México apila insinuaciones contra presidente CRE; García Alcocer no renuncia

18 de feb. (Sentido Común) -- La confrontación que mantiene el presidente Andrés Manuel López Obrador con los órganos reguladores autónomos del país, principalmente contra la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y su presidente, Guillermo García Alcocer, lejos de resolverse, empeoró hoy con las acusaciones, sin pruebas y cargadas de insinuaciones, que lanzaron altos funcionarios del gobierno federal contra ese servidor público por aparentes conflictos de interés no reportados de manera adecuada y por supuestas actividades irregulares de empresas no nombradas con posibles vínculos a sus actividades como regulador. 

     En un claro desplante de fuerza por parte del gobierno de López Obrador contra el presidente de CRE, que para algunos observadores rayó en las prácticas de “abuso de poder” que tanto criticó el mandatario cuando fue un político de oposición, diversas dependencias gubernamentales, como la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Unidad de Interligencia Financiera (UIF), que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de Energía (Sener), sacaron todo su arsenal para sembrar dudas sobre la actuación de García Alcocer al frente de la CRE, aún cuando todas sus denuncias carecían de pruebas fehacientes o finales, es decir, se basaban en suposiciones sobre posibles conductas irregulares.  

     Así, el gobierno de México, a través de quienes encabezan esas dependencias de la actual administración de López Obrador, decidió abrir una pesquisa de oficio en contra de García Alcocer por supuestamente no reportar correctamente un posible conflicto de interés y por votar a favor de otorgar permisos a empresas reguladas por su dependencia y en las que aparentemente trabajaban familiares de su esposa, y por ende de él, en segundo y cuarto grado.

     “La Secretaría de la Función Pública ha observado una serie de deficiencias en la regulación relativa, bueno, en la información que el funcionario ha hecho pública y, por lo tanto, de oficio se ha iniciado una investigación a través de la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de conflictos de interés”, dijo Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, la titular de SFP, en una conferencia de prensa en la que ella, junto con otros altos funcionarios, se lanzaron en contra de García Alcocer.

     El origen del malestar del gobierno actual contra el presidente de CRE surgió aparentemente de una observación que hizo el funcionario en torno a los candidatos que había seleccionado López Obrador para ocupar cargos de comisionados en esa dependencia. La observación, que consistió en decir que no vio candidatos con conocimientos de la industria eléctrica, desató aparentemente el enojo del presidente, quien de antemano ha criticado a algunos de los órganos reguladores autónomos por supuestamente haber sido cómplices de acciones en sexenios anteriores para perjudicar a las empresas estatales del petróleo, Petróleos Mexicanos (Pemex), y de electricidad, Comisión Federal de Electricidad (CFE).

     Las dos compañías enfrentan, efectivamente, diversos problemas por actos de corrupción al interior de las mismas y por malas decisiones de gobiernos anteriores, pero no necesariamente, como dice López Obrador, por la actuación de los órganos reguladores de las industrias petroleras y eléctricas. 

    Claro que la manera en que la administración lopezobradorista hizo hoy los señalamientos, sin tener pruebas contundentes de una actitud ilegal, reforzaron, para algunos especialistas, sus temores de que el presidente podría estar usando su poder para doblegar algunas dependencias que estima, junto con sus directivos, incómodas, al grado de condenarlas en la plaza pública sin pruebas.

     “El linchamiento político es resultado de la carencia de argumentos y de elementos verificables para descalificar a un ciudadano. La propensión de los medios al escándalo y la propagación de toda clase de murmuraciones en las redes socio-digitales, favorecen el linchamiento político”, escribió Raúl Trejo Delarbre, quien es académico en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en su columna de opinión en el periódico La Crónica. “Ya se sabe que, aun cuando no esté respaldada por hechos, algo queda después de la calumnia”.

