Emilio Lozoya Austin, el exdirector general de Pemex, dice no acudirá a una audiencia judicial este mes para defenderse de las acusaciones de corrupción por no tener garantías. Foto de AP/Gustavo Martínez Contreras.
Emilio Lozoya Austin, el exdirector general de Pemex, dice no acudirá a una audiencia judicial este mes para defenderse de las acusaciones de corrupción por no tener garantías. Foto de AP/Gustavo Martínez Contreras.

11 de jun. (Sentido Común) -- Emilio Lozoya Austin, el exdirector general de la empresa estatal Petróleos Mexicanos, decidió no presentarse a declarar ante un juez de control para defenderse de las acusaciones en su contra que lo relacionan con diversos actos de corrupción, por considerar que no existen las garantías legales para hacerlo.

     Los comentarios de Lozoya, quien dirigió durante los primeros cinco años del gobierno de Enrique Peña Nieto a Pemex, como  también se conoce la empresa estatal, se producen semanas después que un juez liberó una orden de aprehensión en su contra por sus presuntos vínculos irregulares con el conglomerado brasileño Odebrecht.

     Como parte de ese procedimiento penal, Lozoya había recibido una suspensión provisional que impedía su captura, pero ahora optó por no presentarse a una comparecencia el día 24 de junio, a las 9:30 a.m..

     “Es claro que si me presento a declarar ante el juez de control me van a vincular a proceso y van a pretender dictar prisión preventiva justificada, no obstante que el delito que se me imputa no lo amerita”, dijo Lozoya Austin, en una carta enviada a medios. 

     El exfuncionario dijo que si las autoridades le daban las garantías suficientes entonces estaba dispuesto a presentarse a colaborar completamente con la pesquisa de las autoridades.

     “En el momento que la Fiscalía General de Nación me dé las garantías a las que tengo derecho, de inmediato estoy dispuesto a colaborar y manifestar la verdad histórica y jurídica de todos los hechos suscitados”, agregó el economista, que tiene 44 años de edad.

     Lozoya fue vinculado al escándalo de corrupción de la constructora Odebrecht desde que dos directivos del conglomerado brasileño reconocieron haberle entregado un soborno por hasta 10 millones de dólares, que probablemente se usaron para financiar la campaña presidencial de Peña Nieto, con la intención de obtener privilegios para ganar contratos.

     Durante la gestión de Lozoya, Pemex firmó cuatro contratos de obra pública con Odebrecht y sus filiales en el país. En dos de ellos,  la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el organismo responsable de supervisar las cuentas públicas del gobierno y sus entidades, encontró diversas irregularidades, lo cual provocó que México iniciara cuatro procesos en contra de ejecutivos de la compañía constructora de origen brasileño, sus filiales y sus representantes legales en el país.

     Javier Coello, el abogado de Lozoya, dijo que los contratos que firmó Pemex durante la gestión de su cliente contaron con la autorización de los integrantes de consejo de administración de Pemex y del presidente Enrique Peña Nieto, por lo que deberían ser llamados a declarar otros involucrados en este asunto.

     “Va a levantar polémica, pero lo voy a decir, ¿quién es el que ordena en este país desde hace muchos años? El que tiene el poder Ejecutivo, el Presidente de la República.  El presidente del Ejecutivo es el que ordena, no se mueve una sola hoja sin que lo ordene el presidente”, dijo el abogado, en una entrevista en el noticiero del periodista Carlos Loret de Mola, en la cadena Televisa. “Todo lo que se movió en Pemex, contratos y todo, pasó por el Consejo de Administración de Pemex y las filiales y él (Enrique Peña Nieto) tenía que acordar con el presidente”.

     Antes de conocer su orden de aprehensión, Lozoya Austin fue inhabilitado 10 años por la Secretaría de la Función Pública para desempeñar cualquier cargo público por haber omitido información en su declaración patrimonial, al no declarar que su madre abrió una cuenta de inversiones.

     “Ha habido una persecución en mi contra desde 2017, en donde se me ha acusado, se me ha juzgado y se me ha condenado violando en mi prejuicio los derechos humanos consagrados en la Constitución y tratados internacionales”, agregó Lozoya en su carta. “Detrás de esta campaña mediática hay intereses de poder los cuales serán develados en su momento”.

     Ayer, una investigación realizada por la organización civil Mexicanos Contra de la Corrupción y la Impunidad (MCCI), reveló que Lozoya Austin utilizaba frecuentemente aeronaves de Pemex para volar al edificio sede en Ciudad de México del gigante acerero Altos Hornos de México, quien también fue implicado en el caso Odebrecht.

     Como parte de la investigación a Lozoya, también fue detenido Alonso Ancira, el presidente del consejo de administración de Altos Hornos de México, por presuntamente haber realizado tres transferencias por un total de 3.7 millones de dólares a Grangemouth Trading, una empresa escocesa señalada a su vez como una compañía fantasma utilizada para distribuir sobornos a funcionarios públicos de distintos países, a cambio de contratos.

     De acuerdo con una investigación de Quinto Elemento Lab, una organización de periodistas, las transferencias fueron realizadas un mes después de que Pemex anunció una inversión de 475 millones de dólares para adquirir Agro Nitrogenados, una planta de fertilizantes que era propiedad de Ahmsa y que en ese momento llevaba 14 años sin operar.

     La investigación de Quinto Elemento sugirió un posible uso de esquemas de sobornos similar a los utilizados por Odebrecht por parte de la acerera, pero Ahmsa sostuvo que los depósitos a Grangemouth respondían a la cancelación de un proyecto de expansión de sus siderúrgicas en Monclova en el que el papel de la firma escocesa fue brindar asesoría para buscar, seleccionar, evaluar y cotizar equipo, sistemas y proveedores.

    Ancira Elizondo se encuentra detenido en España, en espera de que sea extraditado a México para responder por las acusaciones que se le imputan.

     La investigación contra Lozoya es el primer proceso penal que abren las autoridades mexicanas contra algún funcionario o exfuncionario de Pemex por el caso Odebrecht, pues hasta antes de hoy la Secretaría de la Función Pública sólo había inhabilitado y sancionado a directivos y subsidiarias del conglomerado brasileño.

     Lozoya dijo que dio instrucción a sus abogados para realizar todas las acciones jurídicas posibles para que tenga un proceso apegado a la ley.

     “He girado instrucciones a mis abogados para que realicen todas y cuantas acciones jurídicas existan para garantizar un justo y debido proceso, en virtud de que me han intentado condenar, violando flagrantemente los principios del nuevos sistema penal acusatorio”, escribió el ex director general de Pemex.

     Lozoya Austin dijo que las autoridades judiciales no encontraron ninguna irregularidad en los casos que describen las investigaciones de Mexicanos Contra de la Corrupción y la Impunidad por lo que decidieron archivar los expedientes.

 

 

 


Fecha de publicación: 11/06/2019

Etiquetas: Lozoya corrupción garantías Pemex Odebrecht