Actualización del TLCAN tiene en la mira los magros salarios de México

Ciudad Juárez, 14 de sep. (Dow Jones) -- Emma Palacios empezó a trabajar en las maquiladoras de esta ciudad ubicada en la frontera con Texas en 1994, el año en el que entró en efecto el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Desde entonces, dijo, ha sido fácil encontrar empleo en la serie de fábricas propiedad de empresas con sede en Estados Unidos que abrieron aquí. Lo que ha resultado más difícil ha sido encontrar un salario digno.

Después de trabajar 11 años con un importante proveedor automotriz, Palacios estaba ganando sólo un dólar por hora más beneficios el año pasado. Ella y docenas de compañeros de trabajo organizaron una huelga para exigir un incremento salarial de seis centavos de dólar por hora. Emma terminó perdiendo su trabajo y ahora está en otra fábrica --percibiendo aún menos paga.

“No resolvimos nada”, dijo Palacios, de 37 años y madre de cuatro hijos.

México ha cosechado enormes beneficios de desarrollo industrial y empleos con el pacto de 23 años de antigüedad, que las autoridades estadounidenses, canadienses y mexicanas comenzaron a renegociar el mes pasado y que volvieron a discutir a principios de este mes en una segunda ronda en la Ciudad de México. Lo que el tratado no ha logrado ha sido mejorar significativamente los salarios --ni siquiera que permitan vivir decorosamente-- para Palacios y millones de trabajadores más.

Los defensores laborales de los tres países han dicho que los empecinadamente bajos salarios de México --donde el salario mínimo es de 4.50 dólares por día, y 100 dólares semanales es considerado entre los mejores salarios fabriles-- crean una competencia desleal para los trabajadores estadounidenses y canadienses, y que también lesiona el crecimiento económico de México.

Ahora, los funcionarios de comercio de Estados Unidos y Canadá y los defensores de los trabajadores quieren aprovechar la renegociación del TLCAN para forzar a México a aumentar sus salarios.

“Los salarios más altos en México le convienen a México y Estados Unidos”, dijo recientemente el economista Peter Navarro, asesor comercial del presidente Donald Trump, al diario The Wall Street Journal. “Sin este ajuste, México nunca tendrá una robusta clase media y nuestra clase media se marchitará, si es que no muere”.

Con esto en mente, es probable que Estados Unidos presione por el establecimiento de normas laborales mexicanas más estrictas, como asegurar que los trabajadores mexicanos puedan organizar sindicatos libremente e iniciar huelgas para luchar por sus derechos sin temor a perder sus empleos. Mientras que México tiene incluidas en su constitución leyes que protegen a los trabajadores, los críticos sostienen que el país las hace cumplir deficientemente para atraer fabricantes globales a México.

“Los bajos estándares laborales son una ventaja injusta”, dijo recientemente Robert Lighthizer, representante comercial de Estados Unidos, a House Ways and Means Committee (Comité de Métodos y Medios de la Cámara de Representantes), al hacer suyo un punto de vista que muchos demócratas del Congreso también han sostenido durante mucho tiempo.

Cuando entró en vigor el TLCAN en 1994, los estándares laborales y ambientales fueron relegados a acuerdos laterales sin efectos prácticos. Las autoridades mexicanas dicen que están abiertas a incluir mecanismos para asegurar una aplicación más estricta de sus leyes laborales. Lo que no quieren, dijeron, son medidas que obliguen a México a elevar sus magros salarios.

“Creemos que los salarios son parte del mercado libre y queremos mantenerlos así”, dijo Moisés Kalach, miembro del consejo del sector privado que asesora al gobierno mexicano en las negociaciones.

Ildefonso Guajardo, el secretario de Economía, dijo que los paupérrimos salarios no son una ventaja competitiva a largo plazo para México y sugiere que las reformas laborales recientemente aprobadas conducirán a mejores salarios. “Sin duda, el fortalecimiento de los derechos laborales se reflejará en el mercado y la determinación de los salarios”, dijo recientemente.

Los salarios han permanecido bajos en México por muchas razones, y cualquier modificación a las normas laborales del TLCAN puede tener poco impacto en su incremento, por lo menos a corto plazo.

La población del país ha aumentado tres cuartas partes en 30 años, a 123 millones, superando en exceso la oferta de buenos empleos. La mitad del país sigue siendo pobre. La baja productividad afecta a 80% de la economía que no participan en las exportaciones manufactureras. Además, casi el 60% de los trabajadores subsisten gracias a la economía informal, fuera de los libros contables.

