En Venezuela, ofensiva contra crimen deja ejecuciones, machetes, 8,292 muertos

Barlovento, Venezuela, 12 de ene. (Dow Jones) -- Los jóvenes ya habían sido torturados en una base militar cuando los soldados los subieron a dos jeeps y los transportaron a una zona boscosa ubicada a las afueras de la capital venezolana.

Tropezando en la oscuridad, con las camisetas levantadas sobre sus caras y las manos atadas a la espalda, fueron conducidos a un pozo abierto. Los soldados luego usaron machetes para asestar golpe tras golpe en la base de sus cuellos. La mayoría sufrió serias heridas que les provocó la muerte antes de tocar tierra.

Otros, sangrando profusamente pero aún con vida, se desplomaron en la tumba poco profunda mientras sus asesinos apilaban tierra sobre sus cuerpos para ocultar el crimen.

“Creemos que estuvieron vivos un buen rato antes de morir asfixiados”, dijo Zair Mundaray, un veterano fiscal que dirigió la exhumación y la investigación que reconstruyó cómo se desarrollaron los asesinatos. “Tuvo que ser algo terrible”.

Para Mundaray y su equipo de investigadores, la masacre en esta área que está al este de Caracas de octubre de 2016 fue la más sanguinaria perpetrada por las fuerzas de seguridad en un país dividido por una violencia indescriptible.

Fiscales, criminólogos y grupos defensores de los derechos humanos dijeron que éste solo fue uno de los muchos y recurrentes ataques letales perpetrados por la policía o los soldados.

El alcance total de las supuestas atrocidades está empezando a aparecer públicamente ahora. Luisa Ortega, una incondicional del Partido Socialista que fue procuradora general hasta que huyó a la vecina Colombia en agosto pasado, está divulgando datos sobre los homicidios, al igual que grupos independientes de derechos humanos y periodistas venezolanos.

Su oficina ha registrado los asesinatos de ocho mil 292 personas por parte de la policía, la Guardia Nacional, el ejército y la versión venezolana del FBI, desde 2015 hasta los primeros seis meses de este año, dijo en una entrevista.

De acuerdo con su versión, las operaciones se enfocan a los barrios pobres que tradicionalmente han formado la base de apoyo del Chavismo, el movimiento de izquierda radical que está en el poder desde 1999 y que lleva el nombre de su fallecido fundador, Hugo Chávez.

Ella y otros activistas de los derechos humanos los califican de intentos equívocos y torpes para confrontar el crimen que prolifera en tales vecindarios.

“Es una política sistemática contra un sector social”, dijo Ortega. Quien añadió que la policía y las fuerzas armadas ingresan a barrios pobres fuertemente armados en gran número, “arrasando todo lo que encuentran a su paso”.

El gobierno del presidente Nicolás Maduro dice que respeta los derechos humanos, pero que debe responder con fuerza para combatir la creciente ola de crímenes que él y sus ministros señalan que manó del extranjero para desestabilizar el país.

Socavada por el pandillerismo y la cocaína, Venezuela ha visto crecer los homicidios en una espiral ascendente de 25 por cada 100 mil personas en el primer año del gobierno de Chávez, a 70 por cada 100 mil en 2016. Esa es la segunda tasa más alta en el mundo a excepción del El Salvador, de acuerdo con datos recabados por la fiscalía general y criminólogos.

“No podemos bajar la guardia”, dijo Maduro en un discurso exaltando las operaciones.

Las llamadas y los correos electrónicos dirigidos al sucesor de Ortega en la oficina del fiscal general, Tarek William Saab, así como a la oficina del presidente, la policía, el ejército, la Guardia Nacional y otras dependencias no obtuvieron respuesta.

De acuerdo con el recuento de Ortega, los servicios de seguridad venezolanos cobraron aproximadamente el mismo número de vidas civiles en el año que terminó el 30 de junio que la controvertida campaña contra el narcotráfico de Rodrigo Duterte en Filipinas, un país tres veces más grande que Venezuela.

La evidencia forense de los tiroteos y un coro de quejas de los barrios más pobres indica que la gran mayoría no fueron actos de autodefensa de las fuerzas de seguridad.

Un grupo independiente de derechos humanos en Caracas, el Comité de Familias de las Víctimas, o Cofavic, registró seis mil 385 ejecuciones extrajudiciales desde 2012 hasta los primeros tres meses de este año, lo que llama operaciones de limpieza social por parte de las fuerzas estatales en las que todas las muertes fueron legalmente injustificadas, dijo el grupo.

Después de ser despedida por Maduro, Ortega huyó de Venezuela en una lancha rápida para evitar el arresto antes de llegar a Colombia. Recientemente presentó un informe de 495 páginas sobre los abusos contra los derechos humanos en la Corte Penal Internacional en La Haya, afirmando que “la población civil es víctima de estos ataques criminales”. Una copia del informe fue revisada por el diario.

Ahora ella opera una fiscalía paralela, que es manejada por Mundaray y otros fiscales leales exiliados de Venezuela, en una calle arbolada de la capital colombiana. Trabajando con evidencia y documentos sacados de contrabando de Venezuela, los fiscales dicen que están avanzando en casos de presuntos abusos de derechos y corrupción por parte de los ex camaradas de Ortega.

Traducido por  Luis Felipe Cedillo