Anaya, del Frente, dice bajará precio gasolina mediante recorte impuestos

7 de may. (Sentido Común) -- Ricardo Anaya Cortés, el candidato de la coalición Por México al Frente, formada por los partidos Acción Nacional (PAN), De la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), dijo que en caso de ganar propondrá una reducción a los impuestos que actualmente cobra el gobierno por la venta de gasolina a fin de reducir el precio de ese combustible.

     En un mitin celebrado en Durango, el candidato del Frente dijo que con ese recorte a la tasa impositiva buscará reducir el efecto negativo que tiene el precio actual y alto de ese combustible en los bolsillo de las familias mexicanas. 

     “Nuestra propuesta es una propuesta seria. Como ustedes saben, hoy el 36%, casi el 40% de lo que la gente paga por un litro de gasolina son impuestos que está cobrando el gobierno”, dijo Anaya, quien tiene 39 años de edad, ante reporteros en Durango. “Nosotros votamos en contra de buena parte de esos impuestos porque estamos convencidos de que es una carga económica absolutamente excesiva para la gente y que bajar el precio de la gasolina implicaría un gran alivio para la economía de las mexicanas y de los mexicanos”.

     Con su planteamiento, Anaya va más lejos de lo que propuso Andrés Manuel López Obrador, el tres veces candidato presidencial, quien se comprometió a no subir los precios de los combustibles en términos reales para evitar castigar los ingresos de las familias. 

     Claro que la propuesta de Anaya, en comparación con la de López Obrador, podría ser más onerosa en las finanzas públicas, pues en su caso el candidato del Frente tendría que reducir en una proporción mayor los impuestos a las gasolinas si el costo de producirla, por un mayor precio del crudo o por una mayor devaluación del peso, supera el recorte a los impuestos. 

     Las dos propuestas, muy probablemente, generen rechazo de quienes están en contra de subsidiar ese combustible no sólo porque es un beneficio para las clases medias y altas que son propietarias de vehículos individuales, sino también porque al hacerlo incentivarían el uso de un producto nocivo al medio ambiente.  

     Las dos propuestas además muy probablemente sean criticadas por quienes están en contra de que el gobierno vuelva a ejercer control sobre los precios de los combustibles, sobre todo ante la recién apertura de la industria del almacenamiento, distribución y venta de combustibles a los capitales privados. 

     Los inversionistas en esos sectores quieren que sea el mercado el que dictamine el precio de los combustibles para tener con conocer con mayor certeza la rentabilidad de esas nuevas actividades. La intervención estatal distorsiona esas señales que podrían inhibir las inversiones en esos sectores y que hasta 2014 estuvieron reservados a la empresa petrolera estatal, Petróleos Mexicanos.

     A partir de 2017 el gobierno inició un proceso paulatino de liberación de los precios de los combustibles, con la intención que más empresas ingresaran a este negocio luego de casi ocho décadas del monopolio  de Pemex.

     Como parte de esa estrategia, el gobierno elevó entre 14 y 20% los precios de las gasolinas de alto octanaje (Premium), bajo octanaje (Magna) y diesel, algo que generó inconformidad entre una amplia mayoría de la población y al mismo tiempo propició un repunte de la inflación en México a niveles que no había observado el país en 16 años y medio al pasar de menos de 3% a poco más de 6%.

     Ahora, con la eliminación del control que ejercía el Estado sobre el precio del combustible, las empresas que ya participan en el negocio de venta al público determinan ese valor con base en diversos factores como el valor del combustible en los mercados internacionales, el nivel del tipo de cambio para calcular su precio en pesos, el costo de almacenarlo y distribuirlo, así como los impuestos que deben pagar por la gasolina.

     Anaya prometió así aplicar su estrategia de bajar los precios mediante una reducción del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) que pagan los consumidores.

     La opción del candidato del Frente busca no afectar los ingresos que obtienen las empresas que están participando en el negocio gasolinero ya que quien sacrificaría ingresos sería el Estado, más no el propietario de la estación de servicio o de quien almacena, transporta y distribuye el combustible. 

     De acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el país obtuvo ingresos tributarios por 748 mil 390 millones de pesos entre enero y marzo de este año (38 mil 580 millones de dólares), un avance de 1.7% con respecto a lo recaudado por ese concepto en los tres primeros meses de 2017.

     No obstante, el rubro de IEPS, que incluye el gravamen a las gasolinas, y a otros productos como las bebidas azucaradas, el alcohol y el tabaco, cayeron 5.1% en términos reales, al pasar de 87 mil 577 millones (cuatro mil 515 millones de dólares) en los primeros tres meses de 2017 a 87 mil 485 millones (cuatro mil 500 millones) en el mismo lapso de este año.

     Actualmente ya operan en México alrededor de 30 empresas con una marca de venta de gasolinas y diesel distinta a Pemex, las cuales incluso ya tienen una participación total de 21% de ese mercado.

     Así, para algunos la la propuesta de sacrificar ingresos presupuestarios para subsidiar el costo de las gasolinas es una mala idea.

     “Mala propuesta de @RicardoAnayaC el bajar IEPS a combustibles (fiscal y ambientalmente hablando)”, escribió Héctor Juan Villarreal, el director general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), un centro de investigación de la sociedad civil cuyo propósito es hacer estudios sobre la fortaleza del sistema fiscal, en su cuenta personal de Twitter. "#Si llega a ganar, no va a poder cumplirla”.