En anular NAIM, unos ven costos irracionales; pagarán México, López Obrador

6 de nov. (Sentido Común) -- La decisión ya está tomada: el próximo gobierno de México, que encabezará el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, no seguirá construyendo el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en lo que fue el lago de Texcoco.

     Pero lo que no ha cejado es el análisis de los motivos que llevaron al futuro mandatario del país a tomar esa decisión, así como la estimación de los costos que tendrá para México y para su propio gobierno, que inicia en tres semanas, esa medida.

     López Obrador y su equipo de colaboradores en materia de comunicaciones y transportes, encabezados por el futuro secretario de la  dependencia que controla esas actividades, Javier Jiménez Espriú, han presentado diversos argumentos --como supuestos actos de corrupción en la asignación de contratos, sobornos a funcionarios, daños ambientales y altos costos de mantenimiento futuros-- para intentar justificar la medida.

      El problema es que aun cuando esos razonamientos parecen válidos, un buen número de críticos creen que al cancelar el proyecto López Obrador no buscó corregir nada de lo que supuestamente le disgustaba de la obra.

     Por el contrario, muchos advierten que con la suspensión del NAIM el futuro presidente dejó ir una gran oportunidad para limpiar, si así fuera el caso, cualquier posible corrupción y extorsión de la obra, además de que también dejó pasar una coyuntura única para buscar una verdadera remediación a los problemas ambientales e hídricos que podría generar la nueva terminal aérea.

“Si el argumento es la corrupción, que la corrupción se persiga. Pero la corrupción no la cometen los aeropuertos. La corrupción la cometen las empresas, los individuos, los funcionarios públicos, y ahí veo una enorme pasividad del nuevo gobierno”, dijo Juan Pardinas, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), un centro de análisis de políticas públicas, durante su participación en el programa de televisión La Hora de Opinar, conducido por Leo Zuckerman. “En lugar de enfrentar los actos de corrupción del gobierno [actual], del [presidente] Enrique Peña Nieto, cancela el aeropuerto”.

      Claro que no todos consideran que la decisión es equivocada. Algunos ven que, con ella, López Obrador da muestras de que bajo su administración se pondrá fin a las complicidades que en ocasiones ocurren entre políticos y empresarios y que tanto daño le han causado al país en el pasado al elevar los costos de los proyectos de infraestructura y otorgar ganancias indebidas a funcionarios públicos corruptos.

“A este país le conviene que no haya más corrupción y que haya más transparencia en las obras públicas”, dijo el diputado Mario Delgado, presidente de la Cámara de Diputados y miembro del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el instituto político que fundo López Obrador, en una mesa de debate transmitida por la televisora Televisa y conducida por el periodista Carlos Loret de Mola. Vamos hacia otro régimen político “donde ya no va a valer el influyentismo, donde ya no va a valer la corrupción. . . Nuestro país va a hacer más atractivo para las inversiones si no hay corrupción, si hay transparencia y hay certidumbre”.

     No todos, sin embargo, compran los argumentos de Delgado.

     Algunos consideran que el hecho de que López Obrador haya dicho que honrará los contratos del NAIM, desde un punto de vista financiero; además de que buscará que las empresas constructoras puedan transferir esos contratos a las obras que su gobierno llevará a cabo para edificar una terminal en la base militar aérea de Santa Lucía a fin de superar la saturación aérea que enfrenta la capital y que el aeropuerto en Texcoco buscaba remediar con sus tres pistas iniciales, no son precisamente actos para limpiar la posible corrupción alrededor de la obra en Texcoco.

“Si se trataba, como nos dijeron, de que había que acabar con Texcoco porque era un nido de corrupción, que salgan inmediatamente a decirnos cómo es que van a combatir la corrupción de Texcoco, sancionar las irregularidades que hubo, en lugar de decir que vamos a respetar los contratos”, dijo Denise Dresser, politóloga y catedrática en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), en el programa de Zuckerman transmitido también por Televisa.

En lo que sí coinciden la mayoría de los analistas es que al cancelar NAIM, López Obrador buscó mandar un mensaje político, a la usanza del régimen que por casi 70 años controló el país hasta el año 2000 y que creó el Partido Revolucionario Institucional (PRI), de que ahora es él quien manda en México. López Obrador formó parte del PRI en su juventud, aunque abandonó ese instituto político hace ya más de tres décadas. 

