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11 de feb. (Axis Negocios) – Hace poco más de siete años, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto sufrió un golpe periodístico del que, para muchos, jamás pudo recuperarse.
En noviembre de 2014, la periodista Carmen Aristegui reveló una investigación en la que documentó que la primera dama de aquel entonces, la exactriz Angélica Rivera, era propietaria de los derechos para comprar una casa en una de las mejores colonias de Ciudad de México --Lomas de Chapultepec--, donde viviría ella y su marido al término de su gobierno.
La casa la había diseñado ella junto con la empresa, Grupo Higa, un conglomerado que entre muchas compañías tenía una constructora y que además de edificar la futura casa de la pareja presidencial había ganado recientemente la licitación para edificar un tren rápido desde la capital a la ciudad de Querétaro. Uno de los proyectos de infraestructura más relevantes de ese gobierno, valuado en cerca de 51 mil 300 millones de pesos (dos mil 500 millones de dólares).
La revelación de los vínculos de Rivera con Higa y de ésta compañía con el plan para construir el tren a Querétaro, junto con otras informaciones de contratos otorgados al mismo conglomerado cuando Peña Nieto gobernó el Estado de México de 2011 a 2015, provocaron un escándalo mayúsculo que, junto con otros más, como el asesinato, unos días antes ese mismo año, de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa en el estado de Guerrero, minó de una forma gradual pero contundente la reputación y credibilidad de la administración de Peña Nieto, al grado que su partido no pudo retener la presidencia en las elecciones de 2018.
Aun cuando Peña Nieto y otros de sus servidores más cercanos fueron meses después exonerados por la Secretaría de la Función Pública de posibles actos irregulares en la entrega del contrato del tren a una empresa “amiga o consentida”, la investigación periodística marcó para siempre su sexenio ante la suspicacia de la sociedad mexicana de que el presidente, por más que lo negase y por más que las dependencias gubernamentales incumplieran con sus tareas, estaba obteniendo beneficios materiales económicos indirectos de Higa, controlada por Armando Hinojosa Cantú, amigo del presidente.
Para diversos especialistas, el hecho que la misma empresa que construía la futura residencia del mandatario, hubiese ganado, con otras compañías, el derecho a edificar el tren rápido, así como otras obras del exgobernador del Estados de México, dejaba entrever un claro conflicto de intereses, aun cuando la obra de transporte nunca se edificó por recortes al gasto público que tuvo que adoptar el gobierno ante una caída de los precios del petróleo.
La vinculación de la Casa Blanca, que fue el nombre que los medios dieron a la futura vivienda de Peña Nieto y Rivera por estar pintada toda de blanco, con Higa y los contratos gubernamentales otorgados a esa empresa, generó un aura de deshonestidad, corrupción y frivolidad del gobierno de aquel entonces que poco a poco permeó la imagen del presidente hasta convertirlo en uno de los mandatarios más repudiados de México al término de su mandato.
Peña Nieto, que terminó divorceándose de Rivera tras su mandato, terminó su sexenio a finales de 2018 con una tasa de aprobación de 26%, o la más baja de los cuatro presidentes que lo antecedieron, de acuerdo al portal de seguimiento de encuestas Oraculus.mx.
Claro, la degradación constante de la popularidad del mandatario también se debió a otros factores como los casos de corrupción y mal gobierno en diversas entidades gobernadas por miembros del partido de Peña Nieto, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y amigos del presidente; como fueron los gobiernos de Javier Duarte, en el estado de Veracruz, y Jorge Borge, en Quintana Roo --ambos políticos hoy en prisión acusados de corrupción y abuso de poder.
Caso Parecido, distinta casa
Hoy el gobierno de López Obrador está, bajo la interpretación de algunos, en una situación muy parecida, sino es que idéntica; y aunque el mandatario mantiene aún la popularidad más alta de los últimos cinco presidentes a los tres años y dos meses y medio de su gobierno --de 64%--, muchos creen que las similitudes de los casos podrían generar una caída en su nivel de aceptación actual y un rechazo por parte de la población que, en última instancia, le podría dificultar la vida a su partido, Movimiento Regeneración Nacional (Morena), para retener la presidencia en la próxima elección de 2024.
En esta ocasión el potencial conflicto de intereses, que muy probablemente investigarán las autoridades estadounidenses, se centra en una parte del reportaje que dio a conocer el medio digital y audiovisual Latinus y la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) sobre el estilo de vida que el hijo del presidente, José Ramón López Beltrán, sigue con su esposa en la ciudad de Houston, Texas; aun cuando a él se le desconocía tener un empleo formal.
La investigación periodística reveló que López Beltrán y su esposa Carolyn Adams rentaron una casa de 447 metros cuadrados de construcción, con una alberca de 23 metros de largo, con salón de cine, con sala de juegos y otras amenidades en esa ciudad estadounidense, en un claro desafío a la filosofía de austeridad que López Obrador ha mencionado a lo largo de su carrera política.
