Cocaína, sobornos: cómo Maduro controla militares alto rango

8 de feb. (Dow Jones) -- Vladimir Padrino es el ministro de defensa de Venezuela. Gerardo Rangel es un general importante del ejército. Nestor Reverol es un ex comandante de la Guardia Nacional que supervisa el Ministerio del Interior y de Justicia.

También son, de acuerdo con el Tesoro de los Estados Unidos, los narcotraficantes y organizadores de los sobornos que operan dentro de la empresa criminal que es el régimen de Nicolás Maduro.

El lavado de dinero, el fraude, la minería ilegal y otros delitos supuestamente conforman la piedra angular de este negocio, que es lo que los críticos sostienen que es la base del poderoso vínculo entre los militares y Maduro. El acuerdo evidente, como lo expresó Diego Moya-Ocampos, analista de IHS Markit, es que “si Maduro cae, ellos también caen”.

Es por eso que Juan Guaidó, el líder de la Asamblea Nacional que afirma que ahora es el legítimo presidente del país, enfrenta una batalla muy ardua al tratar de lograr que los altos militares le den la espalda a su comandante en jefe.

En cada momento crucial del descenso de una década hacia el autoritarismo en Venezuela, el ejército estuvo ahí para apoyar a los gobernantes, a Maduro y a su mentor Hugo Chávez antes que él.

“Maduro lidera un gobierno militar y el alto mando forma parte del gobierno”, dijo Moya-Ocampos. “Sería muy ingenuo pensar que van a hacer algo diferente”.

Guaidó ha estado presionando agresivamente a los soldados y generales para que lo reconozcan como presidente, algo que Estados Unidos y muchos otros gobiernos extranjeros hicieron recientemente. Así de difícil es el desafío de convencerlos para la nueva cara de una oposición revitalizada, uno que tiene que superar para tener éxito en su intento de derrocar a Maduro.

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana es sin duda el electorado más importante del país devastado por la crisis.

Hasta el momento, Guaidó y sus compatriotas en la Asamblea Nacional han hecho esta oferta: amnistía de protección por su presunta corrupción y abusos a los derechos humanos a cualquier miembro que deserte.

Eso, dijo Moya-Ocampos, “podría funcionar en los rangos medios o más bajos. Pero en los rangos más altos, eso no será suficiente”.

Maduro simplemente les ha dado demasiadas recompensas lucrativas, que de acuerdo con Estados Unidos les han permitido acumular enormes fortunas. Los rangos superiores controlan puertos, tienen contratos para llevar a cabo cientos de proyectos de vivienda social y valiosas concesiones de minería y servicios petroleros, y también mantienen las riendas de la joya de la corona de Venezuela, Petróleos de Venezuela.

Incluso en esta fea etapa del devastador declive del país, sería sorprendente que la mayoría de los líderes militares no continuaran respaldando al régimen, dijo el historiador Tomas Straka, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas. “Sus intereses económicos y su visión están completamente fusionados con los de Maduro”.

Esos intereses, en opinión de Estados Unidos, son ilícitos y condenatorios. Nikki Haley, la anterior embajadora de Estados Unidos en la ONU, calificó a Venezuela como “un narco-estado criminal que está robando a los venezolanos”.

Desde 2015, Estados Unidos han sancionado a más de una docena de funcionarios de seguridad de alto rango actuales y anteriores por acusaciones de corrupción, tráfico de cocaína y abusos contra los derechos humanos por sus supuestos roles en la lucha contra la disidencia durante las protestas antigubernamentales.

Maduro ha calificado las sanciones de Estados Unidos como infundadas,  resultado de acusaciones inventadas.

Traducido por  Luis Felipe Cedillo