“Lo que vimos fue un golpe de timón. Una demostración de fuerza. No fue combatir la corrupción”, agregó Dresser. “Aquí se trataba de enviar un mensaje, aquí mando yo. Aquí el que define las nuevas reglas del juego soy yo”.

Claro que muchos dudan que López Obrador hubiera tenido que enviar ese mensaje para reafirmar su poder político.

El respaldo popular con el que ganó la elección presidencial de julio pasado, con 30 millones de votos, o 53% de apoyo de quienes participaron en el pasado proceso electoral, más el desempeño que tuvo su partido --al grado de que hoy controla tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores, más 19 congresos locales-- hacían, para algunos, innecesario ese desplante de fuerza para cancelar la obra de infraestructura más relevante en América Latina de los últimos 20 o 30 años y qué tendrá otras repercusiones negativas, principalmente financieras para su gobierno.

Así, si se suman los altos costos que tendrá para el país el haber cancelado una obra que tenía entre 20 y 30% de avance y que representa tirar a la basura cerca de 120 mil millones de dólares (seis mil 200 millones de dólares), no sorprende que muchos analistas consideren que la decisión fue un grave y costoso error.

     Además, hay quienes creen que la medida es irracional por el impacto que tendrá en términos de pérdida de confianza y de incremento en los costos de pedir prestado que enfrentará el gobierno de López Obrador al tener que pagar mayores tasas de interés sobre sus adeudos, tanto en pesos como en dólares, que generó de manera inmediata esa pérdida de confianza.

     De hecho en los últimos días, las tasas de interés que debe pagar el gobierno en los bonos de corto y largo plazo que emite en el país y el extranjero han registrado alzas, que se deben en parte a la decisión de cancelar NAIM y harán que el futuro mandatario tenga que destinar un mayor número de fondos gubernamentales a pagar esas deudas, en lugar de a financiar sus programas sociales preferidos, como los mayores apoyos a los adultos mayores, o las becas para los jóvenes que busquen obtener algún oficio en el mercado laboral formal del país. 

      “Ha sido un error”, dijo Raúl Aníbal Feliz, catedrático de economía en el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), una de las universidades más prestigiadas de México, durante su participación en el programa La Hora de Opinar. “Yo no encuentro en todos los razonamientos y análisis que he hecho un buen caso para suspender la obra del aeropuerto”.

     Para muchos, la cancelación de NAIM es un desperdicio de recursos públicos de tal magnitud que los peores actos de corrupción que han identificado las autoridades en el país en los últimos años palidecen en tamaño e importancia..

“De concretarse [la cancelación de NAIM], es el acto más grande de despilfarro de recursos públicos de la historia de este país”, dijo Gustavo de Hoyos, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), en la mesa de análisis de Loret de Mola.

De acuerdo con algunas estimaciones, el daño patrimonial de la decisión de López Obrador para el país es incluso mayor a todas las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en diversas transacciones que realizaron aparentemente universidades públicas para desviar cerca de tres mil 400 millones de pesos de recursos federales y que dieron origen al reportaje periodístico llamado la Estafa Maestra, el cual causó revuelo a nivel nacional. 

Lo que se tira a la basura “es más de los 114 mil millones de pesos que costará construir el Tren Maya”, agregó De Hoyos, en referencia a uno de los proyectos de infraestructura que planea edificar el nuevo gobierno en la península de Yucatán..

Otro argumento que han empleado los defensores de la decisión de cancelar NAIM es que, por estar construido en lo que fue un lago, los costos de mantenimiento de esa terminal serían muy altos, por lo que era mejor cancelar la obra que seguir construyéndola.

“Hay un dicho mexicano que dice no es conveniente echarle más dinero bueno al malo y mi padre me decía, cuando hablaba de las apuestas, decía, no es malo lo que pierda mi hijo, sino que trate de recuperarse”, dijo Jiménez Espriú, en una entrevista con la conductora Adela Micha, transmitida en el canal de televisión El Financiero Bloomberg.

Sin embargo, si este era otro de los argumentos, muchos se preguntan por qué no dar en concesión la obra al sector privado, como había prometido que haría López Obrador en una reunión con Coparmex, para que los empresarios enfrentaran esos futuros costos de mantenimiento, en lugar de dar marcha atrás a NAIM y con él a la confianza de los inversionistas en una administración que está por nacer y en la que muchos en México habían depositado su confianza.