México sufre recorte perspectiva de S&P, ante expectativa menor crecimiento

1 de mar. (Sentido Común) -- La economía mexicana sufrió una degradación en su perspectiva de ‘estable’ a ‘negativa’ por parte de la agencia calificadora Standard & Poor’s ante las expectativas negativas que ha generado el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador entre los inversionistas, que podrían derivar en un menor crecimiento económico.

      Para la calificadora, la decisión del mandatario de reducir la participación del sector privado en el sector energético, combinado con otros eventos, como la cancelación de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en lo que fue el lago de Texcoco, han minado la confianza de los inversionistas y, por tanto, los pronósticos de crecimiento para el país.

     Pesa a su acción, S&P, con sede en Nueva York, confirmó la calificación que brinda actualmente a México de ‘BBB+’, o el octavo sitio en su categoría de grado de inversión.

     “La perspectiva negativa refleja nuestra opinión de que los potencialmente mayores pasivos contingentes y una menor previsión de crecimiento económico podrían erosionar el perfil financiero del soberano, de tal forma que esto podría llevarnos a bajar la calificación”, escribieron Joydeep Mukherji y Lisa Schineller, los analistas soberanos de México para la agencia calificadora, una de las tres más importantes en el mundo, en un comunicado.

     El anuncio de la calificadora se suma a otros que han venido realizando otras agencias sobre la calificación del país, o bien sobre algunas de sus principales empresas. En todos los casos, las perspectivas han ido empeorando ante diversas decisiones del nuevo gobierno que para las calificadoras podrían incrementar la presión sobre el buen estado de las finanzas gubernamentales, como su apoyo total a la empresa petrolera estatal, Petróleos Mexicanos, que enfrenta una delicada situación financiera ante su deuda de cerca de 106 mil millones de dólares y la caída de su producción petrolera a niveles no vistos en 40 años.

     A inicios de esta semana, por ejemplo, Moody’s Investors Services, dijo que si bien la calificación soberana de México no estaba en riesgo, si veía condiciones preocupantes sobre las finanzas públicas que podrían llevarla a recortar la perspectiva actual de ‘estable’ a ‘negativa’, principalmente por el respaldo que unos días antes anunció el gobierno de México a Pemex que podría implicar la entrega de recursos públicos a la petrolera estatal.

     Por lo general, las calificadoras recortan la perspectiva de los gobiernos o de las empresas que monitorean para dar una señal de que ven con preocupación la evolución de ciertos indicadores financieros y económicos.

     Una vez que una calificadora degrada la perspectiva de una nación, estado, municipio, empresa o instrumento financiero, eso indica que a menos de que vea un cambio favorable en ciertas variables en los próximos seis o 12 meses, recortará la calificación crediticia.

     “La perspectiva negativa refleja que existe una probabilidad de al menos una en tres de que bajemos las calificaciones del soberano durante el siguiente año”, escribieron los analistas de S&P en su reporte. “El consecuente debilitamiento del perfil financiero del soberano podría llevarnos a bajar las calificaciones”.

     En el caso de S&P, los elementos que dijo la llevaron a degradar la perspectiva de México son la decisión del gobierno de López Obrador de detener las subastas de yacimientos petroleros que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto venía realizando para capitales privados, por las presiones adicionales que esa decisión traería sobre la petrolera estatal.

     El presidente de México decidió frenar esas subastas ante su apreciación de que los contratos asignado hasta ahora no estaban supuestamente arrojando los resultados esperados.

Hasta antes de la llegada al poder de López Obrador, el gobierno mexicano había subastado 107 yacimientos petroleros en los últimos tres años y medio, con los que obtuvo compromisos de inversión por más de 160 mil millones de dólares en las próximas décadas. Los campos están ubicados tanto en tierra, como en aguas someras o profundas.

López Obrador, sin embargo, ha dicho que si bien no contempla cancelar esos contratos, que surgen por los cambios legislativos y constitucionales aprobados en 2013 y 2014 para abrir el sector energético mexicano a los capitales privados --nacionales o extranjeros--, si quiere ver que arrojen resultados para entonces evaluar si conviene o no reactivar esas subastas.

Por lo general, el presidente ha sido muy crítico de la apertura del sector petrolero, incluso indicando, desde su campaña presidencial, que la asignación de contratos no ha dado resultado, que la llamada reforma energética, como se llaman a esos cambios legales, ha sido un fracaso.