La casa además era propiedad, al momento que la rentaron, de un alto exejecutivo de Baker Hughes, una empresa de servicios petroleros estadounidense, con sede también en Houston, y que tiene, desde hace casi 60 años, contratos millonarios con la empresa estatal, Petróleos Mexicano.
Si bien esto podría parecer hasta aquí inocuo, no lo es porque mientras López Beltran y Adams habitaron la casa, ya bautizada por los medios y los políticos como la Casa Gris por el color de sus techos y cochera, Baker Hughes recibió al menos dos ampliaciones de dos contratos con Pemex por un total de 177 millones de dólares, de acuerdo con el diario Reforma.
Es aquí, como lo dijo la senadora del partido de oposición, el Partido Acción Nacional (PAN), Xochitl Gálvez, al dar en tribuna su interpretación de lo que ha sucedido, donde surge el posible conflicto de intereses.
“El problema no es que un alto ejecutivo le haya rentado al hijo del presidente. El problema es si no lo declaró. . . Ese es el gran problema”, dijo Gálvez. “Tenemos que conocer si este alto ejecutivo informó a su empresa que estaba rentando esta casa, ese es el sospechosismo que hay. ¿Por qué te vas a vivir a la casa de un[a] empresa contratista de Pemex? Acéptenlo que cuando el presidente era oposición le dio una brutal golpiza a Enrique Peña Nieto y a su esposa, y miren que la señora si trabajaba. La señora al menos era actriz. . . Está muy sospechoso, nada es casualidad”.
La senadora incluso dijo que para evitar los dimes y diretes había ya presentado una demanda a las autoridades estadounidense que supervisan el desempeño de los mercados de valores, donde cotiza Baker Hughes, y al Departamento de Justicia de Estados Unidos para que investiguen si efectivamente López Beltrán y su esposa se beneficiaron o no de su posición, como hijo y nuera de López Obrador, para rentar la casa de Houston a cambio de ayudar a Baker Hughes a lograr la ampliación de sus contratos con Pemex.
La pareja habitó la Casa Gris de 2019 a 2020, antes de mudarse a otra que ellos edificaron, en otro fraccionamiento cercano, también en Houston.
López Beltrán negó ayer haber incurrido en un conflicto de intereses al rentar la casa del alto ejecutivo de Baker Hughes, Keith Schilling, quien también dijo a la agencia informativa Bloomberg que no supo haber rentado la casa al hijo del presidente de México por haberlo realizado a través de una empresa de corretaje inmobiliario.
Sin embargo, la senadora Gálvez, como otros, dijo que es muy cuestionable que el ejecutivo no hubiese sabido a quien rentó la casa, sobre todo por tratarse de una persona "políticamente expuesta", o una persona que por sus vínculos con el presidente de México debió legalmente disparar algunas alarmas que Schilling debió haber atendido.
De todas maneras, López Beltrán, quien reveló en un breve comunicado que trabaja como asesor legal de la empresa desarrolladora de propiedades de lujo KEI Partners, con sede en Houston y en la que participan como accionistas los hijos del empresario Daniel Chávez Morán, dueño de la empresa hotelera mexicana, Grupo Vidanta y asesor del presidente López Obrador, negó, junto con su esposa, haber cometido un conflicto de intereses y agregaron que cuentan con los documentos que entregaran a las autoridades cuando investiguen el caso a fin de probar que no se cometió ese tipo de conflictos.
La empresa en la que el hijo del presidente dijo que trabajaba creo su página de internet hace menos de un día, de acuerdo a diversas personas en la red social Twitter, en donde mostraban que Google indicaba que esa página se "fundó", hacía 21 horas.
El caso ha resonado como pocos porque la compañía estadounidense no goza de la mejor reputación en sus tratos con empresas o gobiernos extranjeros. Baker Hughes ha sido sancionada y multada en el pasado por las autoridades estadounidenses por haber, precisamente, realizado actos de corrupción o de conflicto de intereses.
“Hay un problema ético, acepten que hay un problema de moral. ¿Por qué el hijo del presidente vivía en una casa de un alto ejecutivo, independientemente que hace 60 años [la empresa de ese ejecutivo tuviese contratos con Pemex]? Pues que creen que las empresas son tarugas, pues claro que están a modo con el político en turno y se dieron cuenta que por ahí” podían lograr un beneficio económico, agregó Gálvez en respuesta a las preguntas de dos senadores tras su exposición.
Reacción enfurecida
Un elemento adicional que hace muy similar los casos de la Casa Blanca y la Casa Gris es la reacción que tuvo, por un lado, la primera dama al revelarse el conflicto de intereses de su futura residencia, y, por otro, el presidente López Obrador ante el escándalo que enfrenta por su hijo.