     De hecho, las acusaciones lanzadas hoy, con voces y explicaciones entrecortadas de los altos funcionarios y sin una clara secuencia lógica para acusar a García Alcocer directamente de supuestas conductas irregulares, parecieron, más que nada, buscar denostar al funcionario, que realmente investigar a fondos sus conductas para entonces proceder a presentar denuncias formales. 

     Claro que quien al parecer dio la orden de buscar elementos que pudieran cuestionar la honorabilidad del presidente de la CRE fue el propio mandatario, quien muy temprano por la mañana refrendó los señalamientos que hizo contra García Alcocer el pasado viernes y que, a su juicio, deberían incapacitarlo para el desempeño de sus funciones.

     “Sí existe [conflicto de interés] y hoy les vamos a entregar los documentos y [García Alcocer] no debería de estar ahí; y no es porque nos cuestionó, no, es más profundo el asunto, es que se engañó al pueblo de México haciendo creer que se necesitaban instancias autónomas de expertos independientes”, dijo el presidente ante reporteros, utilizando una argumentación poco creíble ya que el diseño de los entes autónomos no lo propuso el funcionario sino las reformas a las leyes que regulan las actividades energéticas del país de 2013 y 2014. 

     Las acusaciones que lanzaron incluso los funcionarios escalaron a un nivel insospechado al sembrar supuestas duda de posibles delitos graves, como el lavado de dinero y la defraudación fiscal por parte de familiares del comisionado presidente de la CRE. Señalamientos que en ningún momento acreditó Santiago Nieto, titular de la UIF, en su presentación en la conferencia de prensa que realizó con Sandoval y Rocío Nahle, la secretaria de Energía. 

     Al parecer, con esos señalamientos de supuestas actividades ilícitas, Nieto buscó incrementar la presión sobre García Alcocer, quien preside el regulador energético desde abril de 2016, para que renuncie.

     Sin embargo, a pesar de esas posibles tácticas, el presidente de la CRE decidió no caer en la presión que lanzaron los funcionarios del gobierno de López Obrador y optó por mantenerse en el cargo, solicitando al mismo tiempo audiencia con el presidente para poder explicarle cara a cara el trabajo que realiza en la Comisión y su actuar personal, negando incluso las acusaciones que lanzaron en su contra los altos funcionarios al indicar que el supuesto conflicto de interés no ocurrió dado que su votación fue en torno a otra empresa y no en la que participa un familiar de su esposa.

     Para algunos la actitud de García Alcocer es cuando menos honrosa ante la andanada de acusaciones que dirigieron en su contra los diversos funcionarios del gobierno de López Obrador.

     Por ejemplo, la titular de la Función Pública dijo que la investigación, que ha comenzado a conducir, la elabora con la ayuda de Sener por un supuesto potencial conflicto de interés, no probado aún, con cuatro empresas permisionarias de la CRE, algo que negó García Alcocer y que hasta cierto punto el ya había venido  revelando en sus declaraciones patrimoniales: la participación de un primo hermano y de un hermano de su esposa en empresas de energía., 

     Sandoval reconoció que hasta ahora no está probado el posible delito de García Alcocer ya que apenas están arrancando con las investigaciones, aunque si agregó que el presidente de la CRE incumplió en revela un supuesto conflicto de interés por la participación de su cuñado como representante legal de tres empresas relacionadas con hidrocarburos, petróleo y gas.

     El problema de eso, es que si bien CRE regula las actividades de almacenamiento, transporte y distribución de gas y petrolíferos, la dependencia es ajena a regular las actividades en materia de exploración, extracción y producción de hidrocarburos; una distinción que podría hacer falso el señalamiento de Sandoval.  

