8 de nov. (Dow Jones) -- En Washington, los abogados comerciales del Congreso y de ciertas empresas privadas han comenzado a reunirse informalmente para encontrar formas de impugnar cualquier decisión del presidente Donald Trump de retirarse del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o TLCAN.

Abogados privados y asistentes del Congreso dijeron que la planeación de contingencia está en las primeras etapas, y la mayoría no quiere discutir el asunto públicamente mientras continúan las conversaciones.

Pero debido a que las negociaciones del TLCAN ya están llegando a su etapa más difícil hasta la fecha en la ronda que terminó recientemente, y debido a que Trump ha estado advirtiendo de manera reiterada  que se retirará del pacto, si los socios comerciales no pueden aceptar las demandas de Estados Unidos correspondientes a las disposiciones de “America First” (EUA primero), las discusiones sobre cómo responder a un retiro han adquirido una nueva urgencia, de acuerdo con los involucrados.

Los preparativos para desafiar al presidente, si decidiera que Estados Unidos debe retirarse del TLCAN, apuntan a una pregunta sin respuesta que se avecina en las recientes rondas de discusiones comerciales: ¿Cuánta autoridad tiene realmente el presidente para cancelar un acuerdo comercial vigente?

“Esta es una especie de territorio inexplorado que nadie conoce realmente”, dijo Warren Maruyama, un ex funcionario de comercio en la administración Reagan y dos administraciones Bush.

Casi con certeza, el presidente afrontará desafíos legales si toma medidas para anular el pacto con 23 años de antigüedad con Canadá y México, dijeron los abogados, particularmente de industrias, como el sector automotriz, que se han vuelto dependientes del libre comercio en todo el continente.

“Al día siguiente de que se envíe la notificación, se verá a la industria automotriz en la corte buscando una suspensión judicial”, dijo Tim Meyer, profesor de derecho en Vanderbilt Universitye. “Definitivamente se verán a los grupos de la industria en los tribunales con el apoyo total de la Cámara de Comercio de Estados Unidos al día siguiente de que se envíe el aviso”.

En Capitol Hill y dentro de los grupos empresariales, ya se ha desarrollado resistencia política a una retirada. En el Congreso, un grupo de miembros centristas de ambos partidos respaldados por empresas probablemente se opondría a la retirada. La Cámara ha llamado las propuestas de la administración para el TLCAN “altamente peligrosas” y se podría esperar que impugnen cualquier retirada unilateral.

Robert Lighthizer, el representante comercial de Estados Unidos, no quiso hacer comentarios a través de un portavoz. Su predecesor, Michael Froman, ahora miembro del Consejo de Relaciones Exteriores, dijo que hay un debate vigoroso sobre lo que sucedería si el Congreso se opusiera a una retirada, pero que creía que “se podía hacer mucho mediante una decreto presidencial”.

Maruyama estuvo de acuerdo en que el presidente probablemente tenga el poder de cancelar o desguazar el TLCAN, pero espera desafíos, con posibilidades de éxito, si Trump intenta cancelar el acuerdo unilateralmente.

“Hay gente que está buscando desesperadamente [disposiciones clave del derecho comercial] en Capitol Hill y las firmas de abogados y en la Cámara de Comercio de Estados Unidos en este momento para tratar de crear algún tipo de argumento de que Trump no puede hacer eso”, dijo Maruyama, ahora socio de Hogan Lovells en Washington.

Si bien la Constitución le otorga amplios poderes al Congreso para regular el comercio internacional, cuando se trata de acuerdos comerciales, Capitol Hill ha delegado en el ejecutivo grandes partes de esa autoridad --en una ley de 1974, en reiteradas leyes diseñadas para acelerar la aprobación de pactos comerciales y en la ley de 1993 que implementó el TLCAN.

Expertos legales ven dos vías principales para desafiar el supuesto retiro: los oponentes podrían desafiar la capacidad del presidente para declarar inconstitucional un acuerdo comercial internacional o desafiar su capacidad para revertir una ley aprobada por el Congreso, en este caso, partes de la legislación de implementación del TLCAN --sin el consentimiento del Congreso.

En el primer caso, el desafío comenzaría si Trump informa formalmente a México y Canadá de sus planes de retirarse del TLCAN, iniciando el proceso por el cual los países pueden salir del acuerdo en virtud del tratado de 1992. Los países pueden informar a los socios comerciales de su retiro real seis meses o más después de enviar el aviso.

Los abogados involucrados en las discusiones dicen que sería difícil evitar que Trump envíe el aviso inicial de retiro, ya que el poder ejecutivo goza de una capacidad especial para comunicar las decisiones políticas oficiales a los gobiernos extranjeros.

Pero después de la notificación, los legisladores o las empresas que podrían verse perjudicados por dicho retiro podrían solicitar una supensión judicial en un tribunal federal para evitarlo.

“El Congreso o General Motors podrían buscar una suspensión judicial para evitar esa segunda notificación para retirarse de hecho”, dijo Joel Trachtman, profesor de derecho internacional en Tufts University, citando un ejemplo hipotético. “Creo que cualquier miembro o congreso puede demandarlo y, francamente, cualquier negocio que pueda ser perjudicado podría demandarlo”.

También, podrían intentar revertir el retiro después de que ocurra, argumentando que el Congreso debe ser consultado ya que regula el comercio internacional y porque la ley de 1974 es imprecisa sobre quién tiene el poder de cancelar los acuerdos comerciales.

Traducido por  Luis Felipe Cedillo

Editado por Michelle del Campo

                                                                                    

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Fecha de publicación: 08/11/2017

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