Rivera grabó un video en que, enojada y regañando a quienes la veían y escuchaban, intentó explicar que ella gozaba de recursos propios que le permitieron comprar el derecho para adquirir la Casa Blanca, sin darse cuenta del problema del conflicto de intereses que se había revelado por ser Higa una compañía contratista y aparentemente consentida de su marido y de los gobiernos que él encabezó.
Por lo que se refiere al presidente López Obrador, él también negó de inmediato el conflicto y buscó, primero, distraer la atención buscando crear una disputa diplomática con España por supuestas acciones irregulares que empresas de esa nación habían realizado en el pasado reciente en México y proponer, por tanto, hacer una “pausa” en la relación con esa nación, sin importar que eso podría tener repercusiones graves para México por el intercambio comercial y las inversiones billonarias que tienen empresa de ambos países en las dos naciones. Al día siguiente de proponer la pausa en la relación con España, el presidente se retractó.
Posteriormente, López Obrador lanzó criticas al periodista Carlos Loret de Mola de Latinus, a MCCI y a Aristeguí, a quien antes admiraba por su independencia y quien retomó el reportaje para abordarlo en su programa de radio e internet, descalificándolos al decir que eran corruptos por recibir dinero del extranjero para financiar sus campañas en contra de su gobierno. De nuevo, ignorando el conflicto y mucho menos tratando de aclararlo.
El viernes el presidente llegó incluso a revelar el supuesto ingreso anual de Loret de Mola para supuestamente demostrar que él defiende intereses de sus rivales políticos, quienes supuestamente lo financian para atacarlo un día sí y el otro también, en un acto de deshonestidad periodística.
Las revelaciones sobre los ingresos de Loret que hizo el presidente, independientemente de si eran veraces o no, irritaron a muchos ciudadanos, quienes vieron en esa acción un acto autoritario, de abuso de poder, sin precedente y en contra de la libertad de expresión. El viernes por la noche, una asociación llamada Sociedad Civil México logró congregar a cerca de 60 mil personas en la red social Twitter, en su lugar conocido como Space, en defensa a ese derecho a la libertad de expresión y en defensa a que los periodistas puedan expresar sus puntos de vista e informaciones libres de amenazas.
La reacción es lo que hace pensar a algunos que el presidente López Obrador ahora si cruzó una línea que podría provocar una gradual caída de su popularidad, así como posibles derrotas electorales de los representantes de su partido. Todo esto independientemente de los resultados que genere la demanda de la senadora Gálvez a las autoridades estadounidenses para investigar el conflicto de intereses y que está sustentada en Foreign Corruption Practice Act, la ley estadounidense que regula en ese país las conductas de las empresas y sus ejecutivos fuera de sus fronteras.
La solicitud de Gálvez fue de hecho también esbozada por un accionista de Baker Hughes en representatación de varios inversionistas. El accionista, a través de una carta dirigida a los altos ejecutivos de la compañía, pidió a la empresa revisar lo que puede considerarse como un conflicto de intereses y una violación a los protocolos de la empresa para cumplir con la ley. La petición la hizo con base a que el conflicto de intereses podría generar daños económicos y reputacioneles a la empresa y sus accionistas.
La carta que escribió el accionista Juan Carlos Luna la dio a conocer en su cuenta de Twitter el exsecretario de Relaciones Exteriores de la administración del presidente Vicente Fox, Jorge Castañeda, un crítico de López Obrador.
Este año, los residentes de seis estados elegirán a un nuevo gobernador en México y si bien Morena ha encabezado las encuestas de cinco o cuatro de ellos, el conflicto de intereses y el manejo del mismo por parte del presidente podría golpear las posibilidades de triunfo de sus candidatos.
Esto porque Morena llegó al poder bajo la promesa de López Obrador de terminar con las prácticas irregulares y corruptas que han existido en México a lo largo de décadas, independientemente de que partido lo ha gobernado, tanto cuando el PRI dominó al país a lo largo de ocho décadas, o más recientemente con la alternancia de partidos en el poder entre el PRI y el PAN.
En ese sentido, Morena, liderado por López Obrador, parecía ser la mejor opción para acabar con los malos gobiernos, algo que el escándalo de la Casa Gris parece estar dando al traste.
“El tema de fondo no es que, si se fue a rentar una casa, el tema de fondo es que hay negocios de por medio”, dijo Gálvez. “No es un delito hacer negocios, el problema es hacerlos al amparo del poder. . . Respecto a que si los gobiernos anteriores [eran corruptos], por supuesto, pero ustedes dijeron que iban a ser diferentes. Ustedes se llenaron la boca de ofrecerle a los mexicanos que no eran iguales. Salieron peores”.
Fecha de publicación: 11/02/2022