López Obrador siembra inquietud con esquema de 32 delegados estatales

15 de ago. (Sentido Común) -- La propuesta de Andrés Manuel López Obrador, el próximo presidente de México, de crear una estructura de 32 delegados que sirvan como sus interlocutores y representantes antes los gobernadores estatales, está sembrando gran inquietud en diversos círculos políticos y sociales por la posible creación de un poder paralelo a esos mandatarios que --temen sus críticos--, trastoque el pacto federal.

     Con base en lo propuesto hasta ahora por el presidente electo, los 32 delegados estatales serán a partir del próximo 1 de diciembre los responsables de coordinar la ejecución de los programas sociales en las entidades a las que hayan sido asignados, así como de coordinar la distribución de los fondos para esos planes.

     Los nuevos funcionarios que ha planteado nombrar López Obrador desempeñarán así las labores que hasta ahora venían realizando los delegados que designaba cada secretaría de Estado en cada entidad para operar sus programas.

     Si bien para algunos el incentivo de adelgazar la burocracia a través de esta nueva estructura y de vigilar la forma como los gobiernos estatales gastan los recursos de la federación, son dos metas loables, muchos también consideran que la nueva estructura podría tener más perjuicios que beneficios.

     Con esos delegados, algunos creen que el próximo gobierno contará con una muy poderosa estructura que podría desviarse de su misión de usar los fondos de modo eficiente para generar un mayor beneficio social y combatir la corrupción que ha caracterizado el desempeño reciente de muchos gobiernos estatales, para acabar ser una herramienta con meros fines político-electorales.

     Tras el planteamiento de este nuevo esquema, varios analistas y actores políticos han alzado su voz en contra de la idea. Uno de los primeros en criticar la creación de los llamados súper-delegados gubernamentales en las entidades federativas ha sido Enrique Alfaro, el gobernador electo del estado de Jalisco.

     Para él, esos delegados estorbarían en el buen funcionamiento de la estructura federal actual mexicana.

     “No es en ánimo ni de pleito ni de confrontación, al contrario, es dejar claro de una vez como tienen que ser las cosas”, dijo el futuro gobernador de esa entidad hace un par de días durante una conferencia de prensa donde abordó el tema de las coordinaciones o delegaciones estatales. “Yo no conozco ningún gobernador que necesite intermediarios para platicar con el presidente de la república, nosotros platicaremos con él y con los secretarios de Estado”.

     El próximo mandatario de Jalisco, que es la cuarta entidad que más aporta al desempeño del producto interno bruto del país, considera que la creación de esta nueva figura podría ser incluso violatoria de la Constitución al no estar contemplada en la carta magna de México.

     “No existe en nuestro marco legal ninguna figura que funja como vínculo entre entidades federativas y el ejecutivo federal, los delegados federales nunca han tenido facultades de decisión ni autonomía técnica”, escribió Alfaro unos días antes de su conferencia en su cuenta de la red social Twitter. “Incluso hay que entender que dotar a las delegaciones o cualquier otra figura de carácter administrativo de facultades de control, fiscalización del ingreso y gasto público federal, sería una violación flagrante al orden constitucional”.

     A las preocupaciones legales de las que habla Alfaro, habrá que sumar la inquietud político-electoral que la nueva figura está generando luego del perfil de las personas que López Obrador dijo que ocuparán esos nuevos cargos de delegados. En muchos casos, esos futuros funcionarios gubernamentales fueron antiguos rivales electorales de los actuales jefes de gobierno estatales, algo que podría hacer crispar la relación entre la federación y los gobiernos estatales si esos delegados buscan minar las labores de quienes los derrotaron en comicios electorales.

     Hasta ahora, siete de los futuros delegados que ha propuesto el presidente electo compitieron en las más recientes elecciones por el cargo de gobernador en las entidades que ahora supervisarán. Tal es el caso de Delfina Gómez en el Estado de México; de Carlos Lomelí en Jalisco; de Pablo Amílcar Sandoval en Guerrero; de Víctor Manuel Cossío en Baja California Sur; de Joaquín Díaz en Yucatán; de Miguel Ángel Navarro en Nayarit; y de Lorena Cuéllar en Tlaxcala.