     El titular de UIF, Nieto, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fue más lejos al también insinuar, sin pruebas claras aún, que el cuñado del comisionado presidente de la CRE incurrió en actitudes vinculadas con el delito de defraudación fiscal. Esto porque Nieto, revelando información quizás confidencial, dijo que el cuñado de García Alcocer hizo 11 viajes a Centroamércia (Guatemala y El Salvador) en el periodo de 2015-2018 que podrían estar relacionados con las transferencias internacionales que las compañías para las que laboró hizo a otros países, sin haber además dejado registro alguno de los fondos en México, algo que podría estar vinculado a actividades de lavado de dinero o defraudación fiscal. 

     “No estamos afirmando nada, sino simple y sencillamente resaltando que se trata de una de las tipologías más conocidas en el ámbito internacional respecto al lavado de dinero”, dijo el titular de UIF en la conferencia de prensa, en una declaración que levantó las cejas de muchos porque pudo rayar en la difamación si al final no se concretan esas acusaciones. 

     Otra de las empresas que para el gobierno genera un potencial conflicto de interés con García Alcocer es Santa Fe Natural Gas, una filial mexicana de la compañía española Fermaca, que cuenta con un permiso de CRE para operar en el país desde el 10 de marzo de 2016 y de la que Santiago García Castellanos, primo hermano de la esposa del comisionado García Alcocer, es su director general.

     El viernes pasado García Alcocer dijo, en otra conferencia de prensa, que él se había excusado de votar en casos que estuvieran relacionados con esa empresa, pero de acuerdo con los documentos de las sesiones públicas de la CRE consultados por Infosel, al menos en un permiso otorgado en junio de 2017 no lo hizo.

     Hoy, en conferencia de prensa, García Alcocer reiteró que no ha votado en casos relacionados con esa empresa, debido a que el señalamiento del gobierno se refiere a otra compañía.

     La secretaria de la Función Pública dijo que estos casos, si bien no beneficiaron los intereses personales de García Alcocer, muy probablemente sí apoyaron a familiares cercanos a él, lo cual es un potencial conflicto de interés que se debe atender.

     La secretaria Sandoval Ballesteros incluso consideró que el comisionado presidente debería dejar su cargo mientras se estudia el caso y, en caso de probarse una actuación incorrecta, podría solicitarse su destitución.

     “Nosotros consideramos que sería bueno [que dejara su cargo] desde luego” mientras se da la investigación, agregó la titular de SFP, en conferencia.  “Evidentemente la ley como está hoy le permite estar ahí. . .[pero] las reformas que estamos impulsando son hacer del conflicto de interés una herramienta de prevención y no una herramienta punitiva”.

     El comisionado presidente de CRE declinó la sugerencia de Sandoval y reiteró que si los funcionarios de López Obrador entendieran las labor que juegan los órganos autónomos como la dependencia que él encabeza, verían que tienen muchas coincidencias en múltiples temas a favor del país. 

     “Quiero manifestar mi preocupación de que se esté utilizando a las instituciones de gobierno con fines políticos, dado que los señalamientos en mi contra iniciaron a partir de que se hicieron públicas mis observaciones sobre el perfil de las ternas de candidatos a los comisionados de la CRE”, dijo el presidente del órgano regulador, en conferencia. “Desde aquí, públicamente, le pido una audiencia al presidente López Obrador. Verá que los organismos autónomos no somos enemigos de su proyecto de nación. Señor presidente, a título personal, le digo. . . ambos tenemos el mismo objetivo: que a México le vaya muy bien. Trabajemos juntos por México”.

     No son pocas las voces de quienes creen que el presidente, al lanzar acusaciones en sus conferencias matutinas, podría estar propiciando un linchamiento que acaba por debilitar contrapesos que son necesarios en cualquier régimen democrático y evitan abusos como los que el mandatario sufrió a lo largo de su trayectoria política.

     “Cuando el presidente habla no habla un ciudadano cualquiera que expresa su punto de vista. La palabra presidencial tiene un impacto directo en la vida de las personas que nombra”, escribió Jesús Silva Herzog, quien es un analista político, en su columna en el periódico Reforma. “La voz del poder no puede ser la voz de la inquina personal y del odio”.