21 de sep. (Dow Jones) -- Los planes de Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo de México, para adelgazar el gobierno federal llegarán hasta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con la eliminación de la oficina a cargo de diseñar la política de ingresos, de acuerdo a una persona con conocimientos de los cambios previstos.

No está claro qué dependencia gubernamental, si la hubiera, asumiría las funciones de la Subsecretaría de Ingresos, que emplea alrededor de 100 altos funcionarios y que les costará a los contribuyentes alrededor de 620 millones de pesos (unos 33 millones de dólares) tan sólo en 2018.

Entre sus responsabilidades ha estado establecer los términos financieros de los contratos petroleros otorgados a inversionistas privados después que el país abriera su sector petrolero.

La subsecretaría es relativamente pequeña, pero dicha medida indicaría que López Obrador, un izquierdista con una visión nacionalista de la economía, se ha comprometido a reducir la burocracia y los grandes salarios de los principales funcionarios del gobierno para financiar la inversión pública y los programas sociales.

López Obrador, quien asumirá el cargo el 1 de diciembre, ha dicho que reducirá su propio salario en más de la mitad a alrededor 107 mil pesos (cinco mil 700 dólares) mensuales. La Cámara de Diputados aprobó recientemente un proyecto de ley que evitará que cualquier funcionario del gobierno gane más que el presidente, la cual fue una de las promesas de campaña clave de López Obrador.

El equipo económico del nuevo presidente ya está trabajando en el presupuesto de 2019 con altos funcionarios financieros del presidente saliente Enrique Peña Nieto. López Obrador tratará de realizar recortes de personal y salariales en todos las secretarías.

La Subsecretaría de Ingresos es más pequeña que el Sistema de Administración Tributaria (SAT), que tuvo un presupuesto de ocho mil 450 millones de pesos (450 millones de dólares) el año pasado, pero emplea tecnócratas altamente capacitados, muchos de los cuales probablemente abandonarán el sector público ante los recortes salariales propuestos.

López Obrador, quien ganó las elecciones el 1 de julio y quien se convertirá en el primer presidente izquierdista de México desde principios de la década de los ochenta, se ha comprometido a no aumentar el déficit presupuestal, o la deuda pública, para sufragar los nuevos gastos, diciendo que dependerá únicamente de los ahorros.

Pero su plan de recortar los salarios gubernamentales de alto nivel ha generado preocupación de que la burocracia pierda a sus mejores talentos, lo que podría dañar las finanzas públicas y la credibilidad del país. El presidente electo y su equipo económico, liderado por el futuro secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, niegan que esto vaya a suceder.

Traducido por  Luis Felipe Cedillo

Editado por Michelle del Campo           

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Fecha de publicación: 21/09/2018

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