Oro Negro, acreedores escalan disputa por control de plataformas petroleras

23 de oct. (Sentido Común) -- La disputa que mantiene Servicios Petroleros Oro Negro, una empresa que intentó aprovechar los beneficios de la apertura del sector energético a la iniciativa privada, con sus acreedores escaló a un nuevo nivel.

     La compañía impidió el domingo que un grupo de representantes legales de los acreedores tomaran posesión de sus cinco plataformas --Decus, Primus, Laurus, Fortius e Impetus--, todas ubicadas en las costas de Campeche, como fue ordenado dos días antes por el juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México, Enrique Cedillo García.

     Para ello, los trabajadores de las plataformas recurrieron al bloqueo de los helipuertos e incluso al uso de mangueras anti incendios, para evitar el aterrizaje de los helicópteros donde viajaban los representantes legales, de acuerdo con una denuncia de hechos presentada ante la Procuraduría General de la República (PGR) por los abogados los acreedores y a la que Sentido Común tuvo acceso. 

     Solo uno de los representantes, Ricardo Contreras Gómez, logró descender a la plataforma Decus en compañía de un guardia de seguridad privada, pero personal les impidió acceder al interior y aparentemente amagó con hacer uso de la fuerza, de acuerdo con la denuncia.

     “Se tiene conocimiento que, hasta este momento, el licenciado Ricardo Contreras Gómez, junto con el elemento de seguridad privada. . . continúan sin tener acceso al resto de la plataforma”, detalla la denuncia presentada ayer y que fue reiterada hoy por Guillermo Barradas, uno de los representantes legales de los acreedores de Oro Negro.

     La compañía, creada por Gonzalo Gil White y José Antonio Cañedo White, frenó la restitución de las plataformas a sus dueños “sin tener justificación legal alguna, como verdaderos delincuentes, poniendo en riesgo incluso la vida de la tripulación”, dijo Barradas en la entrevista radiofónica.

     Claro que para los abogados de Oro Negro la acción de restitución carecía de validez legal ya que no contaba con la autorización de un juez de distrito, que es, de acuerdo a ellos, quien debe ordenar tal restitución por tratarse de activos ubicados en alta mar.

     La orden de restitución, emitida por el juez Cedillo, forma parte de la investigación penal que comenzaron a finales de septiembre los acreedores  contra Oro Negro por supuesta administración fraudulenta, en perjuicio de las empresas propietarias de las plataformas; así como por la creación de 14 empresas consideradas fantasmas, o sin actividades reales.

     Días antes y como parte de esa misma indagatoria, el juez ordenó el aseguramiento por 300 días naturales de 10 cuentas propiedad de Perforadora Oro Negro, subsidiaria de la prestadora de servicios petroleros.

     En dichas cuentas están resguardados los 96 millones de dólares que Petróleos Mexicanos (Pemex) --único cliente de Oro Negro-- le entregó por órdenes de un juez federal para cubrir los adeudos que mantenía con la prestadora de servicios.

     Claro que para Oro Negro, la restitución de las plataformas y la investigación penal de la que deriva, carecen de fundamentos y están basadas en hechos y pruebas falsas ya que la empresa no tiene ni tuvo vínculos con las 14 empresas fantasmas en los que basaron su acusación los acreedores de la empresa de servicios petroleros.

     “Este escalamiento no es causado por Oro Negro. Esto es una estrategia francamente sucia de los acreedores”, dijo Alberto Zinser, abogado de la compañía, en entrevista para El Financiero Bloomberg, en la que dio a conocer que ellos también presentaron una denuncia ante la PGR por los hechos ocurridos en las plataformas el fin de semana pasado y que calificaron de ilegales.

     “Los abogados de los acreedores están difundiendo versiones falsas y preocupantes de que las personas que están en la plataforma pudieran estar en mala situación. Están perfectamente bien” y con la posibilidad de abandonar la plataforma cuando lo deseen, agregó Zinser, quien incluso dijo se comunicó a su contraparte para saber cómo estaba. “Trataron de tomarnos por sorpresa pero fracasaron”.

     La investigación penal frente al juez Cedillo dejó incluso en segundo plano al concurso mercantil en que entró Oro Negro en septiembre, debido a que las cortes penales tienen prioridad frente a las civiles, dijo a Sentido Común una fuente cercana al asunto.

     “Ayer el juez del concurso dijo que él no podría meterse en la decisión del juez Cedillo, que es el juez penal”, detalló la fuente. “El concurso va a seguir, pero al final si no hay activos en la empresa… ya nadie va a apostar tanto al proceso de concurso”.

     Oro Negro entró a concurso mercantil el mes pasado, un año después de solicitar el proceso para poder negociar con sus acreedores, bajo el amparo de las autoridades mexicanas. Si del concurso mercantil no se genera un acuerdo, la empresa sería declarada en quiebra.

     Además de la disputa con sus acreedores, Oro Negro tiene otro frente contra Pemex, de quien acusa una persecución en su contra por haberse negado a participar en supuestos actos de corrupción, que hasta ahora no han sido sometidos a revisión judicial.