Un correo electrónico detona pesquisa Cofece caso colusión afores

28 de jul. (Sentido Común) -- El 15 de septiembre de 2014, en medio de las fiestas patrias por el día de la independencia de México, la Comisión Federal de Competencia Económica recibió un inusual correo electrónico de un abogado quien solicitaba protección para uno de sus clientes --un agente económico-- a cambio de revelar todo lo que sabía sobre posibles conductas indebidas de algunas empresas administradoras de fondos para el retiro, o afores.

     Cuatro meses después, Cofece, como también se conoce a la entidad encargada de sancionar las prácticas monopólicas en México, optó por otorgar los beneficios solicitados siempre y cuando el cliente de ese abogado cooperara a lo largo de toda la investigación.

     A partir de ahí, la Comisión comenzó a armar el expediente que terminaría dos años después con una de las sanciones más severas por prácticas monopólicas en la historia económica reciente de México.

     La sanción, de mil 100 millones de pesos (58 millones de dólares) y que implicó a cuatro afores y 11 de sus ejecutivos, la aplicaron las autoridades tras descubrir que las administradoras de pensiones y sus directivos realizaron diversas medidas coordinadas para restringir los traspasos de cuentas de aquellos usuarios que buscaban mover sus fondos para sus jubilaciones de una empresa a otra a fin de obtener un mejor rendimiento o pagar una menor comisión por el manejo de su pensión.

     Las empresas que participaron en ese esquema de colusión, que involucró cinco convenios bilaterales, fueron, de acuerdo con Cofece, Profuturo GNP, Afore Sura, Principal Afore y Afore XXI Banorte; mientras que algunos de los ejecutivos que participaron en esos acuerdos fueron José Silva, Enrique Solórzano Palacio, Francisco Tonatiuh Rodríguez y Ramón Elías Pando, entre otros.

     Si bien tanto la identidad del abogado que envió el correo a Cofece en búsqueda de inmunidad como la del agente económico que lo contrató, permanecen confidenciales, ellos no fueron los únicos en acogerse al programa de protección que tiene la entidad para hacerse de información y con ella armar mejor sus casos.

     En el correo del abogado también se incluyó la solicitud de inmunidad de un ejecutivo, quien también ofrecía colaborar con las autoridades. Posteriormente, otros agentes económicos también buscaron obtener beneficios, reveló el expediente del caso que hizo público Cofece, junto con la versión estenográfica de la discusión que realizó en abril el pleno de esa entidad.

     Los nombres de esas otras empresas o personas que buscaron acogerse al programa de inmunidad tampoco fueron revelados.

     Cofece, sin embargo, sí dejó en claro que algunos de los solicitantes al final no lograron su objetivo pues, aunque colaboraron en la etapa de investigación con la Autoridad Investigadora de la entidad, incurrieron posteriormente en diversas contradicciones que les hicieron perder los beneficios que otorga el programa de protección del organismo que combate las prácticas monopólicas.

     “Los segundos solicitantes y una persona física (incluida dentro de la protección solicitada por el primer solicitante del programa de inmunidad), realizaron diversas manifestaciones. . . tendientes a controvertir su responsabilidad y la posibilidad de esta autoridad de sancionarlos, las cuales se consideran son contrarias al requisito de cooperar plena y continuamente”, dijo Benjamín Contreras, el comisionado ponente del caso de colusión de algunas afores, durante las deliberaciones del pleno de Cofece el 20 de abril, de acuerdo a la versión estenográfica de esa sesión.

     La comisionada Brenda Gisela Hernández fue la única que no estuvo presente en la discusión del caso al estar impedida, muy probablemente porque antes de incorporarse al pleno de Cofece como comisionada, trabajaba en la Autoridad Investigadora precisamente cuando esa unidad llevaba a cabo la indagatoria.

     La solicitud de negar la inmunidad a los segundos solicitantes que realizara Contreras al pleno de Cofece fue secundada por otros comisionados, para quienes la actitud de los solicitantes durante la investigación fue muy distinta a la que tomaron meses después durante el proceso para determinar su culpabilidad y las eventuales sanciones.

     “Algunos agentes económicos no son acreedores al beneficio de reducción de las sanciones. . . al estar por un lado en el programa diciendo, aceptándola comisión de la conducta y aportando elementos para acreditar eso como lo exige la ley y por el otro lado en el procedimiento seguido en forma de juicio argumentar que no hicieron la práctica”, dijo el comisionado Martín Moguel, durante la sesión del pleno.

     Si bien Cofece no ofreció detalles acerca de las aparentes contradicciones en las que incurrieron algunos de quienes solicitaron el programa de inmunidad y luego lo perdieron, el expediente sí revela diversas pruebas de las conductas inapropiadas de los ejecutivos y sus empresas.

     Por ejemplo, la fiscalía del regulador antimonopolios recabó decenas de correos electrónicos de los ejecutivos de las afores para evidenciar cómo se ponían de acuerdo para restringir el traspaso de cuentas entre las afores.

     “Te mando el archivo estadístico de cómo vamos semana a semana en traspasos A-A”, dice un correo electrónico del 17 de octubre de 2012 a las 5:15 p.m., intercambiado entre dos de los ejecutivos sancionados, y revelado en el expediente que dio a conocer Cofece. “En cuanto me indiques nos hablamos para acordar más a detalle este tema. Te parece?? [sic] Saludos”.

     Como éste, muchos otros correos muestran las conversaciones de las personas involucradas en el caso. La Comisión, además, realizó interrogatorios con varios ejecutivos de todas las afores involucradas para indagar sobre su participación.

     Así, el pleno de la Cofece, de manera unánime, determinó imponer las multas a cada uno de los 11 ejecutivos y las cuatro afores. Algunos de ellos obtuvieron un descuento a su respectiva sanción por haberse acogido al programa de inmunidad y haber cumplido con los requerimientos para obtener los beneficios.

     Cofece no ofreció detalles acerca de cuántos al final sí cumplieron con los requisitos para recibir los beneficios de cooperar y a cuánto ascendió el descuento al momento de pagar su multa ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la entidad encargada de recolectar los impuestos, multas y otras regalías del gobierno federal.

     Hasta ahora, Afore XXI Banorte es la única que ha revelado que fue una de las empresas que recibió beneficios.

     Por su parte, Principal Afore es una de las involucradas que ya pagó su multa junto con otras de las cuales Cofece no reveló su identidad. La dependencia tampoco dijo si éstas habían recibido descuentos por el programa de inmunidad.

 * Editada por César Pérez y Eduardo García.