GACM con oferta recompra bonos tienta aguas costo cancelar NAIM

3 de dic. (Sentido Común) -- Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) lanzó, a través de un fideicomiso, una oferta para recomprar parte de los seis mil millones de dólares en bonos verdes de largo plazo que emitió en mercados internacionales en años pasados para financiar el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

     Con la propuesta de recompra, la empresa estatal, con sede en Ciudad de México, busca no sólo reducir el nivel de endeudamiento relacionado con esa obra sino también obtener otro tipo de concesiones de sus acreedores para poder poner fin al proyecto sin tener que pagar alguna penalidad por hacerlo o sin tener que ser sujeto de demandas en cortes de Nueva York.

“La transacción es parte de un plan integral para abordar los derechos contractuales de todas las partes interesadas en el desarrollo de infraestructura aeroportuaria en el área metropolitana de Ciudad de México”, dijo el gobierno de México, dueño de GACM, en uno de los dos comunicados que emitió para anunciar su programa de recompra de deuda aeroportuaria.

     La búsqueda de una solución al problema de los adeudos del fideicomiso de GACM se da porque el nuevo gobierno de México, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien inició actividades el sábado, está en contra de continuar con NAIM, por considerar que ese es un proyecto ostentoso y por presumir que en él se han realizado actos de corrupción; además de que podría tener un impacto ambiental adverso sobre la fauna que habita en terrenos aledaños a donde actualmente se edifica la nueva terminal aérea —el antiguo Lago de Texcoco.

     Así, para muchos, el nuevo gobierno de López Obrador está tratando de conocer con su oferta de recompra de bonos y de modificación de algunas de las cláusulas de los contratos de esos instrumentos, cuál podría ser la reacción de los acreedores de NAIM a su intención de no seguir edificando ese nueva terminal aérea.

     Hace poco más de un mes, López Obrador determinó, como presidente electo, que cuando asumiera el gobierno no seguiría con el proyecto que lleva entre 25 y 35% de avance.

     Claro que esa decisión no tenía ninguna consecuencia legal, pero ahora que ya es presidente y que busca poner fin a la edificación del NAIM, tal política sí podría tener ramificaciones punitivas y legales.

     De ahí que, la empresa encargada de edificar NAIM anunciara hoy no el fin de la obra, como muchos esperaban, sino que buscará recomprar hasta mil 800 millones de dólares de los dos bonos que vendió en cuatro series hace unos años --dos series en 2016 y dos más en 2017.

     Con ello, GACM, e indirectamente el gobierno de López Obrador, muestra a sus acreedores, de cierta manera, que mantiene su intención de que cumplirá con la promesa de pagar todos los adeudos que tiene, independientemente de la intención futura de no proseguir con el proyecto.

     Claro que no es muy claro cuál será la respuesta de los dueños de los bonos verdes que emitió el fideicomiso conocido como MexCAT de GACM.

     Por un lado, la oferta de recompra de 30% del monto recabado con esos instrumentos financieros, fue bien vista por los inversionistas. Tras conocerse la oferta de recompra, los precios de los bonos MexCAT aumentaron en promedio en cerca de 10% al pasar de un precio de alrededor de 772 a 850 dólares cada título.

     Para los especialistas el aumento se dio por la buena voluntad del gobierno por ofrecer recomprar algunos de esos títulos a un precio que irá de entre 900 y mil dólares, o con un premio para sus tenedores de entre 16.5 y 29.5% sobre el precio al que cotizaron esos bonos en los mercados internacionales el viernes.

El precio al que finalmente recompre los bonos el gobierno dependerá del resultado de la subasta que esperan llevar a cabo las autoridades mexicanas, bajo la modalidad de licitación holandesa inversa, que no es más que México comprará primero los bonos que ofrezcan sus tenedores al menor precio y así sucesivamente hasta haber recomprado un máximo de mil 800 millones de dólares.

