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15 de feb. (Sentido Común) -- La Comisión Federal de Competencia Económica solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) iniciar una investigación en contra de varias personas físicas por su probable participación en delitos contra la economía pública, luego de encontrar elementos que sugieren colusión en licitaciones federales del sector salud.
La autoridad investigadora de Cofece, como también se le conoce al organismo que regula el correcto funcionamiento de los mercados en el país, encontró evidencia que algunos oferentes, que participaron en concursos de distintas entidades públicas del sector salud, se coludieron para recibir contratos para proveer bienes y servicios.
“Las instituciones públicas de salud gastaron aproximadamente mil 233 millones de pesos en la adquisición de los productos materia de esta investigación” entre los años 2009 y 2015, dijo Carlos Mena, el titular de la autoridad investigadora, en una conferencia de prensa. Las evidencias dicen que las instituciones “pagaron un sobreprecio de hasta 52% en los insumos adquiridos, lo que causó un daño de por lo menos 381 millones de pesos”.
Así, la Comisión realizará un proceso administrativo en forma de juicio en el que los acusados podrán presentar pruebas y defenderse ante el pleno, que al final decidirá si las personas y empresas cometieron las conductas ilícitas.
El regulador antimonopolio dijo que las prácticas monopólicas absolutas son las más nocivas para el mercado, de ahí que buscará que se castiguen de manera severa con multas a los agentes económicos, así como la inhabilitación para ejercer cargos en el caso de personas físicas y sanciones penales con prisión de entre cinco y 10 años, además de multas.
Cofece no ofreció los nombres de los involucrados en el caso ni el tipo de bienes o servicios que ofrecieron y por los cuales el gobierno federal pagó presuntamente un sobreprecio.
Además, el proceso que llevará a cabo Cofece es paralelo al que abrirá PGR y podrían resultar en distintos fallos.
“Por su alto impacto negativo, las prácticas monopólicas absolutas son consideradas las más nocivas para la competencia”, agregó Mena. “De ahí que para los individuos que participan en este tipo de conductas se hayan establecido como delitos contra la economía pública en el código penal federal”.
Este anuncio es distinto al que Cofece hizo en octubre pasado, cuando reveló que llevaría a cabo una investigación en toda la cadena de producción de la industria farmacéutica.
En esa ocasión, Cofece incluyó además la primera denuncia ante PGR por el aparente engaño que realizó el fondo de inversión holandés Moench Coöperatief, vinculado a la distribuidora de medicamentos Nadro, cuando adquirió a la empresa Grupo Comercial e Industrial Marzam.
Nadro y Marzam son competidores en el mercado de distribución de medicamentos en México y cuentan con más de la mitad de participación de esa industria.
De acuerdo con la investigación periodística conocida como Panama Papers, elaborada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y difundida en México por el portal Aristegui Noticias, Marina Matarazzo, quien es esposa de Pablo Escandón, el dueño y presidente de Nadro, financió la compra de Marzam a través de estructuras offshore.
Sin embargo, esa denuncia, al igual que la investigación de la industria farmacéutica, es independiente del caso que Cofece presentó hoy a PGR, donde por primera ocasión solicita una investigación penal por la presunta comisión de prácticas anticompetitivas.
“Este es el primer caso donde se solicita el ejercicio de la acción penal para sancionar penalmente el haber participado, coadyuvado o inducido prácticas monopólicas absolutas”, concluyó Mena Labarthe. Cofece ha solicitado la acción de PGR en otros casos “por ejemplo, por [proveer] información falsa”.
Fecha de publicación: 15/02/2017
Etiquetas: Cofece sector salud colusión licitación pública México PGR monopolios