     Las suspicacias sobre el nuevo esquema están además sustentadas en que todos los 32 futuros delegados son militantes, o afines, al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que fundó López Obrador en 2014 y que presidió hasta antes de lanzarse como candidato presidencial por tercera ocasión.

     Muchos expertos cuestionan así si el gobierno de López Obrador, al crear esta nueva estructura con figuras cercanas al futuro partido en el poder, no estará creando una plataforma electoral privilegiada para quienes representen al presidente en las 32 entidades del país a fin de un futuro ganar esas gobiernos en futuros comicios.

     En otras palabras, existe la duda sobre si López Obrador en verdad quiere usar a los delegados para vigilar más de cerca un buen uso de los recursos federales en las entidades federativas o más bien quiere esa estructura para ejercer un mayor control político o electoral en los estados.

     “Se prepara una ocupación federal como no habíamos visto en décadas. Se ha resuelto la creación de jefaturas políticas en cada uno de los estados que pondrá en jaque el poder de los gobernadores”, escribió Jesús Silva Herzog Márquez, analista político, en su columna semanal en el periódico Reforma. “Lo que importa es la militancia. La ambición electoral en cada uno de ellos es obvia, inocultable. Se dedicarán a cultivar lealtades y a formar partido”.

     Sin embargo, el gobierno futuro de López Obrador defiende la propuesta, ya que considera que con ella podrá primero reducir la burocracia actual de delegados estatales, al mismo tiempo que también podrá tener una mejor y más directa coordinación entre el gobierno federal y la implementación de los programas sociales.

     Reconocemos que es una figura “polémica porque no se entiende cuál es el rol, efectivamente, de los delegados. . . Pero es importante decir que no se le va a quitar ningún gramo de poder a ningún gobernador”, dijo Gerardo Esquivel, futuro subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en una entrevista televisiva con el periodista Javier Risco en canal de televisión El Financiero Bloomberg. “Lo único que va a cambiar es la forma en que la federación maneja sus recursos, federales, hacia las entidades federativas. Hoy en día lo que hay es un cúmulo de delegados federales de las secretarías, hay una enorme burocracia en torno a eso y la idea es ahorrar recursos en eso y concentrar los recursos”.

     Esquivel agregó que los delegados deberán acompañarse de un equipo técnico que los asesore sobre los múltiples temas que deberán atender a la hora de supervisar el traslado de los recursos federales a las entidades.

     “La idea, me parece, desde la perspectiva de la eficiencia del gasto público, es ahorrar recursos, concentrarlos, tener un responsable claro y que esa estructura territorial que se espera que exista en las entidades federativas, pueda ejercer de mejor manera” el presupuesto que le corresponde, dijo Esquivel, un futuro funcionario gubernamental clave para los planes de la forma como gastará el próximo gobierno de López Obrador.

     De cualquier manera, para algunos juristas, el gobierno de López Obrador deberá tener mucho cuidado en la forma como creará, desde una perspectiva legal, la nueva estructura de delegados, ya que de lo contrario podría enfrentar, como insinuó el gobernador electo Alfaro, una controversia constitucional que podría perder en la Suprema Corte de Justicia de la Nación

     “La figura propuesta de coordinadores estatales de los programas de desarrollo tendrá que crearse con gran cuidado jurídico para no afectar el principio constitucional federalista”, escribió el abogado constitucionalista y especialista en asuntos de regulación económica, Miguel Rosillo, en su cuenta de Twitter. “En caso contrario será objeto de controversias constitucionales y/o juicios de amparo”.

    El equipo cercano a López Obradro ha aclarado que el esquema propuesto no prevé abarcar el tema de la implementación de las políticas de seguridad ni intervenir en disputas judiciales. Esos asuntos sólo los abordará el ejecutivo desde la Oficina de la Presidencia.

      Los “coordinadores estatales no intervendrán en temas de seguridad, les estamos informando para que estén presentes, pero no podrán intervenir en impartición de justicia”, dijo Sánchez Cordero, futura secretaria de Gobernación y ministra en retiro de la Suprema Corte, en una rueda de prensa en las oficinas del equipo de transición de López Obrador. “Para que estén en la misma sintonía de una política coordinada y de colaboración”.

     Para conocer la lista de los 32 delegados estatales que ha propuesto nombrar López Obrador, por favor da click aquí.

* Karen Alcalá contribuyó en la elaboración de esta historia.