Empresas, sindicatos contra gobierno Zacatecas por impuesto ecológico

8 de mar. (Sentido Común) -- Las empresas que operan en el estado de Zacatecas iniciaron el año con la imposición de nuevas cargas fiscales por parte de la administración local, lo que desde su punto de vista responde a la necesidad de obtener recursos para hacer frente a la difícil situación financiera que atraviesa la entidad.

     Desde los primeros días de su administración el gobernador de la entidad, el priísta Alejandro Tello, promovió un paquete de impuestos de responsabilidad ambiental o “ecológicos”, que entraron en vigor el 1 de enero, no sin el rechazo de las empresas, especialmente las del sector minero.

     El paquete de impuestos “ecológicos” contemplan la aplicación de cuotas de 250 pesos por cada tonelada de dióxido de carbono, o su equivalente en otros gases como metano y óxido nitroso, que sean emitidas por las compañías en la entidad; así como por cada tonelada de residuos almacenados o depositados en vertederos públicos o privados.

     También prevé cuotas variables por la extracción de materiales, entre ellos agregados pétreos, arcilla, arena, caliza, cantera, grava, rocas, piedras, y por la contaminación de suelo, subsuelo y agua.

     La aplicación del impuesto “es un acto de justicia social y reciprocidad con Zacatecas”, dijo el mandatario estatal en un video difundido en redes sociales en días pasados. “De ninguna manera es una decisión deliberada contra las empresas ni tampoco un capricho personal”.

     Los recursos que se podrían obtener vía este impuesto, estimados en mil millones de pesos (50.9 millones de dólares) estarían etiquetados para obras de infraestructura en salud, vivienda, atención de contingencias ambientales y desastres naturales, entre otros, sostiene la administración local.

     Claro que para quienes se pueden ver afectados por este impuesto las cosas se ven de otro modo, como la industria minera, que aportaría aproximadamente 97% del impuesto.

     “El impuesto ‘ecológico’ tiene como fin compensar el déficit presupuestal de tres mil 500 millones de pesos (178 millones de dólares) y una deuda que asciende a más de siete mil 340 millones (373 millones) heredada por la administración de Miguel Alonso Reyes --predecesor de Tello--”, dijo la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México en un comunicado.

     La organización y el Sindicato Nacional Minero Metalúrgico FRENTE, que agrupa a gran parte de los trabajadores del sector en el estado, interpusieron por separado amparos y solicitaron la suspensión definitiva del impuesto. En ambos casos, este último punto les fue negado.

     Las empresas del sector también han rechazado las medidas.

     El caso más visible es el de Minera Fresnillo, una subsidiaria de Industrias Peñoles, el principal productor de plata en el mundo, que en un mensaje emitido a principios de enero en la bolsa de Londres, donde cotiza, dijo que se encontraba analizando el impuesto y sus implicaciones para la operación de la empresa.

     “Hasta la fecha, como resultado de esta revisión, la compañía considera que existen sólidos fundamentos para impugnar legalmente, a nivel federal, la imposición de los impuestos ambientales contenidos en la nueva ley del impuesto en Zacatecas”, agregó en aquella ocasión.

     De hecho, la compañía promovió, mediante sus empresas Minera Saucito, Madero, Juanicipio, Exploraciones Mineras La Parreña y otras, un amparo a mediados de febrero, y a diferencia de lo sucedido con el sindicato y la asociación de Ingenieros en Minas, obtuvo la suspensión provisional del impuesto.

     Fresnillo ha dicho que en caso de que las acciones legales no sean exitosas y se vea obligada a cumplir con el pago del impuesto, tendría un impacto de entre cuatro y siete millones de dólares en el año fiscal 2017.

     El conflicto escaló al ámbito federal a mediados de febrero, cuando la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República interpuso una controversia inconstitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o SCJN.

     El ejecutivo considera que el gobierno estatal tomó atribuciones exclusivas de la federación.

     La controversia fue aceptada a trámite y turnada a la ministra Norma Lucía Piña Hernández, integrante de la primera sala del máximo tribunal de justicia del país, que deberá elaborar un proyecto de resolución para que sea votado por el pleno, proceso que tardará varios meses.