México denuncia firmas, personas por campaña negra, lavado dinero serie TV

14 de mar. (Sentido Común) -- El gobierno de México dijo que presentará una serie de denuncias en contra de personas y empresas que participaron en el financiamiento de una serie de televisión llamada ‘Populismo en América Latina’ por la posible violación de leyes electorales al realizar propaganda ‘negra’ o ‘sucia’ el año pasado, así como por un probable lavado de dinero.

     La serie, que fue elaborada por la compañía productora La División, que pertenece a la empresa Piña Digital, iba a salir al aire a mediados del año pasado y supuestamente narraba en varios episodios los peligros del populismo en Latinoamérica, una manera de pensar que se asocia con políticos de derecha e izquierda que buscan, con ofertas atractivas para los que menos tienen, perpetuarse en el poder.

     No obstante, no logró acordar su distribución y no fue transmitida en México, por lo que sus creadores acusaron al entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador y contra quien iba dirigida supuestamente, de censura.

     Si bien los productores de esa serie dijeron que tenían contratos con distribuidoras de contenidos como la empresa de videos por demanda Netflix o el canal de cable National Geographic, estas compañías negaron haber sostenido negociaciones para su distribución.

     La División incluso pagó campañas de publicidad en autobuses de las principales ciudades del país y el productor, Javier García Mata, dio entrevistas en medios donde pidió a López Obrador que no bloqueara su exhibición.

     Ahora, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF),  descubrió que la serie documental fue financiada por las empresas Grupo TV Promo y TV Promo, que buscaban transmitirla para dañar las aspiraciones de López Obrador, quien a la postre resultó vencedor en la elección presidencial por un amplio margen de ventaja.

     Santiago Nieto, el titular de la UIF, dijo que las líneas de investigación señalan a Alejandro Jesús Quintero Íñiguez, quien es accionista de Grupo TV Promo y TV Promo y exejecutivo de Grupo Televisa, como quien estuvo detrás del documental. 

     Quintero Íñiguez, quien fue vicepresidente de comercialización de Televisa y colaboró como asesor del expresidente Enrique Peña Nieto en su campaña presidencial de 2012, ya había sido señalado por López Obrador como el autor de esta campaña de desprestigio.

     “Fue orquestada a partir de dos personas en particular. Alejandro Quintero Iñiguez, el primero, el publicista, y el segundo, el caso de Piña [Digital], como las personas que instrumentaron el modelo para pagar el documental el Populismo en América y, por tanto, la investigación será contra cualquier persona que esté vinculada con los hechos”, dijo Nieto Castillo, en la conferencia de prensa matutina de esta mañana.

     Las autoridades financieras dijeron además que en su pesquisa encontraron que la empresa Conaxis recibió 96.9 millones de pesos por parte del Consejo Mexicano de Negocios al inicio del proceso electoral, en julio de 2017. Conaxis, a su vez, destinó 18.5 millones de pesos a Piña Digital y 34 millones a favor de Martha Matilde Mejía Montes, quien fungió como intermediaria de Quintero Íñiguez para entregarle 418 mil dólares, de acuerdo con UIF.

      Además, la empresa Bufete de Proyectos Información y Análisis, que cuenta entre sus accionistas a Federico y Ariel Berrueto Pruneda, ambos aparentemente vinculados con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), envió 47.9 millones pesos a Grupo TV Promo, dijeron las autoridades

     Federico Berrueto es director general de la compañía Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE), una firma responsable de realizar estudios de opinión pública en México.

     “A través de los vínculos de investigación, se cuenta con información de una supuesta factura de casi ocho millones de pesos que demuestra el vínculo entre Grupo TV Promo SA de CV y Piña Digital S de RL de CV, en julio de 2017”, dijo Hacienda.

     Tanto el CMN como Berrueto Pruneda rechazaron las acusaciones del gobierno. En el caso de CMN, el organismo dijo que su involucramiento esta mal enfocado ya que realiza, o paga, diversas actividades de diseño, producción, comunicación con diversas agencias prestadoras de servicios, como las que indicaron las autoridades, pero no con los propósitos señalados.

     Berretuo por su parte dijo que estudiará qué acciones legales puede tomar ante la denuncia del gobierno.

     “Son irresponsables las afirmaciones de Santiago Nieto en nuestro perjuicio y nos reservamos nuestro derecho para aclararlas”, dijo Berrueto, en un mensaje enviado al equipo de periodistas que comanda Ciro Gómez Leyva, en su noticiario de Radio Fórmula. “Los pagos referidos se hicieron en 2017 por servicios de comunicación y nada tienen que ver con política o elecciones”.

     Nieto agregó que la empresa Bufete de Proyectos Información y Análisis pudo ser utilizada para desviar recursos de la antigua Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), durante el periodo 2012-2015, así como de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en el periodo 2015-2018, durante la gestión en ambos casos de Rosario Robles Berlanga.

    Además, el gobierno reportó a Bufete de Proyectos Información y Análisis por realizar operaciones fuera de su perfil transaccional, tener operaciones efectuadas de manera estructurada sin la permanencia de recursos en sus cuentas y por posiblemente ser una empresa fachada .

     El también exfiscal electoral dijo que la denuncia que presentará su dependencia busca ejemplificar una conducta que está prohibida por la ley y que incluso ahora será castigada más severamente, a raíz de una reforma constitucional que avaló el Congreso para hacer que los delitos electorales sean considerados graves, por lo que los jueces podrán ordenar prisión preventiva oficiosa para quienes lo cometan, sin derecho a fianza.

     “Más allá de la campaña negra en sí, existen implicaciones en el sistema electoral relacionadas con financiamiento ilícito a las campañas electorales”, dijo el titular de UIF, en la conferencia.

     Las denuncias serán presentadas ante la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade), por la campaña negra, así como ante la Fiscalía General de la República (FGR) por un probable lavado de dinero, agregó Nieto.

     López Obrador, por su parte, dijo que las denuncias que presentará la UIF no corresponden a un acto de venganza de su parte, sino que son un ejemplo para la sociedad sobre las consecuencias de cometer estos delitos.

     “Esto la verdad que ni siquiera es porque se trate de un agravio a nosotros, no es venganza”, dijo el mandatario, en su conferencia . “Es ponerlo de ejemplo porque ilustra hacia adelante, pero no es el propósito para nada vengarnos e invitar, nada más, a que todos respetemos la legalidad”.

     Como consecuencia de una de las más recientes reformas constitucionales, el fraude electoral se integró al catálogo de delitos graves, por lo que ahora cualquier proceso de investigación que se inicie se dicta prisión preventiva de forma oficiosa, es decir, las personas deberán permanecer en la cárcel durante todo el proceso judicial y de investigación.

     No obstante, las penas previstas a partir de la reforma constitucional no serán aplicables a los que resulten responsables de este caso, dado que ninguna ley puede ser aplicada retroactivamente en perjuicio de alguien.

     Para algunos, la decisión del gobierno de indagar este caso no deja de sorprender, debido a que hay otros casos en manos de las autoridades que podrían tener más repercusión que la campaña orquestada contra el presidente, que además no tuvo el menor eco.

     “¿Y cuando acaben podrían retomar el caso Oderbrecht, como prometieron en campaña, si no fuera mucha molestia, por favor?”, escribió Carlos bravo Regidor, quien es académico en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y columnista, en su cuenta personal de Twitter.