López Obrador con consulta, ¿podría jugarse más que un aeropuerto?

11 de oct. (Sentido Común) -- El futuro del proyecto de infraestructura más ambicioso del presidente Enrique Peña Nieto, el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), que se edifica sobre lo que fue el Lago de Texcoco, se definirá en menos de tres semanas.

     Hasta ahora, Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo de México y quien gobernará de 2018 a 2024, no ha avalado continuar con la construcción de esa megaobra, que algunos dentro de su equipo llaman faraónica, por las dudas que le provocan su costo --13 mil 300 millones de dólares--, su impacto ambiental en la zona donde se edifica y el tiempo de su conclusión.

     Frente a esas preocupaciones, López Obrador ha propuesto revisar otra opción que desde su perspectiva es más económica, menos adversa al medio ambiente y de entrada en vigor más rápida, aunque también menos eficiente para resolver el problema de la saturación aérea que enfrenta el Valle de México y menos atractiva para hacer de la capital un hub aéreo regional que permita incrementar la conectividad aérea interna y externa del país..

     Esa opción alterna consiste en construir una terminal, con dos pistas comerciales, en la base aérea de Santa Lucía a 36 kilómetros al nor-poniente de la capital y mantener operando el actual Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Ciudad de México.   

     Para decidir por cuál de las dos opciones inclinarse, López Obrador ha pedido ayuda a la ciudadanía, la cual podrá expresar su preferencia por una de las opciones a través de una encuesta y consulta popular que realizará el futuro gobierno a finales de este mes.

     Sin embargo, para algunos analistas la decisión que tomará en tres o cuatro semanas López Obrador --una vez que conozca los resultados de su ejercicio democrático-- tendrá ramificaciones que podrían ir más allá de la honesta búsqueda de la mejor solución a la saturación aérea de la capital del país, si es que él cancela al final la obra del NAIM que lleva un avance en su construcción de entre 20 y 35%, y en la que ya se han invertido cerca de 60 mil millones de pesos (tres mil 140 millones de dólares) y comprometido una cantidad similar. 

     “La credibilidad del gobierno entrante estaría en juego” con esa decisión, dijo Ana Thais Martínez, investigadora del Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco), un centro de estudios y análisis de políticas públicas, especializada en obra pública, en una entrevista telefónica. Cancelar el proyecto que ya se construye en Texcoco podría “pegar más bien a las finanzas del país, al crédito internacional de México, que no sólo va a repercutir en el gobierno, ya que ante esa falta de credibilidad [en cumplir compromisos firmados] las tasas de interés podrían llegar incluso a subir ante la menor credibilidad que va a tener” México.

     Estas externalidades, o repercusiones negativas, que podría tener la cancelación de la construcción del aeropuerto en Texcoco no han pasado desapercibidas para el equipo económico de López Obrador.

     El posible daño a la reputación de México por no cumplir con compromisos legalmente constituidos y dejar una obra inconclusa, es otra de las muchas variables que están incluso analizando algunas de las personas que ocuparán cargos claves en la próxima administración para definir cuál es la mejor opción.

     “Estamos analizándolo con los financieros. . . Desde luego” que estamos viendo el daño reputacional que podría tener la cancelación de NAIM, dijo Javier Jiménez Espriú, el futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, en una conferencia de prensa en la que brindó más información de las dos opciones que pondrá López Obrador a consideración de la ciudadanía para solucionar el problema de saturación aérea en la capital. “Estamos analizando todas las aristas”.

     Hasta ahora, el equipo del presidente electo ha encontrado que los inversionistas locales son los más adversos a la posible cancelación del NAIM; mientras que la preocupación es menor entre inversionistas extranjeros por las promesas que ha ofrecido el futuro gobierno, en el sentido que cumplirá con todas las obligaciones que haya firmado el país.

     Eso, más las garantías legales que traen los mismo instrumentos que ha emitido el gobierno de Peña Nieto en mercados locales e internacionales para financiar la construcción de la nueva terminal en Texcoco, como un bono verde por seis mil millones de dólares, han dejado tranquilos a muchos inversionistas foráneos, dijo un miembro del equipo de López Obrador, quien prefirió no dar a conocer su nombre.

