Grupo bonistas NAIM rechaza oferta de recompra de bonos --al menos hoy

5 de dic. (Sentido Común) -- Un grupo de tenedores de los bonos que emitió un fideicomiso de la empresa estatal, Grupo Aeroportuaria de la Ciudad de México (GACM) para financiar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en lo que fue el Lago de Texcoco, rechazó la propuesta que presentaron las autoridades mexicanas para recomprar parte de esos títulos al incluir cambios a los términos de los contratos que reducirían sus garantías de pago.

     El grupo analizó la propuesta "y alberga algunas inquietudes por las que no puede apoyar la versión actual", escribieron los tenedores de los bonos que constituyeron un comité, llamado ad hoc, y al que al parecer se han unido otros acreedores.

     El rechazo inicial, que no definitivo, es un retroceso temporal para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que esperaba convencer a la mayoría de los tenedores de los bonos de cambiar los términos de los contratos para poder proceder entonces a la decisión que tomó la nueva administración a finales de octubre de no continuar con la construcción de NAIM.

     Desde que López Obrador, de 65 años de edad, fue candidato presidencial, dijo que no planeaba mantener ese proyecto por considerarlo muy costoso. Luego cambió su postura al decir que antes de cancelarlo revisaría los contratos para asegurarse que no hubiese actos de corrupción e incluso habló de ceder el proyecto a capitales privados.

     Sin embargo, tras ganar la elección presidencial determinó, con base en una polémica consulta que supuestamente recogió el sentir de la población en torno a la obra, que cuando asumiera el poder cancelaría la construcción del nuevo aeropuerto, independientemente de que en él el gobierno de México haya ya invertido o haya ya comprometido inversiones por cerca de 120 mil millones de dólares (seis mil millones de dólares) que quedarán enterradas en las tierras texcoquenses.

     Claro que ahora como presidente en funciones, el aviso oficial de la cancelación del NAIM no se ha dado ya que de hacerlo se activaría de manera automática un incumplimiento técnico de los términos de los bonos, lo que a su vez aceleraría su pago y lastimaría el precio de otros activos mexicanos.

     Frente a esto, el nuevo gobierno de México está buscando negociar con los tenedores de los bonos una recompra parcial de esos títulos y, lo más importante, ganar su consentimiento para cambiar las cláusulas de los contratos a fin de que frente al aviso oficial de la cancelación del NAIM, los acreedores no decreten el incumplimiento técnico, aceleren el pago de los adeudos por seis mil millones de dólares y generen pérdidas en los mercados financieros del país.

     Claro que hasta ahora, por el comunicado del comité de tenedores ad hoc, esa propuesta no ofrece condiciones monetarias y legales suficientemente atractivas para que ellos acepten la recompra y el cambio de los términos legales de los contratos.

     Eso, sin embargo, no significa que esos acreedores, representados por el despacho de abogados internacional Hogan Lovells, vayan a rechazar toda propuesta que les presenten las autoridades financieras mexicanas.

     Al contrario, el grupo ad hoc sugirió en su comunicado que está dispuesto a sentarse a negociar los términos de la oferta de recompra del fideicomiso mejor conocido como MexCAT, algo que es común que ocurra cuando se presentan estas propuestas para comprar deuda y solicitar consentimientos para cambios legales.

     "El grupo de tenedores de bonos ad hoc de MexCAT está dispuesto al diálogo con MexCAT para abordar estas inquietudes", dijeron los tenedores en el comunicado.

     Hasta ahora, las principales preocupaciones de los bonistas giran en torno a la modificación de las cláusulas para liberar y revocar así las garantías de pago. También genera inquietud la solicitud de eliminar los términos de los contratos que los protegían en caso de un incumplimiento.

      En particular, los bonistas manifestaron estar preocupados de que parte de los recursos que hoy garantizan sus títulos se utilicen para construir otra terminal aérea en el Valle de México, en la base militar de Santa Lucía al norponiente de Ciudad de México, o para modernizar el aeropuerto actual de la capital o el de la ciudad de Toluca --todo con el fin de aliviar el problema de la saturación aérea que vive la capital mexicana y que iba a resolver NAIM.

     Para que la propuesta de recompra y cambio de cláusulas contractuales de los bonos prospere, el gobierno debe recibir el consentimiento de al menos la mitad más uno de los acreedores de las cuatro series de bonos que emitió MexCAT en 2016 y 2017, y que vencen en 2026, 2046 y 2047.       

     No es claro si el comité ad hoc cuenta con un número suficiente de acreedores para que las autoridades mexicanas no reciban 50% más uno de aprobación a su solicitud de cambiar los términos de los contratos de los bonos.

     De acuerdo al comité ad hoc, esos acreedores sí tienen más de la mitad del monto de capital de al menos una de las cuatro series de los bonos que vendió MexCAT, por lo que podría bloquear la propuesta de modificar las cláusulas. 

     Si esa posibilidad es cierta, el comité entonces tendría la posibilidad de exigir mejores términos a los que hasta ahora han ofrecido las autoridades financieras mexicanas para cerrar la transacción.

     La exigencia tendría además peso ya que sin el consentimiento el gobierno no podría anunciar el fin de NAIM, a menos que esté dispuesto a enfrentar una situación un tanto caótica o adversa en los mercados financieros por proseguir con su plan de dar por terminada la obra aeroportuaria.

     Para algunos, una situación como la descrita anteriormente podría presionar al gobierno de López Obrador a continuar construyendo el aeropuerto en lo que fue el Lago de Texcoco, ya que de lo contrario el costo de las desestabilización en los mercados financieros del país por el incumplimiento podría dañar su planes de desarrollo y crecimiento para México al dificultarle hacerse de suficientes fondos privados nacionales y extranjeros para financiar sus proyectos sociales y de infraestructura en los próximos años.