5 de sep. (Sentido Común) -- Jeff Sessions, el procurador general de Estados Unidos, anunció la derogación del programa que creo el expresidente Barack Obama para permitir que quienes llegaron a Estados Unidos como menores de edad pudiesen permanecer en el país legalmente.

     El programa, llamado Deferred Action for Childhood Arrivals (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), o mejor conocido como DACA, por sus siglas en inglés, fue implementado en 2012 como una medida de ayuda a los niños y jóvenes sin documentos que residían en el país y participaban como otros de múltiples actividades productivas, académicas y sociales.

     Sin embargo, desde la perspectiva del gobierno del presidente Donald J. Trump y de acuerdo con algunos expertos legales, el programa usurpó del Congreso sus facultades para determinar las reglas que regulan el ingreso de personas a Estados Unidos.

     Ante esto, Sessions anunció que la administración actual había optado por dar por terminado el programa.

     Este programa “fue implementado de forma unilateral y en medio de gran controversia y preocupación legal luego que el Congreso rechazó diversas propuestas legislativas y en diversas ocasiones para extender beneficios similares a un grupo similar de personas sin documentos”, dijo el procurador al anunciar la decisión de rescindir el programa, lo que ocurrirá en seis meses.

     La medida pone así en riesgo la estancia en Estados Unidos de cerca de 800 mil jóvenes, mejor conocidos como dreamers, o soñadores, quienes se habían acogido a esa especie de amnistía legal que les había proporcionado el presidente Obama.

     Dado que buena parte de los beneficiarios de DACA son jóvenes que nacieron en México, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto lamentó la decisión del presidente Trump al señalar que desde su perspectiva, como de la de muchos otros, ese grupo de personas aporta “de manera significativa y cotidiana a la economía, cultura y la sociedad” estadounidense.

     La Secretaría de Relaciones Exteriores dijo que, aun cuando reconoce que la determinación de las políticas migratorias de Estados Unidos es una prerrogativa exclusiva de esa nación, buscará cabildear tanto al poder ejecutivo como al poder legislativo de esa nación para intentar encontrar una solución a la incertidumbre jurídica que generará en los jóvenes que adoptaron los beneficios que ofrecía el programa.

     Incluso el embajador de México en Estados Unidos, Jerónimo Gutiérrez, envió ya cartas a senadores y miembros de la Cámara de Representantes para que reconozcan el valor de los dreamers. Gutiérrez también exhortó a los legisladores a encontrar una solución permanente que dé certidumbre jurídica a ese grupo de personas.

     “El gobierno de México tiene la obligación de proteger a los jóvenes dreamers nacidos en nuestro país. En consecuencia, la Cancillería, mediante la embajada y la red consular en esa nación, redoblará sus esfuerzos para garantizar la más amplia protección consular a los jóvenes que sean afectados por esta medida”, agregó la Secretaría de Relaciones Exteriores en un comunicado. “El gobierno de México otorgará asistencia consular y legal integral e individualizada a todo dreamer mexicano que lo solicite, particularmente en su representación legal”.

     Los esfuerzos de persuasión que el gobierno de México buscará realizar para ofrecer una solución permanente a ese grupo de personas, podría tener eco en diversos legisladores, quienes dijeron, tras el anuncio del procurador, que buscarán realizar una reforma legal para que esos jóvenes puedan permanecer en Estados Unidos.

     Claro que no hay ninguna certidumbre que eso vaya a ocurrir, más cuando existe animadversión en muchas partes de Estados Unidos contra trabajadores ilegales, quienes son vistos como rivales en la búsqueda de empleo y violadores de la ley.

     El propio presidente Trump ha sido crítico de la migración ilegal hacia Estados Unidos de las últimas décadas, por lo que desde su campaña electoral prometió deportar a los trabajadores sin documentos que viven en Estados Unidos y que, desde su perspectiva, han quitado empleos a ciudadanos estadounidenses.

     Las posibilidades de que haya una reforma legal podrían así ser bajas ya que el programa incluso lo creo Obama ante la oposición en el Congreso estadounidense, principalmente de legisladores del Partido Republicano, que controlaban, como ahora, la Cámara Baja, para reformar las leyes migratorias de ese país que diera la oportunidad a millones de trabajadores ilegales en esa nación de regularizar su situación migratoria.

     Con DACA, los inmigrantes que llegaron a Estados Unidos como niños tenían el derecho a permanecer legalmente durante un periodo renovable de dos años hasta alcanzar la ciudadanía.

     DACA además otorgaba a esos inmigrados permiso para trabajar y otros beneficios, incluyendo su participación en programas de seguridad social.

     Sin embargo, para algunos la creación del programa iba más allá de las facultades del presidente, algo con lo que Obama mostró desacuerdo hoy al saber que su sucesor eliminaría el programa.

     El ex presidente, al compartir sus reflexiones sobre el tema en la red social facebook, dijo que decidió implementar el programa para levantar la sombra de deportación de jóvenes de la sociedad productivos; además de que lo hizo bajo el principio legal de “discreción procesal”, que otros mandatarios han usado cuando las entidades que aplican la ley tiene escasos recursos y están abrumadas.

     “Hace sentido enfocar los recursos en quienes llegan de forma ilegal a nuestro país para hacer daño”, escribió Obama en su mensaje. “Las deportaciones de criminales aumentaron. Cerca de 800 mil jóvenes revelaron su identidad, cumplieron con severos requisitos y se sometieron a una revisión exhaustiva de su pasado. Como resultado Estados Unidos creció con mayor fortaleza”.

     La decisión de Trump de cancelar DACA se dio también ante al riesgo que enfrentaba su gobierno de tener que defenderse en las cortes por las acciones de inconstitucionalidad que planteaban presentar en breve diversos gobiernos estatales y locales, opositores a DACA.

     Así, Trump, quien muy probablemente considera que programas como DACA han contribuido a lo que el ve como pérdida de control de sus fronteras, optó por cancelar ese programa, antes que defender en tribunales algo en lo que no cree.

     Sessions, al dar a conocer la decisión del gobierno de Trump, corroboró la perspectiva del presidente estadounidense al indicar que DACA, no sólo usurpó las funciones del Congreso, sino que incluso generó un mayor flujo migratorio en la frontera sur que tuvo consecuencias negativas sobre ese grupo de personas y que provocó la pérdida de empleos para miles de ciudadanos estadounidenses.

     Además, para el procurador la decisión de cancelar DACA, encaja con su responsabilidad de asegurar el orden constitucional y el cumplimiento de las leyes de su país.

     “No hay mejor bien para todos los seres humanos de la república que el fortalecimiento de un imparcial estado de derecho”, agregó Sessions. “Las sociedades en las que el estado de derecho es valorado son sociedades que tienden a florecer y tener éxito. Sociedades en las que el estado de derecho está sujeto a vientos políticos y sesgos personales tienden en convertirse en sociedades golpeadas por la corrupción, pobreza y sufrimiento humanitario”.




Fecha de publicación: 05/09/2017

Etiquetas: EUA Indocumentados Inmigrantes Daca Recisión Jeff Sessions Obama Empleos Ciudadanos Ilegales