     Incluso, algunos de los expertos encargados de medir los impactos de las política públicas en la calificación crediticia del país, no están del todo seguros que la cancelación per se del NAIM vaya a tener un impacto inmediato adverso sobre la economía mexicana, aunque sí lo están valorando.

     “Desde el punto de vista de la deuda, no es blanco o negro, si se cancela el proyecto”, dijo Adrián Garza, vicepresidente y analista senior de financiamiento a proyectos de infraestructura de la agencia calificadora Moody’s Investors Service, en entrevista telefónica, argumentando que las deudas en las que ha incurrido el gobierno para edificar NAIM están respaldadas por la Tarifa de Uso Aeroportuario, o TUA, algo que seguirá existiendo independientemente de la forma que dé el próximo gobierno a la solución de la saturación aérea en el centro del país.

     Garza y otros especialistas dijeron que hay aún muchas interrogantes en torno a qué pasará si López Obrador, tras la encuesta y consulta, opta por cancelar NAIM e inicia el proyecto de Santa Lucía.

     Las interrogantes son, entre otras, las tasas de crecimiento del número de pasajeros en la capital del país que brinde Santa Lucía y el aeropuerto actual, algo que permitiría seguir incrementando los recursos de la TUA para cumplir las obligaciones financieras.

     También hay dudas sobre si Santa Lucía traerá beneficios o perjuicios sociales, en términos de creación de empleo, ya que actualmente la obra en Texcoco está generando cerca de 100,000 empleos.

     “Hay que considerar costos económicos y sociales de un proyecto u otro, son difíciles de medir pero son factores relevantes”, dijo Félix Boni, director general de análisis de la agencia calificador mexicana, HR Ratings, en otra entrevista telefónica.

     Claro que al mismo tiempo, para los especialistas no debe tampoco minimizarse los posibles impactos negativos que podría tener en la confianza de los inversionistas una decisión contraria al proyecto actual, principalmente por la incertidumbre que podría generar hacia otros proyectos de inversión que planea realizar el próximo gobierno con la ayuda de inversionistas privados.

     “Para el ambiente de inversiones general, para el país, sí sería negativo [cancelar el aeropuerto] por el mensaje que se manda a mercados de que no hay una continuidad de largo plazo, o suficiente certeza respecto de los proyectos que se desarrollan" en México, agregó Garza, en la entrevista.

     Una preocupación que ha expresado el futuro mandatario de México sobre mantener la construcción del NAIM en Texcoco es que esa obra aún requiere de 88 mil millones de pesos (cuatro mil 600 millones de dólares) de recursos públicos, algo que a López Obrador le gustaría evitar usar para no tener que distraer recursos del presupuesto que preferiría destinar a proyectos sociales  

      Sin embargo, la empresa estatal que está construyendo la nueva terminal, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, o GACM, ha dicho que ya cuenta con el financiamiento para inyectar esos fondos al proyecto sin tener que acudir al erario público.

     En otras palabras, GACM ha indicado que con una línea de crédito que tiene contratada con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), más la comercialización de algunos de los terrenos cercanos a la nueva terminal, en los que esa empresa espera construir la llamada Nueva Ciudad Aeropuerto y los fondos que provengan de la venta del predio en el que se encuentra el actual aeropuerto de la capital cuando éste quede reemplazado por NAIM, el gobierno no tendrá que asignar recursos públicos futuros al proyecto.

Así, para los expertos, la preocupación financiera de López Obrador, que es válida, parece en este caso no estar muy bien fundamentada por ese esquema de fondeo o por la posibilidad, que el mismo futuro mandatario ha mencionado, de otorgar en concesión la administración de la nueva terminal, lo que le permitiría recuperar los fondos públicos invertidos en la misma.

     Si lo cancelan, “en términos de las finanzas públicas, tendríamos que determinar cuál sería el costo relativo a las diferentes opciones en el corto plazo y en el largo plazo”, agregó Boni. “Tendríamos que ver para la economía en general hasta qué punto un proyecto u otro podría tener mayor impacto para México”.