Incluso dentro del sector manufacturero de exportación, donde la productividad está creciendo, el país enfrenta una fuerte competencia de China y otros lugares de bajo costo en Asia.

Los salarios en el norte del país impulsados por el TLCAN --que está más cerca de los Estados Unidos y que recibe una mayor inversión extranjera, tienden a ser más altos que en el sur rural. Algunos economistas dicen que eso sugiere que los salarios serían aún más bajos en México sin la inversión extranjera que ha generado el TLCAN.

El fracaso en subir más rápidamente de los salarios mexicanos refleja en parte las mismas presiones globales que impiden que los salarios de Estados Unidos suban más rápido, dijo Alfonso Navarrete Prida, secretario del Trabajo de México, como el aumento de la automatización.

Otro factor son los sindicatos charros, dijo Benjamin Davis, director de asuntos internacionales de United Steel Workers, un sindicato estadounidense.

Poco menos de 14% de los trabajadores mexicanos están sindicalizados, en comparación con alrededor de 11% en Estados Unidos. Pero casi todos los sindicatos del país están encabezados por líderes elegidos a través de elecciones fraudulentas, dejando a los miembros sin una voz real. Muchos líderes sindicales han estado muy unidos al Partido Revolucionario Institucional (PRI), al que pertenece el presidente Enrique Peña Nieto y en su representación han fungido como legisladores, gobernadores y en otros altos cargos.

“Generalmente no hay sindicatos libres e independientes en México”, dijo Raymond Robertson, economista de Texas A&M, quien preside el comité asesor del Departamento del Trabajo de Estados Unidos sobre la protección de los trabajadores en las negociaciones de libre comercio.

Muchos sindicatos mexicanos rutinariamente llegan a acuerdos con las empresas para forjar los llamados contratos laborales, firmados sin el aporte o el conocimiento de los miembros, e incluso antes de que un solo trabajador sea contratado, dijeron defensores laborales. Los líderes empresariales dicen que estos contratos son necesarios para prevenir las huelgas y la extorsión de los sindicatos malévolos.

Los contratos sindicales han sido condenados por la Organización Internacional del Trabajo y fueron declarados ilegales por el Congreso de México en febrero. Sin embargo, los esfuerzos para formar sindicatos independientes se ven frustrados por los reguladores estatales y federales. Los trabajadores que tratan de organizarse sin permiso --o de otro modo para presionar para obtener mejores condiciones de pago y trabajo-- suelen ser despedidos sumariamente, dijeron los defensores.

“No queremos que haya huelgas porque entonces afectaríamos la fuente de empleo”, dijo Gloria Porras, líder local de la CROC, una importante federación sindical que dice que representa a 30 mil trabajadores en Ciudad Juárez. La última huelga sancionada por la organización fue hace cuatro décadas, dijo.

Ciudad Juárez, ciudad que está en la frontera con el El Paso, Texas, fue el sitio de una serie de huelgas el año pasado, incluyendo en la que participó Emma Palacios. Ni la organización a la que pertenece Porras, ni la Confederación de Trabajadores de México, que es más grande, apoyaron a los trabajadores en huelga. Aunque los huelguistas llamaron la atención y el apoyo internacional, incluyendo al Papa Francisco en su visita a la ciudad de febrero de 2016, se dieron por vencidos cuando se agotaron sus escasos ahorros y las donaciones de simpatizantes.

“¿Qué opciones tienen?”, preguntó Susana Prieto, una abogada laboral local. “La lealtad a la causa es una cosa. El hambre es otra”.

Ahora trabajando desde el amanecer hasta la media tarde en una cadena de montaje, Palacios está cada vez más insatisfecha con su crónico bajo salario. Ella comparte una casa de tres habitaciones construida por misioneros estadounidenses con su esposo y sus dos hijos más pequeños, ubicada a menos de dos kilómetros del muro reforzado que se construirá a lo largo de la frontera.

“No sé por qué he estado satisfecha con esto durante todos estos años”, dijo Palacios en el patio con suelo de tierra de su casa, antes de comenzar una cena de sopa y pasta para su familia en la pequeña cocina de la casa. “Pero estos son los únicos trabajos disponibles para mí y tengo que cuidar a mi familia”.

Traducido por  Luis Felipe Cedillo

Editado por Michelle del Campo

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