Claro que si bien es cierto que las inversiones ya realizadas en los yacimientos subastados, de cerca de mil millones de dólares, están lejos de los montos comprometidos, las empresas ya han comenzado a producir crudo y gas natural, en una cantidad cercana a los 70 mil barriles de petróleo diario y 175 mil millones de pies cúbicos de gas natural, de acuerdo con la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la agencia encargada de vigilar el desempeño de la industria petrolera.

Sin embargo, López Obrador ha sido displicente con estos logros por su oposición a los cambios que se dieron en el país hace cuatro y cinco años.

Claro que, contrario a esa postura, para S&P la menor participación de las empresas privadas en el sector energético podría implicar una reducción en la inversión que requiere el país, lo que a su vez podría afectar el crecimiento de la segunda economía más grande de América Latina.

Si el crecimiento se frena, entonces el gobierno podría enfrentar un deterioro de sus finanzas por una posible menor recolección de impuestos.

A ese escenario, habría que añadir la posible mayor carga fiscal que tenga que enfrentar la administración de López Obrador por el apoyo que ofreció a Pemex. De hecho, el gobierno ya reveló que planea recaudar menos tributos de la petrolera estatal tras aceptar reducir su carga fiscal y adelantarle el pago de unas obligaciones laborales para ayudarla a enfrentar su situación financiera.

El gobierno incluso presupuesto para este año una inyección de capital de cerca de mil 500 millones de dólares, también para ayudar a Pemex a salir adelante.

“La nueva estrategia para el sector energético coloca una carga financiera adicional sobre Petróleos Mexicanos (Pemex), la cual tiene un legado de débil desempeño operativo y financiero, además de afrontar limitaciones en sus capacidades técnicas”, agregaron los analistas de S&P, en su comunicado. “La combinación de un débil perfil financiero y la necesidad de tomar un rol más activo en el sector energético por parte de Pemex podría aumentar el riesgo de mayores pasivos contingentes para el soberano”.

A la problemática que enfrenta el gobierno, habría que sumar el deterioro en los niveles de confianza que registran algunos inversionistas sobre el futuro económico del país. Si ese debilitamiento no se revierte en los próximos meses, es probable que la economía mexicana no reciba las inyecciones de capital necesarias para fomentar el empleo y el crecimiento del país, lo que podría empeorar más la situación financiera del gobierno.

“Existe el riesgo de que una menor inversión del sector privado pueda reducir el PIB, debilitando la resiliencia económica de México”, agregaron los analistas de S&P. “Eso, a su vez, podría contribuir al deslizamiento fiscal y la incertidumbre del mercado financiero, potencialmente empeorando el perfil financiero del soberano y llevando a una rebaja”.

Los comentarios de los especialistas de S&P van en línea con los resultados de la última encuesta del Banco de México (Banxico), donde los analistas consultados consideran que el clima para invertir en el país, ante la coyuntura actual, ha empeorado.

En enero, 47% de los analistas consultados por el banco central consideraban que era un mal momento para invertir en el país. Un mes más tarde ese porcentaje llegó hasta 63%.

Para S&P otros factores como la cancelación del NAIM, más los planes de cambiar la ley sobre consultas públicas y la introducción de nuevos coordinadores federales para supervisar la asignación de transferencias a los gobiernos estatales, también podrían ahuyentar la llegada de inversión y limitar el crecimiento de México.

“Varias de las acciones de la actual administración han afectado la confianza del sector privado y podrían presionar a la baja las expectativas de crecimiento económico e inversión en el mediano plazo”, dijo la calificadora. “Esto posiblemente inyectaría mayor incertidumbre sobre las políticas públicas de la administración actual”.

Los comentarios de S&P, también van en línea con la decisión de Banco de México de ajustar a la baja sus pronósticos de crecimiento para este y el próximo año, tal como ya han realizado otras instituciones financieras del sector privado, aquí y en el exterior.

Los integrantes de la junta de gobierno del banco central mexicano optaron por ajustar a la baja esa estimación para este año de un rango que iba de 1.7 a 2.7% a un nuevo intervalo que va de entre 1.1 y 2.1%.

Standard & Poor's espera que el crecimiento del PIB de México se ubique en 1.8% en 2019, impulsado por el consumo y limitado por una débil inversión privada.

Con el anuncio de cambio de perspectiva de hoy, S&P toma una acción idéntica a la que adoptaron las agencias HR Ratings y Fitch Ratings a finales de octubre del año pasado cuando fueron las primeras en colocar la perspectiva de México en ‘negativa’.