México, EUA inician reunión con nueva polémica por deportaciones

22 de feb. (Sentido Común) -- Rex Tillerson y John F. Kelly, los secretarios de Estado y Seguridad Nacional de Estados Unidos, respectivamente, llegaron a México en medio de una nueva polémica generada por las nuevas y más severas reglas que aplicara Department of Homeland Security (DHS) para combatir la migracción ilegal hacia ese país.     

     El organismo responsable de cuidar la seguridad nacional en el vecino del norte y que encabeza el general Kelly determinó aplicar a partir de hoy nuevos lineamientos que permiten, entre otras cosas, que todos aquellos migrantes sospechosos de haber ingresado a Estados Unidos vía México sean deportados hacia el sur, sin importar su nacionalidad.     

     Las normas que recién implementó DHS incluyen “nuevas políticas diseñadas para frenar la migración ilegal y facilitar la detección, aprehensión, detención y remoción de extranjeros que tienen una base legal para entrar o permanecer en Estados Unidos” dice el documento publicado por ese organismo. 

      Así, miles de ilegales que provienen de Centroamérica, o incluso Sudamérica, podrían encontrarse en un dilema debido a que el gobierno encabezado por Trump dejaría de pagar los costos para repatriarlos a sus lugares de origen y dejaría esa carga en México, quien tampoco es claro qué podría hacer con estas personas.   

     “Se me confiere la autoridad de aplicar las disposiciones para la expulsión acelerada a los extranjeros que no han sido admitidos, que están bajo libertad condicional o que son inadmisibles por ley en Estados Unidos y que no han demostrado afirmativamente, a satisfacción de un oficial de migración” su permanencia, dijo Kelly en el memorándum donde ordena que se apliquen estas nuevas reglas.

     Esta normativa aplicará sobre todo a quienes “han estado físicamente presentes continuamente en los Estados Unidos en los dos años previos  a la determinación de inadmisibilidad”.

     Obviamente, la disposición de la administración de Trump fue de inmediato rechazada por el secretario de Relaciones Exgeriores, Luis Videgaray, quien en un evento dijo que México no acepta lo que plantea hacer Estados Unidos con sus residentes ilegales.

     "Quiero dejarlo enfáticamente claro que ni el gobierno de México ni el pueblo de México tienen alguna razón para aceptar tales resoluciones que se imponen de manera unilateral por un gobierno sobre otro", dijo el canciller mexicano previo a su encuentro con Tillerson y Kelly. "No lo aceptaremos porque no tenemos porque".

     Las palabras ejemplifican la forma crispida con la que iniciaran los encuentros y que subrayan lo tenso que ha sido la relación de ambos gobiernos desde la elección del empresario convertido en político Donald J. Trump como presidente de Estados Unidos.

     Trump, de filiación republicana, ha causado grandes conflictos en México por su posturas en varios temas, como su plan de construir un muro en la frontera con México, porque considera que muchos criminales y drogas llegan por esa vía a su país. Incluso ha dicho públicamente que buscará que esta obra sea pagada por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

     Aunque ambos mandatarios han destacado en el pasado la cordialidad de su relación, es un hecho que el tema del muro y las acciones que Trump busca tomar en contra de México han generado tensiones entre ambos países.

    De ahí que la visita de Tillerson y Kelly es relevante, incluso si se considera que esa medida será difícilmente revertida.

     Al respecto, Gerónimo Gutiérrez, quien será en breve el futuro embajador mexicano en el país vecino del norte, dijo que “es mucho más honroso que se den a conocer las disposiciones antes de una reunión y [el gobierno] pueda posicionarse, no después” porque pueden discutirse.

     Sin embargo, hay quienes piensan que el anuncio de políticas más severas en términos migratorios no sólo es una señal negativa sino que alienta la impresión que el gobierno de Trump decide cuándo hacer grandes anuncios para presionar a México.

     “Es la misma postura que ha adoptado la gente de Trump con México, en la víspera de un encuentro, sueltan el descontón nada más para que los mexicanos sepan de qué se trata”, dijo el excanciller Jorge Castañeda, en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva en las estaciones de Radio Fórmula. “Y como ya saben que los mexicanos no reaccionan, dicen nada, no hacen nada, ya están acostumbrados a proceder de esa manera”.

     Ambos países tuvieron fricciones cuando Trump firmó una orden para construir el muro en la frontera de ambos países justo cuando Luis Videgaray e Ildefonso Guajardo, los secretarios de Relaciones Exteriores y Economía, respectivamente, estaban de visita en la capital estadounidense.

     La polémica incluso ocasionó que Peña Nieto cancelara una visita que tenía programada a la Casa Blanca por las diferencias que existen entre ambos gobiernos no sólo por la edificación del muro sino por quién debe pagarlo.

     El refuerzo en la seguridad de la frontera entre México y Estados Unidos incluye la contratación de cinco mil nuevos oficiales para la Border Patrol y de 10 mil oficiales para la oficina U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), quienes detienen y hacen las revisiones en los puertos de entrada en Estados Unidos, respectivamente.

     Sobre este tema, Sean Spicer, el vocero de la Casa Blanca, dijo que la visita de Tillerson y Kelly a México es un símbolo de la relación significativa entre ambos países y no una visita par a arreglar diferencias.

      “Los secretarios tendrán una conversación sobre la aplicación de esa normativa”, dijo Spicer ante reporteros en su conferencia de prensa diaria. No es un giro en las políticas migratorias de Estados Unidos, sino un ajuste “para mantener la seguridad en el país”.

     Ahora, tal parece que el único camino que queda para frenar esta decisión de Estados Unidos es luchar contra ellas en las cortes de ese país, algo que ya funcionó en el caso de la prohibición que el político republicano de 70 años quiso implementar a la llegada de viajeros de siete países de poblaciones mayoritariamente musulmanas.

     Si bien la medida no debe ser ratificada por el Congreso, sí puede ser revocada por orden judicial.

      Al respecto, la organización encargada de la defensa de migrantes American Civil Liberties Union, o ACLU, dijo en un comunicado que planea empezar las movilizaciones para que un juez revoque esta orden.

    “La presidencia de Trump no tiene la última palabra aquí, las cortes y el público no permitirán que este sueño anti estadounidense se haga realidad”, escribió Omar Jadwat, director del proyecto de derechos del migrante de ACLU. “Estos memos confirman que la administración de Trump es capaz de atropellar el debido proceso, la decencia humana, el bienestar de las comunidades e, incluso, la protección de menores, persiguiendo una política hiper agresiva de deportación masiva”.

     ACLU fue la organización responsable de echar para atrás el veto de Trump a los viajeros de naciones musulmanas.