México investiga intermediarios por posible colusión mercado deuda

19 de abr. (Sentido Común) -- La Comisión Federal de Competencia Económica abrió una investigación tras detectar posibles prácticas monopólicas absolutas en la intermediación de valores de deuda emitidos por el gobierno de México y que luego esas instituciones financieras venden a inversionistas.

     Cofece, como también se conoce a la entidad encargada de vigilar el buen comportamiento de los mercados en México, indagará posibles colusiones en las subastas con las que diversas entidades públicas colocan deuda en el mercado. Estas transacciones occurren en el llamado mercado primario.

     La Comisión sospecha que existen posibles acuerdos entre intermediarios para manipular los precios y las tasas de interés que pagan esos instrumentos financieros. También para restringir su oferta, o para segmentar el mercado o hasta para intercambiar información para afectar sus posturas en las subastas y la posterior venta de los títulos a terceros, en el también llamado mercado secundario.

     “Nuestra investigación cubre tanto el [mercado] primario como el secundario”, dijo Carlos Mena Labarthe, titular de la Autoridad Investigadora de Cofece, la unidad encargada de realizar las pesquisas de la Comisión, en una entrevista telefónica. “Estamos analizando con cuidado todo el mercado, especialmente si existen manipulaciones en las subastas” de valores gubernamentales.

     La autoridad antimonopolios cuenta con un periodo de 30 a 120 días hábiles para encontrar pruebas de la posible colusión por parte de intermediarios, o brokers, que participan en la industria. 

     Si en ese plazo Cofece no está satisfecha con los resultados de su averiguación, puede ampliar hasta en cuatro ocasiones el periodo de su investigación, que inició en octubre de 2016.

     La dependencia no ofreció detalles acerca de las empresas o personas de las que sospecha conductas ilegales. 

     No obstante, si la unidad de investigación de Cofece encuentra elementos para considerar que algunas compañías se coludieron en esa industria, podría abrir un proceso en forma de juicio y en su caso sancionar a los responsables por incurrir en esas prácticas ilícitas.

     La potencial colusión de los intermediarios financieros no es cosa menor, ya que puede afectar tanto al gobierno mexicano en lo que paga por financiarse, como a inversionistas privados que adquieren esos papelers.

     Los intermediarios podrían también coludirse en acciones posteriormente para obtener mayores ganancias con las ventas de esos títulos a sus clientes.

     “De existir acuerdos que afecten la intermediación de valores gubernamentales, el daño al erario público y a los inversionistas podría ser grave”, agregó Mena Labarthe. “Cada año el gobierno coloca cientos de miles de millones de pesos en el mercado y que el volumen de valores gubernamentales comercializados puede llegar a ser de aproximadamente cien mil millones de pesos diarios”.

     Cofece no detalló los títulos de deuda gubernamental que podrían ser objeto de esas prácticas monopólicas, aunque los instrumentos que emite el gobierno federal para financiar sus operaciones son: los Certificados de la Tesorería de la Federación, o Cetes; los Bonos de Desarrollo, o Bondes; los bonos gubernamentales de largo plazo, o Bonos M; y los bonos ajustables a la inflación mejor conocidos como Udibonos, por estar precisamente denominados en udis, o unidades de inversión cuyo valor cambia a la par que el crecimiento de los precios en el país.

     La indagación de la autoridad, además, puede incluir a otro tipo de instrumentos que emiten los gobiernos locales, estatales o municipales, u otras entidades gubernamentales. 

     Por ejemplo, los gobierno de algunos estados y municipios coloca entre el público inversionista títulos de deuda que están también incluidos en la indagación de Cofece.

     Por su parte, existen otros bonos emitidos por entidades públicas como el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, o IPAB, la entidad encargada de garantizar hasta cierto monto los depósitos de los ahorradores en la banca; así como instrumentos que emiten empresas estatales y que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, como la petrolera estatal, Petróleos Mexicanos, o la productora y transmisora de electricidad estatal, Comisión Federal de Electricidad.

     “Incluimos todo el universo de emisores”, agregó Mena, en la entrevista. El caso “incluye desde el gobierno federal, el estatal, el municipal” o incluso el IPAB y cualquier otro.

     Cofece revisará un amplio periodo de tiempo y en caso de encontrar culpables a empresas o personas de esa industria, todas podría ser sancionadas. A los individuos la dependencia podría incluso fincar acusaciones penales.

     Mena agregó que Cofece se encuentra trabajando en la investigación de manera conjunta con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como Banco de México, por lo que no descarta que esas dependencias abran investigaciones separadas por el caso.

     “De comprobarse la existencia de una práctica monopólica absoluta, los agentes económicos podrían ser multados hasta con el 10% de sus ingresos”, dijo Cofece en un comunicado. “Las personas físicas que hubieren participado en la celebración, ejecución u orden de este tipo de acuerdos entre competidores, podrían recibir prisión”.

     El gobierno mexicano comenzó a emitir deuda a través de Cetes en 1978 ya que, hasta ese año, la única forma que tenía para financiarse eran los créditos bancarios. Así, en la década de los 80 surgieron las primeras casas de bolsa en México, que 10 años más tarde aumentarían sus operaciones financieras en el país con la liberalización de las tasas de interés.

     Infosel contactó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y a la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB) para obtener su postura sobre el caso, pero hasta el momento ellos no ofrecieron comentarios.