresiones que corresponden a un jefe de Estado. Yo exhortaría muy respetuosamente al Ejecutivo Federal a que gobierne para todos los mexicanos sin distinciones, sin discriminación, sin señalamientos de grupos a, b o c, sino que simplemente se refiera a los gobernados de una manera respetuosa”.

     Algunos, incluso dentro del gobierno lopezobradorista, no coinciden con las críticas del mandatario y no ven necesariamente una estrategia política detrás de los amparos contra el aeropuerto.

      “No estoy de acuerdo con el presidente”, dijo Javier Jiménez Espriú, el secretario de Comunicaciones y Transportes federal, a la salida de una reunión con el presidente hoy, de acuerdo con un reporte del periódico Excélsior.

     El ingeniero Jiménez Espriú, quien tiene 81 años de edad, ya había dicho que Comunicaciones y Transportes acataría la determinación del poder judicial en este caso, pero confío en que el gobierno logrará los permisos necesarios para continuar con la construcción del aeropuerto de Santa Lucía.