Recorte, tope salarial López Obrador desata dudas sobre efectividad

18 de jul. (Sentido Común) -- Tras el anuncio que hizo Andrés Manuel López Obrador, el ganador de la pasada elección presidencial, de que recortará su sueldo en 60% cuando tome posesión y de que espera lograr que nadie en el gobierno gane más que él como dos medidas de varias para imponer un estilo de gobierno austero, muchos han comenzado a preguntarse sobre el efecto que podrían tener esas acciones en la administración pública --tanto en el número de personas a las que impactaría, como en la calidad del gobierno que tendrá el país al no poder ofrecer sueldos atractivos para preservar, o atraer talentos a la administración pública.

     Si bien algunos salarios actuales de servidores públicos podrían parecer excesivos y si bien hay múltiples casos de un mal uso de los recursos públicos por parte de ciertos funcionarios, hay quienes también creen que topar los salarios de todos los servidores gubernamentales en 108 mil pesos (cinco mil 700 dólares) al mes, como propuso el domingo López Obrador, podría no ser la mejor política para lograr un gobierno mesurado en sus gastos, principalmente por los potenciales efectos negativos de esas medidas.

     Muchos creen que si el próximo gobierno opta por limitar los salarios, correrá el riesgo de reducir la calidad de las personas que serán responsables de hacer las políticas públicas de la próxima administración o de realizar tareas técnicas sofisticadas o de aplicar la ley o regulaciones especializadas.

     “¿Por qué reducir los salarios al 50%? ¿Por qué no al 30%? ¿Hay algún estudio? Si hay una reingeniería de la estructura de salarios del sector público tiene que hacerse con mucho cuidado, hay que pensar en hacerlo sin afectar la operación continúa del sector”, dijo Federico Rubli Kaiser, vicepresidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), durante una conferencia de prensa.

     En otras palabras, para algunos observadores hay riesgos que el futuro presidente no está quizás calculando correctamente con su decisión de recortar y topar a rajatabla los sueldos de buena parte de los altos mandos de la administración pública, o incluso de disminuir algunas de las prestaciones de las que hoy gozan esos funcionarios, aun cuando existan casos concretos de dispendio y abuso de poder.

     Como Rubli, muchos expertos creen que debe existir un análisis más detallado de las prebendas que se deben eliminar, así como de los recortes salariales que el próximo gobierno debe aplicar para hacer un uso más eficiente de los recursos públicos, antes de decretar lineamientos generales.

     Esto por las posibles ramificaciones adversas que podrían tener esas medidas en las múltiples tareas y responsabilidades que realizan los servidores públicos a lo largo del país.

     Algunos incluso ven con preocupación el anuncio que hizo hace tres días el virtual presidente electo de México en esa materia, sobre todo porque con esas medidas se acrecentarán las dificultades del próximo gobierno para contar con gente talentosa entre sus cuadros.

     “Aviso de ocasión:

GOBIERNO FEDERAL

busca:

     Director General de Crédito Público.

     Obligaciones: administrar 9 billones de pesos de deuda.

     Horario laboral: Lunes a viernes de 9 AM a 7PM.

     Sueldo bruto: $40,000 mensuales”,

     escribió Isaac Katz, economista y catedrático del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), una de las instituciones académicas más prestigiadas de México, en su cuenta de la red social Twitter, para ejemplificar y exagerar lo absurdo que podría resultar un recorte generalizado de los salarios de miles de funcionarios públicos.

     Hasta ahora, el número de servidores que podrían verse afectado por el recorte y tope salarial propuesto por López Obrador no es claro.

     De acuerdo con estimaciones de algunos medios de comunicación, como el periódico Milenio o el diario El Universal, el número de funcionarios que podrían resultar afectados oscila entre 22 y 35 mil.

     La diferencia de esas cifras puede explicarse por el hecho que el mayor número incluye a servidores públicos del poder legislativo y judicial que ganan más que el salario que tendrá el futuro presidente de México, mientras que el otro no, ya que desde el punto de vista de algunos expertos el poder ejecutivo no puede dictar los sueldos de los otros poderes de la federación, o incluso de algunos organismos autónomos, como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Dentro de los funcionarios a los que afectará el tope y recorte salarial, están, obviamente, los de más alto rango dentro del gobierno, como son secretarios y subsecretarios de Estado.

Pero la medida también afectará a niveles medio-altos, como directores generales, coordinadores generales, jefes de unidad, gerentes titulares, coordinadores de asesores, oficiales mayores, entre otros.

No es claro, por ejemplo, si el recorte podría alcanzar a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes podrían ver reducir su sueldo de forma drástica si López Obrador logra que se aplique el artículo 127 constitucional, en la parte que indica que ningún “servidor público” puede ganar más que el presidente del país.

Directores de hospitales y universidades públicas, de instituciones culturales y de empresas estatales, como la productora de crudo y combustibles Petróleos Mexicanos (Pemex), o la generadora de energía Comisión Federal de Electricidad (CFE), incluso destacados académicos en institutos de enseñanza públicos, también podrían sufrir un recorte salarial por el tope que pretende imponer el futuro presidente de México.

La preocupación que han generado las medidas anunciadas por López Obrador no está incluso fuera del radar de personas cercanas a él.

Olga Sánchez Cordero, la futura secretaria de Gobernación, reconoció recientemente en una entrevista radiofónica que el tope y recorte salarial propuesto por el virtual presidente electo generará una fuerte oposición al interior de las estructuras gubernamentales, las cuales muy probablemente busquen ampararse ante la medida.

“Podría venirse una cantidad de amparos. . . y a lo mejor procedentes”, dijo la ministra en retiro de la Suprema Corte, en la entrevista con el conductor Ciro Gómez Leyva, en una estación de Grupo Fórmula.

De ahí que algunos pidan al futuro presidente tener más cuidado con la aplicación de los recortes, aunque también aplaudieron la decisión de restringir las prestaciones que hoy tienen miles de servidores públicos.

“Lo que sí está bien es reducir estas prebendas, en términos de automóviles, choferes, celulares, todo eso es una austeridad bienvenida”, agregó Rubli, quien habló como vocero del IMEF en la conferencia de prensa.

Claro que por otro lado, algunos futuros funcionarios gubernamentales defendieron la decisión de López Obrador de recortar los sueldos de miles de servidores, argumentando que, ante los altos niveles de pobreza que persisten en México, los funcionarios deben sacrificar sus ingresos.

“En México con más de 50 millones de pobres, como servidor público ganar 400 mil pesos mensuales más bonos y privilegios, es un insulto al pueblo”, escribió Miguel Torruco, el próximo secretario de Turismo, en su cuenta de la red social Twitter, sin aclarar el número de funcionarios que tienen ese nivel salarial o si el límite de 108 mil pesos le parece adecuado para un director de un hospital o de una universidad. “Quien no esté de acuerdo, los invito a emprender en la Iniciativa Privada y generar y ganar lo que su capacidad les permita como libres empresarios”.

* Francisco del Valle colaboró en la elaboración de esta historia.