La positiva reacción del precio de los bonos también se debió a que en la oferta de recompra, el fideicomiso MexCAT ofreció pagar un premio de 50 dólares por cada título a valor nominal de 1,000 dólares que acepten vender sus tenedores antes del 17 de diciembre.

Si bien la subasta para la recompra de los bonos no se realizará sino hasta el 2 de enero del próximo año, si algunos propietarios de esos instrumentos aceptan participar en la subasta antes del 17 de este mes, tendrán su premio. Los que participen en el recompra pero lo autoricen en fecha posterior no recibirán esa compensación adicional.

Además, el fideicomiso, que es administrado por el banco estatal, Nacional Financiera (Nafin), ofrecerá 7.5 dólares a los tenedores de cada título si aceptan los cambios a las cláusulas de los contratos de los bonos, independientemente si quieren o no vender sus papeles.

Para el gobierno, modificar las cláusulas es crucial ya que actualmente, como están redactados los contratos de los bonos, los acreedores podrían imponer penalidades al fideicomiso si su propietario --GACM-- cancela la obra.

Además, con los cambios a los términos de los contratos, el gobierno espera poder recibir el visto bueno de los tenedores para usar los fondos que recabaron para edificar el NAIM, con un propósito distinto: la construcción de una nueva terminal aeroportuaria en la base militar aérea de Santa Lucía, al norponiente de la capital; así como el cambio de ciertos derechos que hoy tienen esos tenedores sobre recursos y activos del actual aeropuerto de la capital del país, aunque mantendrá las garantías de pago de esos títulos.

El gobierno de López Obrador quiere reemplazar NAIM con esa otra obra de infraestructura para resolver el problema de la saturación aérea que enfrenta la capital del país y que fue lo que llevó al gobierno recién concluido de Enrique Peña Nieto para decidir edificar la nueva terminal en lo que fue el Lago de Texcoco.

La solicitud de usar los recursos para construir una terminal aérea en Santa Lucía es quizás el elemento más crítico para los planes de cambiar las cláusulas de los contratos de los bonos, ya que actualmente el proyecto en esa base militar no cuenta todavía con una certificación aeronáutica.

Diversas organizaciones que podrían validar la operación de una terminal aérea en Santa Lucía, junto con la terminal aérea actual de la capital del país, han dicho que requieren realizar más estudios para corroborar que esa opción aérea rs factible.

El tiempo que esas organizaciones han dicho que les tomará estudiar el espacio aéreo del Valle de México para aceptar o no la operación de dos aeropuertos de manera simultánea en la capital es de entre cuatro o seis meses.

De ahí que va a resultar interesante observar si los tenedores de los bonos aceptan que los fondos ya no se empleen para edificar NAIM y se destinen a otro proyecto que carece aún de una certificación de viabilidad aérea.

“No es claro si podrán convencer a los tenedores de los bonos de poder usar los fondos para construir Santa Lucía”, escribieron Daniel Kerner, Carlos Peterson y Ana Abad, director y analistas de la firma consultora Eurasia, en un reporte. “No es ni siquiera claro que Santa Lucía sea un proyecto viable. Varias organizaciones aeronáuticas han considerado la idea como extremadamente cuestionable e incluso peligrosa por el espacio aéreo de Ciudad de México”.

De las cuatro series de bonos que el fideicomiso MexCAT desea recomprar, las autoridades buscaran obtener 300 millones de dólares de las dos series del bono que vence en 2026 y con las cuales recabó mil millones de dólares de cada una, y 300 millones más de la serie que vence en 2046 y de la cual emitió mil millones de dólares.

En cuanto a la otra serie del bono que vence en 2047, de ese instrumento el fideicomiso espera recompra hasta 900 millones de dólares, también 30% del monto total recabado de tres mil millones de dólares.

Los analistas recibieron el anuncio de la recompra como una buena señal por parte del nuevo gobierno en cuanto a su intención de cumplir con las obligaciones que adoptó la administración anterior, pero también de que el equipo de López Obrador no midió bien las consecuencias de la decisión que adoptó de cancelar la obra de NAIM.

