Profepa multa con 22.9 mdp a Grupo México por derrame en Sonora

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, o Profepa, dijo que multó a la empresa minera Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, con 22.9 millones de pesos (1.5 millones de dólares), tras encontrar 55 irregularidades en la empresa, algunas de ellas asociadas con el derrame de 40,000 metros cúbicos de una solución de sulfato de cobre en los ríos Sonora y Bacanuchi en agosto del año pasado.

     La Profepa dijo en un comunicado que las irregularidades ya fueron subsanadas por la empresa y debido a que no existe un riesgo inminente para el medio ambiente, ordenó el levantamiento de las dos clausuras parciales impuestas a las instalaciones de la minera en septiembre --en las áreas de lixiviación que se encuentran hacia el Bordo Poniente y en el represo Tinajas 1 del proyecto Terreros de Lixiviados Tinajas.

     El derrame de la solución de sulfato de cobre, que equivalió a 16 albercas olímpicas, generó daños a las localidades cercanas, así como la suspensión, por varios días, del suministro de agua potable en siete municipios de Sonora, generando problemas a 22,000 habitantes de esa zona. 

    Las multas establecidas por la Profepa corresponden a un pago distinto a los 2,000 millones de pesos (151 millones de dólares) destinados por la empresa para reparar el daño y con el cual se estableció un fideicomiso administrado por un comité técnico integrado por el gobierno, la empresa y especialistas.

    Las 55 irregularidades encontradas por la Procuraduría se integraron por: tres irregularidades relacionadas con el derrame de sulfato de cobre acidulada, por lo que Profepa impuso una multa por 7 millones de pesos (466,666 dólares); siete irregularidades en materia de residuos peligrosos que representaron un pago de 596,551 pesos (39,770 dólares); nueve irregularidades en materia de atmósfera que valieron una multa de más de 4 millones de pesos (266,666 dólares) y 36 irregularidades en materia de impacto ambiental por 11 millones de pesos (733,333 dólares).

     La procuraduría "continuará sus visitas de inspección para verificar el cumplimiento de las medidas correctivas ordenadas en las resoluciones administrativas a la empresa, y en caso de incumplimiento podrán imponerse nuevas sanciones", dijo Profepa en el comunicado.