17 de abr. (Sentido Común) -- Para la ubicación y detención del exgobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte, en Guatemala el sábado pasado, hubo dos eventos claves que permitieron a las autoridades mexicanas saber de su paradero.

     El primero fue el arresto en noviembre del año pasado de una persona en la ciudad fronteriza de Tapachula, en el estado de Chiapas, que llevaba consigo dos pasaportes falsos, con las fotografías del exgobernador y de su esposa, Karime Macías.

     El individuo, identificado como Mario Medina Garzón, llevaba además siete mil dólares en efectivo y se dirigía a Guatemala.

     Con esa información las autoridades pudieron no sólo determinar la ubicación del político en el país centroamericano, sino incluso descubrir la red de protección y complicidades que lo ayudó a evadir la acción de la justicia en México y en Guatemala, al menos hasta antes de su detención en la ciudad turística de Panajachel, a un costado del lago Atitlán, en Guatemala, hace dos días.

     “Así fue que pudimos encontrar y localizar a esta persona en el municipio del Departamento de Sonalá, en el Hotel La Riviera de Atitlán”, dijo Alberto Elías Beltrán, subprocurador jurídico de asuntos internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), en una entrevista radiofónica con Óscar Mario Beteta, en una estación de la empresa Grupo Fórmula.

     Las autoridades además contaron con un viaje que realizaron miembros cercanos de la familia del exgobernador de Veracruz --su cuñada y su concuño-- desde Toluca a la Ciudad de Guatemala el viernes pasado para corroborar la información que habían recabado hasta entonces sobre el paradero de Duarte.

     Claro que el viaje de los familiares de Duarte a Guatemala ha despertado algunas sospechas sobre si el exgobernador no pactó algo con las autoridades mexicanas para entregarse ante lo que percibía como su inminente arresto.

     El que personas cercanas al político, que muy probablemente eran vigiladas por la policía, viajaran al lugar de su escondite, hace creer algunos que hubo una posible negociación entre las partes, más cuando se cree que los hijos del exservidor público también viajaron a Guatemala para estar unos días con su padre y su madre.

     Duarte "decidió entregarse porque constató que en sus condiciones sería imposible seguir huyendo", escribió el columnista político Ricardo Rapahel, en el diario El Universal. "Un deseo pidió entonces el condenado. Pasar la semana de asueto con sus hijos, en libertad y por última vez". 

     De cualquier manera, las autoridades, gracias a esos dos eventos claves, pudieron poner fin a la búsqueda que duro poco más de seis meses y que se inició desde que el gobernador desapareció a mediados de octubre cuando un juez en la capital del país ordenó su detención para enfrentar los cargos de “delincuencia organizada” y “operaciones con recursos de procedencia ilícita”.

     Al no localizar al exgobernador, de 43 años de edad, en sus domicilios, la PGR consideró a Duarte como un fugitivo de la justicia e inició su búsqueda hasta el día 15 de abril en que pudo ya ser detenido.

      Ahora, las autoridades iniciarán el proceso de extradición a México del exgobernador, algo que estiman podría tomar hasta un año, dependiendo de si el exgobernador decide o no cooperar con la solicitud de extradición que enfrenta.

     Además, las autoridades dijeron que irán también en contra de la red de cómplices y de prestanombres que ayudaron a Duarte a evadir la justicia y a realizar diversos actos ilícitos.

 “Vamos a proceder en contra de todas las personas en donde se identifique la comisión de algún delito y si esos estuvieran en el extranjero no tengan duda de que se iniciarán los trámites de extradición para que se enfrenten a la justicia en México”, agregó Beltrán en la entrevista radiofónica, agregando que también buscarán recuperar los recursos que Duarte se llevó de Veracruz.

En ese sentido, la PGR ya devolvió a las arcas del estado de Veracruz más de 420 millones de pesos (22.7 millones de dólares), mientras que también ha asegurado diversos inmuebles en México y el extranjero del exmandatario estatal a fin de poder resarcir a la entidad parte del desfalco de cerca de 55 mil millones de pesos (tres mil millones de dólares) que supuestamente realizó Duarte mientras gobernó Veracruz desde finales de 2010 a octubre de 2016.

En cuanto a si la esposa de Duarte participó en los actos ilícitos de su marido, como han reportado algunos medios, y si será detenida, el subprocurador dijo a la estación de radio que por el momento ella no tiene una orden de arresto en su contra ni se han identificado recursos de procedencia ilícita en sus bienes y cuentas bancarias, aunque no descarta que esto pudiera ocurrir más tarde.

“Estamos agotando todas las líneas de investigación hasta el momento no se han identificado que ella tenga recursos federales provenientes del estado de Veracruz en sus cuentas o en su patrimonio o en sus activos”, dijo Beltrán.

 


Fecha de publicación: 17/04/2017

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