CNDH dice SCT, otros son responsables socavón Cuernavaca

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) responsabilizó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), así como a otras dependencias, instancias de gobierno y servidores públicos, de las fallas que propiciaron la formación de un socavón en el libramiento de la autopista México-Cuernavaca, también conocido como “Paso Exprés”, el cual ocasionó la muerte de dos personas.

     La Comisión logró acreditar la responsabilidad de servidores públicos de la SCT, de la Comisión Nacional de Agua (Conagua), del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), del gobierno del Estado de Morelos y del Ayuntamiento de Cuernavaca, quienes no hicieron lo suficiente por evitar el daño a la carretera que acabó costando la vida de dos personas.

     “BANOBRAS fue responsable de la pésima planeación de la obra del Paso Exprés”, dijo la CNDH en una recomendación que emitió sobre este asunto. “Particularmente de todas las deficiencias con las que contaba el proyecto ejecutivo”.

 En la misma recomendación, la CNDH dijo que SCT fue responsable de las irregularidades derivadas de la obra del Paso Exprés y Conagua “ya que por un lado, informó que el Paso Exprés afectaba corrientes de propiedad nacional. . .pero omitió los del kilómetro donde ocurrió el socavón”.

     Por su parte, el gobierno de Morelos y Cuernavaca fueron responsables a través de Protección Civil, ya que omitieron realizar las acciones necesarias para asumir el mando de las labores de rescate, aun cuando se veían rebasados en su capacidad de respuesta.

     La Comisión consideró que además de violación al derecho humano a la vida de las personas que fallecieron en el caso del socavón, fueron afectados los derechos humanos de terceros como transeúntes, habitantes de la zona, peatones y usuarios de la carretera México-Cuernavaca.

     Por lo cual, como parte de la reparación integral del daño, la CNDH ordenó a funcionarios de alto nivel de SCT y Banobras pedir a la brevedad una disculpa pública.

     Además, pidió ofrecer atención psicológica a las víctimas que lo requieran de forma continua, inmediata, accesible e informada, en un plazo no mayor a seis meses de emitida la recomendación.

     Incluso, la Comisión recomendó a SCT y Banobras incorporar en sus futuras contrataciones una “cláusula obligacional de respeto a derechos humanos” en todos los contratos públicos que celebren con empresas.

     Así como capacitar a su personal en materia de adopción de medidas adicionales de protección contra las violaciones de derechos humanos que puedan cometer empresas de su propiedad o bajo su control.