Realidad confrontada: cumplir declaración patrimonio tiene su ciencia

6 de feb. (Sentido Común) -- ¡Ocultó! ¡No oculté! ¡Incumplió! ¡Si cumplí! ¡Fue parcial! ¡Fue total!

Así podría resumirse la controversia que desató la ausencia en la declaración patrimonial de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de un departamento que tiene, en copropiedad con su esposo, en la ciudad de Houston, en el estado de Texas.

El diario Reforma reveló esta mañana que la funcionaria había omitido incluir en ese documento oficial esa propiedad, en lo que consideró como una especie de desacato del compromiso de los miembros del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador de transparentar todos sus bienes.

La funcionaria, sin embargo, no tardó en atajar la crítica del diario, ya que en las primeras horas de la mañana, durante la conferencia matutina de su jefe, salió a aclarar la ausencia de ese activo en su declaración patrimonial.

Sánchez Cordero atribuyó la falta del bien a una especie de falla de comunicación entre ella y la Secretaría de la Función Pública, la entidad responsable de recibir las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos para poder estudiar la evolución de sus patrimonios y así detectar irregularidades o ausencias de bienes que podrían llevar a corroborar acusaciones de enriquecimiento inexplicables, sobre todo si estos se adquirieron durante el ejercicio de algún cargo público sin estar respaldados por los ingresos recibidos en ese periodo.

Yo “solicité hacer pública mi información relativa a los datos patrimoniales y de intereses. En ella se incluía esta propiedad que saca hoy el periódico Reforma, que adquirí junto con mi esposo en el año 2009, hace 10 años”, dijo Sánchez Cordero en la conferencia matutina de López Obrador, ratificando la información dada a conocer por el medio. Ya solicité a la dependencia “aclare las razones por las cuales se reservó esta información, siendo que yo di la instrucción que se publicara”.

En ningún momento, la secretaria de Gobernación desmintió los datos que investigó y reveló Reforma, en cuanto a la ubicación del departamento --en la Torre Park Square--, su dimensión --270 metros cuadrados--, o incluso la valuación oficial del bien inmueble --583 mil dólares, unos 11.1 millones de pesos.

Aunque Sánchez Cordero si fustigó al autor del reportaje por no cumplir con una práctica básica del periodismo de investigación: consultar a la persona o al ente investigado sobre lo encontrado.

“Me sorprende que el periodista José Díaz Briseño no haya atendido un criterio elemental del periodismo: llamarme para conocer mi versión”, dijo la secretaria. “Por ello, solicito al periódico Reforma que haga esta aclaración una vez que pregunten el por qué [no se publicó ese bien]. . . cuando yo solicité que se hiciera público, [que se] hicieran públicos todos mis bienes”.

La historia pudo haber así terminado en una especie de mala práctica periodística, frente a una mala práctica ejecutiva al interior del gobierno para cumplir con la solicitud de Sánchez Cordero.

La historia, sin embargo, no terminó ahí.

A los pocos minutos de los comentarios de la secretaria en el sentido de haber solicitado a Función Pública revelar todos sus bienes, la titular de esa dependencia salió a aclarar que el fallo de la no publicación del bien no se generó en la dependencia que encabeza sino que provino de la misma funcionaria.

De acuerdo a Irma Eréndira Sandoval, es el mismo declarante quien debe de incluir, a través de aclaratorias en el documento oficial, los bienes de terceros o aquellos que tenga en copropiedad, ya que de lo contrario el sistema digital para someter esos documentos, y que es mejor conocido como Declaranet, los bloquea.

     “Se le aclaró. . . que había la situación de que en el sistema de Declaranet todas las copropiedades o propiedades de terceros. . . no tenían la publicidad inmediata o automática y que tendría que haber una nota aclaratoria. . . del propio funcionario público obligado a declarar para que esta publicidad fuera total”, dijo Sandoval en una entrevista radiofónica con el periodista Luis Cárdenas, en el programa Primera Emisión, transmitido por una de las estaciones de la empresa de medios MVS Comunicaciones. “Esta situación fue siempre del conocimiento de nuestra secretaria de Gobernación y aun así ella hizo un esfuerzo por darle toda la publicidad posible a su declaración, entonces yo le hago ese reconocimiento a ella, pero también aclaro que ella sabía, sus asesores cercanos sabían, que esta información en el sistema de Declaranet no iba a ser dada de alta de forma automática”.

Al parecer, sin embargo, el fallo de Sánchez Cordero que señaló Sandoval no es un caso único ni muy probablemente vaya a ser la excepción entre los altos funcionarios del gobierno de López Obrador que deberán hacer pública su declaración patrimonial --algo que sólo ocurre cuando el servidor público así lo indica ya que de lo contrario la información, por ley, permanece reservada para uso exclusivo de la dependencia.

La misma Sandoval al llegar a su cargo actual, el 1 de diciembre del año pasado, y para dar el ejemplo al resto del gabinete lopezobradorista de la importancia de hacer pública la declaración anual, tuvo que repetir el ejercicio luego que el mismo diario Reforma también reveló que ella había reservado todos los datos relacionados con sus bienes.

Sandoval, tras el artículo del medio, agradeció a los periodistas haberle hecho el señalamiento para proceder a hacer públicos sus bienes en copropiedad con su esposo a través de notas aclaratorias en su declaración patrimonial.

Queda claro así que entre la pifia de la secretaria de Gobernación, más la falla de comunicación con la dependencia que recibe y vigila las declaraciones patrimoniales, el llenado de esos documentos requiere, al parecer, de cierta ciencia.