De ahí que algunos no esperan necesariamente que el proceso de recompra y la posterior cancelación del aeropuerto en Texcoco, en el que el gobierno mexicano en su conjunto ya invirtió o tiene comprometido invertir, 120 mil millones de pesos (seis mil millones de dólares), vaya a ocurrir de manera tranquila y suave.

“La complejidad del proceso sugiere que podría no ocurrir de la forma tranquila como visualiza la nueva administración”, agregaron Kerner, Petersen y Abad, en su reporte.

Ahora bien, una recompra exitosa podría ser benéfica para GACM, ya que al reducir su deuda mejoraría sus indicadores crediticios en el corto plazo, aunque no suficiente para compensar lo que representa la cancelación del NAIM, de acuerdo con la agencia calificadora Moody’s Investors Service, que recientemente puso en observación negativa la calificación del grupo aeroportuario.

“La ausencia del potencial de crecimiento previsto en el nuevo aeropuerto, combinada con los desafíos planteados por la actualización y el funcionamiento del aeropuerto existente limitan el potencial para una mejora de la calificación”, escribieron los expertos de la agencia en un reporte, en referencia a que aún si se edifica la terminal en Santa Lucía, está estará lejos de igualar las capacidades de crecimiento en cuanto a pasajeros y carga que se preveían con NAIM.

Algunos tenedores de bonos, previo al anuncio de la oferta de recompra, habían ya contratado al bufete internacional Hogan Lovells para defender sus intereses.

Ahora bien, para algunos, el hecho de que el gobierno actual de México, no ha hecho el anuncio oficial de la cancelación de NAIM, generó cierta esperanza de que López Obrador al ver la complejidad legal y financiera en la que podría incurrir por dar por terminada esa obra, busque dar marcha atrás.

Si bien esto se ve muy lejano, el mismo presidente se rehusó hoy a decir que NAIM era un proyecto muerto cuando en su primera conferencia de prensa los periodistas le preguntaron en repetidas ocasiones si proseguía con esa postura.

Incluso, el mismo gobierno no mencionó en los comunicados que emitió para lanzar la oferta de recompra de bonos, que el nuevo gobierno cancelará la obra.

Si bien ese cuidado en el uso del lenguaje puede deberse a que no puede todavía decir que cancelará el nuevo aeropuerto por las demandas legales que eso podría desatar en contra del fideicomiso de GACM e indirectamente contra el gobierno federal, la ambigüedad del lenguaje sobre el futuro del NAIM parece mantener viva la flama de que esa obra de infraestructura podría rescatarse de su ominoso final.

 “A la luz de los cambios de política anunciados por el gobierno mexicano entrante, el patrocinador del aeropuerto de Texcoco está evaluando si continuar con el desarrollo” de esa obra, dijo el gobierno en sus comunicados. “El objetivo principal de las ofertas de compra y de solicitudes de consentimiento [para enmendar los títulos] es dar flexibilidad al [fideicomiso emisor, mejor conocido como] MexCAT en caso de que la nueva administración modifique su política” en torno a la obra.

Claro que para políticos cercanos a López Obrador no hay duda de que NAIM es una obra cancelada y que no tiene posibilidades de resurgir.

 “Esa es una decisión que ya se anunció y ya se tomó, ya se consultó al pueblo, ya se resolvió que no va a continuar el aeropuerto de Texcoco”, dijo Martí Batres, presidente del Senado y miembro del partido que fundó López Obrador, Movimiento Regeneración Nacional (Morena), a periodistas.

De igual manera, algunos analistas piensan que López Obrador no dará marcha atrás.

“López Obrador seguirá con el plan de cancelar independientemente de lo que digan los inversionistas”, agregaron Kerner, Peterson y Abad en su reporte.

El fideicomiso de GACM contrató a Citigroup Global Markets, HSBC Securities y J.P. Morgan Securities como administradores de la oferta de recompra de los bonos y agentes de las solicitudes de consentimiento.